El número creciente de familias separadas en la frontera con México, agravado por los 1,500 niños que no han podido ser localizados, ha generado un profundo malestar en la comunidad inmigrante de EEUU, que organizará movilizaciones en todo el país para exigir el fin de estas prácticas.

Esta organización sin ánimo de lucro, junto a varias asociaciones en favor de los derechos de los inmigrantes, se manifestarán el próximo viernes en diferentes puntos del país para reclamar al Gobierno que cancele "de forma inmediata" esta medida, que consideran "atroz".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, reafirmó a principios de mes la nueva política que permite separar a los niños y padres que llegan ilegalmente a la frontera.

"Nuestro tiempo es ahora, las políticas de inmigración sobre la separación a propósito de niños son devastadoras, no podemos permitirlo, va contra los derechos humanos", dijo hoy en una conferencia de prensa la directora ejecutiva de MomRising, Kristin Rowe-Finkbeiner.

Una iniciativa que, según Nielsen, es una consecuencia directa de la política conocida como "atrapar y liberar" impuesta por los demócratas en la pasada administración, y que para el actual Gobierno es una decisión "muy dura" que debe afrontar por ello.

De acuerdo con el diario The New York Times, que citó fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), el Gobierno ha perdido el rastro de 1.475 menores que habían sido separados de sus familias en la frontera y entregados a familias de acogida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Algunos miembros de la Casa Blanca niegan que los menores estén "desaparecidos" y aseguran que, aunque no se ha podido contactar con ellos, "no existe ningún motivo para pensar que les ha pasado algo".

Sin embargo, en la jornada de hoy, Martiza, inmigrante procedente de El Salvador y madre de cuatro hijas, denunció que desde hace más de un mes, cuando cruzaron la frontera, desconoce el paradero y el estado de salud de la mayor de ellas.

La mujer explicó que al llegar a la frontera son tratados como "animales" y les separan de sus hijos, especialmente si estos han cumplido ya los 18 años.

"Todos somos padres, madres, que tratamos de proteger a nuestros hijos y eso es lo que buscamos, que vivan en paz, donde no haya más violencia, eso es lo que venimos a buscar y lo que no encontramos", manifestó Maritza entre sollozos.

Por ello, activistas como el reverendo William J. Barber II, instan a los legisladores a "dejar las palabras y pasar a la acción" para combatir el racismo en la sociedad ya que, para él, esta es la principal motivación de la medida.

En esta línea, la directora de la Alianza Nacional de Trabajadores y cofundadora de la campaña "We Belong Together", Ai-jen Poo, consideró que las decisiones migratorias están provocando "una verdadera crisis moral" en el país.

Poo advirtió que la situación para los migrantes en la frontera es cada vez más difícil, no solo por la separación de las familias, sino también por sucesos como la muerte de la joven guatemalteca Claudia Patricia Gómez Gonzáles, que murió la semana pasada en el área fronteriza debido a los disparos de un agente fronterizo.

El movimiento "Acción Nacional para las Familias Unidas" tiene previsto realizar varias acciones entre el 31 de mayo y el 1 de junio, en ciudades como Nueva York, Washington DC, Miami o San Antonio, en las que mostrarán su disconformidad contra "los abusos hacia las familias inmigrantes".

Beth Page, Long Island.-Donald Trump Trump dece que: los pandilleros “no son personas Estos son animales y tenemos que ser muy, muy duros” defendió su descripción de los miembros de la pandilla MS-13 como “animales”.

Donald Trump defendió su descripción de los miembros de la pandilla MS-13 como “animales”, y anunció que su gobierno trabaja en un plan para deducir la ayuda a los gobiernos que “no están ayudando mucho” a detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y que no quieren recibir a los deportados.

En una Mesa Redonda sobre Inmigración en Beth Page, Long Island, Trump afirmó que cada vez que alguien intente ingresar a EE.UU. ilegalmente desde uno de los países que recibe ayuda, “vamos a deducir una cantidad bastante grande” de dinero.

“Estamos revisando toda nuestra estructura de ayuda”, señaló Trump, que ha acusado anteriormente a países como México de no hacer lo suficiente para ayudar a EE. UU. a evitar el cruce de indocumentados en la frontera común.

El mandatario estadounidense inició el encuentro con funcionarios locales y federales, así como legisladores y padres de niños asesinados por la pandilla MS-13, criticando la “amenaza” del grupo al que culpó de haber convertido vecindarios anteriormente pacíficos en “campos de muerte manchados de sangre”.

Trump reiteró que los pandilleros “no son personas. Estos son animales y tenemos que ser muy, muy duros” puntualizó.

El jefe de estado, que describió crímenes horribles atribuidos a la pandilla MS-13 y se comprometió a lidiar con el problema, dijo que su descripción de los miembros de la violenta pandilla, a los que llamó “animales”, la semana pasada, fue rechazada por los demócratas.

Trump afirmó que los demócratas dijeron que los pandilleros son personas, y mencionó específicamente a la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha comentado ampliamente sobre la retórica y las políticas de Trump sobre los inmigrantes.

Entre los funcionarios que participaron en la Mesa Redonda estuvieron el director de ICE, la autoridad de inmigración y aduanas, la secretaria de seguridad nacional y el vicefiscal general de la nación.

Grupos defensores de los inmigrantes argumentan que Trump está usando el tema de las pandillas en Long Island para calificar a todos los inmigrantes por igual. Activistas habían pedido a la policía y funcionarios locales electos no asistir.

Han habido 27 asesinatos en todo Estados Unidos vinculados a la pandilla centroamericana.

Trump visitó Long Island en julio del año pasado para desacreditar lo que llamó “campos de muerte manchados de sangre” dirigidos por inmigrantes ilegales y prometió desmantelar y erradicar las pandillas, lo que generó el elogio de las autoridades policiales.

En 2017, las autoridades federales arrestaron a 796 miembros de la pandilla MS-13 en todo el país, y varias ciudades se han unido a la demanda de la administración Trump contra las llamadas “ciudades santuarios” que brindan protección a inmigrantes indocumentados.

En enero, el presidente Trump invitó a su discurso sobre el estado de la unión, a los padres de adolescentes asesinados en Brentwood, Nisa Mickens y Kayla Cuevas.

La visita de Trump a Long Island, Nueva York, tiene lugar después de que su comentario de que los inmigrantes pertenecientes a la MS-13 con “animales” durante un panel en California, generara amplia crítica.

Dominicanos legales,permanentes o temporales, serían deportados desde los Estados Unidos que reciban ayudas del gobierno de Donald Trump
inmigrantes dominicanos que son residentes legales, permanentes o temporales, serían deportados desde los Estados Unidos, por el hecho de recibir ayudas sociales, viviendas y seguros de salud con fondos del Gobierno federal, si se aprueba un proyecto de ley sometido por el presidente Donald Trump al congreso y cuyo texto está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Dada la amplia desventaja de los republicanos en las encuestas para las elecciones de medio término en noviembre, es improbable que la propuesta ni siquiera sea tomada en cuenta, pero el Gobierno trata con gran agresividad de imponerla entre sus legisladores.

El periódico The Washington Post, dijo que la Casa Blanca busca reclasificar una gran cantidad de inmigrantes legales que reciben beneficios sociales que incluyen cupones de alimentos y salubridad, los que serían deportados y a otros, se les negarían sus peticiones para residenciarse, lo que los ubicaría en deportables automáticamente.

El proyecto, cambiaría radicalmente la definición y categorías de los inmigrantes radicados en Estados Unidos.

Los defensores sostienen que el Gobierno no tiene autoridad para hacerlo y de someterse la modificación y aprobarse legislativamente, sería recusada en cortes federales para enfrentarla legalmente.

Miles de dominicanos se benefician por décadas de esos beneficios y una gran parte de ellos, se nutren de las ayudas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal, incluyendo el seguro de salud conocido como Medicaid, subsidios para apartamentos y otros como becas para sus hijos residentes que estudiantes en colegios comunitarios y universidades.

Los más perjudicados serían los hijos pequeños de los inmigrantes, debido a que son los principales beneficiarios, incluso con créditos por los impuestos que pagan sus padres.

Especialistas en materia migratoria explicaron que esos beneficios son pagados por los propios beneficiarios en base a los impuestos con los que cumplen religiosamente, cada año, lo que nunca hecho Trump.

La información se divulga a horas de que Trump les diera un plazo hasta enero de 2020 a 85 mil hondureños, que gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS), a los que advirtió que deben prepararse para abandonar los Estados Unidos.

Lo propio, ya lo hijo con haitianos, salvadoreños y guatemaltecos, beneficiados con la misma protección.

El tórrido golpeo de Trump a los inmigrantes, incluye deshacer amparos que están vigentes por décadas, como el asilo político, inocentes acusados que nunca han sido condenados y otros con protecciones.

De pasar la propuesta, residentes permanentes y temporales y sus hijos, serían víctima de persecusion

Alrededor de 200 migrantes centroamericanos de una caravana que enfureció al presidente Donald Trump llegaron el martes a la frontera entre Estados Unidos y México, donde muchos planean buscar asilo en Estados Unidos, según los organizadores.

La cobertura mediática de la caravana con destino a Estados Unidos desencadenó una oleada de tuits furiosos por parte de Trump, quien ordenó a miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México y llamó a México a detener a los migrantes.

Cuando el tema estalló en una disputa diplomática, los organizadores de la caravana la disolvieron.

Pero alrededor de 600 inmigrantes aún viajan más o menos juntos en trenes y autobuses. Los primeros dos autobuses serán seguidos por otros tres, dijo el organizador Irineo Mujica del grupo de derechos de migrantes People Without Borders.

"La mitad de ellos (los 600 restantes) planean quedarse en México. Los estamos ayudando a solicitar el estatus de refugiados aquí", dijo a la AFP por teléfono desde Hermosillo, a unos 270 kilómetros (165 millas) de la frontera, a donde acompañaba. migrantes restantes.

Alrededor de 200 migrantes buscarán asilo en los Estados Unidos, huyendo de la brutal violencia de pandillas o la persecución política en sus países de origen, dijo. A un puñado de ellos ya se les ha concedido asilo en Estados Unidos, dijo Mujica a la AFP.

Otros pueden intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

"Es difícil de decir, no te lo dicen (planean escabullirse de la frontera). Algunos lo harán, pero probablemente no ahora. Hay mucha presión debido a las tropas que Trump envió a la frontera", señaló.

La caravana es un evento anual que se celebra desde 2010 alrededor de la temporada de Pascua. Los activistas dicen que su objetivo principal es crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los migrantes, no cruzar la frontera.

Los lazos entre Estados Unidos y México se han tensado desde que Trump ganó la presidencia en 2016 gracias a una campaña de retórica antimexicana y promete construir un muro en la frontera de los dos países y hacer que México pague por ello.

Un juez de Estados Unidos ordenó hoy al presidente, Donald Trump, que reactive el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como “soñadores” o “dreamers”.

El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró “inexplicada” la derogación de programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue “ilegal”.
Bates dijo que la suspensión fue “arbitraria y caprichosa” porque el Gobierno “no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal”.

No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Gobierno de Estados Unidos de justificar por qué puso fin al programa.
Si no se presentan novedades relevantes, el Gobierno “deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones” pasados los 90 días, decidió el juez.

“Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios de DACA está expuesto a una deportación por una acción ilegal”, concluyó Bates.

La suspensión de DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales a los que se enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial de DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como “soñadores”.

En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.

Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.

La operación se centró en individuos con récord criminal que entraron al país de forma ilegal, dijo ICE en un comunicado.

Del total de arrestados, el 80% son “criminales con condenas penales previas”. Unos 20 detenidos tenían una orden de deportación previa o fueron deportados, pero reingresaron al país ilegalmente.

ICE dijo que la mayoría de arrestados acumulaba delitos graves, incluyendo abuso infantil y delitos sexuales.

“El éxito de esta operación es un resultado directo del compromiso absoluto de los hombres y mujeres dedicados miembros de ICE”, dijo John Tsoukaris, director de ERO en Newark. “Continuaremos dedicando todos los esfuerzos de nuestra agencia para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

Inmigrantes de Brasil, China, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, México, Perú y Ucrania fueron arrestados durante el operativo.

Los oficiales de deportación de ERO realizaron arrestos en todo Nueva Jersey, específicamente en los condados de Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Hudson, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Somerset y Union.

Kirstjen Nielsen,La secretaria de Seguridad Nacional anunció el miércoles que está trabajando conjuntamente con los gobernadores de los estados afectados para desplegar “de inmediato” a la Guardia Nacional a la frontera entre EE.UU. y México para combatir la inmigración ilegal.

Nielsen expresó que su departamento trabajará conjuntamente con el Pentágono y las autoridades de los estados afectados para poner en marcha el plan.

También Nielsen indicó que el desplazamiento sería de manera expedita y que las tropas de la Guardia Nacional podrían dirigirse a la frontera tan pronto como el miércoles en la noche.

El presidente Donald Trump anunció su plan de movilizar a los militares a la frontera durante su reunión el martes con los líderes de los países bálticos.

La secretaria Nielsen y el mismo presidente Trump urgen al Congreso a actuar porque señalan que las leyes de inmigración necesitan cambiar.

Nielsen dijo que el sistema actual de inmigración “recompensa los malos comportamientos” y que “es tiempo de actuar”.

Se espera que el presidente Trump firme una proclamación anunciando la medida el miércoles por la tarde. Por la mañana, Trump escribió en su cuenta de Twitter que anunciaría hoy "fuertes medidas" sobre inmigración.

Según una persona familiarizada con el plan, la Guardia Nacional permanecerá en la frontera colaborando con la patrulla fronteriza hasta que se apruebe una legislación que ponga fin a los vacíos legales existentes que permiten a ciertos inmigrantes permanecer ilegalmente en el país.

ICE:La Policia de Nueva York busca a un inmigrante indocumentado que iba a ser deportado y escapó de los agentes de Inmigración que lo custodiaban en la terminal cuatro del aeropuerto JFK.

El departamento de policias de esta ciudad activa la localización de un inmigrante indocumentado que iba a ser deportado y huyó de los agentes de Inmigración que lo custodiaban en la terminal cuatro del aeropuerto JFK.

El hombre definido como muy peligro, aún no identificado se escapó cuando supuestamente le quitaron la esposa , mientras iba a pasar por las maquinas de revisión de dicha terminal, y aprovechó aparentemente un descuido de los agentes de Aduanas para huir con rumbo desconocido en un taxis Amarillo, por la puerta B.

Por el momento se sabe muy poco, si que previamente el individuo fue acusado por un cargamento de armas, de acuerdo a un diario local y sería deportado por las autoridades.

Una información policial reveló que el hombre huyó en el taxis, tal como se ve un video de seguridad, el cual es un material de investigación.

Legisladores de ambos partidos dijeron que el Congreso de Estados Unidos debe actuar para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el lunes se negó a intervenir en el caso, como quería la administración del presidente Donald Trump.

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, dijo que "está por verse" cómo se librarán las batallas en torno a la decisión del presidente Trump de dar por terminada la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, un programa lanzado durante la administración Obama que proporciona permisos temporales de trabajo y estudio a inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños

"Ciertamente, la decisión de la Corte Suprema alivia la presión de la fecha límite del 5 de marzo [del DACA]", dijo Collins. “Pero no borra la nube con la que viven los soñadores, que podrían estar en riesgo de ser deportados".

En las últimas semanas, dos jueces federales en California y Nueva York emitieron órdenes judiciales contra la finalización de DACA que Trump había planeado hacer expirar el 5 de marzo. El Congreso aún tiene que aprobar una solución permanente que resuelva el estado legal de los beneficiarios de DACA y otros jóvenes elegibles para el programa

A principios de este mes, el Senado rechazó cuatro diferentes propuestas de inmigración, que iban desde proyectos bipartidistas que otorgaban el estatus legal para los beneficiarios de DACA a cambio de mejoras limitadas a la seguridad fronteriza de EE.UU., hasta una propuesta republicana que recogía el "plan" de cuatro puntos del presidente Trump y que prácticamente equivalía a una reforma migratoria endurecida.

Fuentes cercanas al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell de Kentucky, indicaron que este no tiene prisa por relanzar el debate sobre el tema en el Senado.

"El presidente y los tribunales van a hacer lo que van a hacer", dijo un asistente de McConnell a la Voz de América. "Eso no cambia el hecho de que necesitamos 60 votos [para que un proyecto de ley avance en el Senado], que pueda ser aprobado en la Cámara, y que el presidente lo firme".

El demócrata No. 2 del Senado, Dick Durbin de Illinois, dijo que solo ve un alivio limitado en la decisión de la Corte Suprema, que opta por permitir que los desafíos a la orden de DACA de Trump se ventilen en los tribunales inferiores.

"No sé si la audiencia y el juicio en los tribunales de primera instancia se llevará a cabo tarde o temprano, si va a tomar semanas, meses o más, pero debido a la decisión del presidente Trump, hay una "incertidumbre implícita en las vidas de casi un millón de personas en este país", dijo Durbin.

Mientras tanto, los senadores de ambos partidos dijeron que no renunciarán a la legislación que otorga a los beneficiarios de DACA un lugar permanente en los Estados Unidos.

"Personalmente, me gustaría ver cierta certeza, y eso se lograría a través de la legislación", dijo Collins, quien ayudó a elaborar una de las propuestas bipartidistas derrotadas en el Senado.

"Necesitamos previsibilidad, y necesitamos certeza [para los dreamers]", dijo el demócrata por Maryland, Chris Van Hollen. "Y eso significa que el Congreso debe actuar".

WASHINGTON - La cancillería de El Salvador reiteró esta semana la solicitud para que Estados Unidos extienda prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 190 mil salvadoreños y que vence el próximo 8 de marzo de 2018.

“Hemos completado algunas de las últimas gestiones y llamadas, y el presidente Sánchez Cerén sostuvo una conversación bastante prolongada con la secretaria Nielsen para reiterar la solicitud de prórroga y para plantearle los elementos de los aportes de los compatriotas amparados con TPS”, afirmó el canciller de El Salvador Hugo Martínez.

Cientos de miles de salvadoreños que viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos desde hace casi dos décadas sabrán el 8 de enero si el gobierno de los Estados Unidos les permitirá permanecer en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), o enfrentar una posible deportación.

Los funcionarios federales otorgan el TPS a ciudadanos de ciertos países en casos de dificultades extremas generalmente desastres naturales o guerras que dificultan el regreso seguro de los inmigrantes de esas naciones. Como parte del proceso, el gobierno de EE.UU. revisa cómo está cambiando la situación y si ha mejorado lo suficiente como para levantar la protección del TPS. En otras palabras: ¿El país de origen se ha recuperado lo suficiente como para que sus ciudadanos en EE.UU. puedan regresar?

Y no hay un grupo más grande entre los países amparados actualmente por el TPS que El Salvador, con casi 200,000 beneficiarios y sus hijos.

También se encuentra entre los más longevos en la lista de países de TPS, habiendo recibido el estado especial en 2001 después de dos terremotos mortales.​

Reevaluaciones regulares

Estados Unidos tiene que justificar por qué el TPS se extiende cada vez. En una explicación del 8 de julio de 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (la oficina del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa esa política) dijo que "sigue habiendo una interrupción sustancial pero temporal de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001".

Eso hace que el país centroamericano "no pueda, temporalmente, manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales", según la nota del Registro Federal.

El gobierno de EE.UU. citó una recuperación lenta, debido en parte a los desastres naturales adicionales durante los 17 años desde la designación original y los efectos nocivos sobre la economía del país, una escasez de viviendas resultante que nunca se ha rectificado; la tasa de delitos violentos de El Salvador también está relacionada en parte con esas luchas económicas, según el USCIS. (La agencia citó un incidente de extorsión en marzo de 2016 en el cual las pandillas causaron una escasez de agua embotellada).

El caso de TPS de El Salvador es único por su gran volumen: 195,000 beneficiarios, que son padres de 192,700 niños ciudadanos de EE.UU. Como el TPS no confiere ningún camino a la ciudadanía, pero permite que las personas vivan y trabajen en EE.UU., legalmente, los casos a más largo plazo han creado una generación de familias de estatus mixto que ahora enfrentan un futuro incierto.

Los salvadoreños bajo el TPS también son parte de la economía de EE.UU. Como vicepresidente de desarrollo comercial de Shapiro & Duncan Mechanical Contractors en Rockville, Maryland, Mark Drury ha empleado a trabajadores salvadoreños en una variedad de puestos, "desde el nivel de gestión a nivel de campo".

Drury ya no puede obtener los trabajadores que necesita. "En este momento, podríamos contratar a 40 personas y no es suficiente para las necesidades que tenemos", dice. "Tenemos que rechazar trabajo todos los días porque no hay suficientes personas en la industria de la construcción. Sacar a más personas no es una buena solución ".

La decisión de terminar el TPS

Las administraciones republicanas y demócratas han implementado y terminado el TPS para algunos países. En los últimos meses de mandato del presidente Barack Obama, el gobierno determinó que varios países de África occidental que se incluyeron en la lista durante el brote de ébola se habían recuperado lo suficiente de la pandemia. Como resultado, miles de ciudadanos de Sierra Leona, Guinea y Liberia perdieron su protección contra la deportación en mayo de 2017.

En otro caso, la administración del presidente George W. Bush puso fin al TPS para la isla caribeña de Montserrat en 2005. Después de ocho años, el gobierno determinó que dado que las erupciones volcánicas que desencadenaron el estatus habían estado ocurriendo durante 20 años, y era probable que continuaran por décadas, el problema "ya no podía considerarse temporal", concluyeron.

La administración de Trump, sin embargo, ha adoptado una postura más dura sobre los asuntos relacionados con la inmigración, incluidas las políticas humanitarias como el TPS. Suspendió el programa para nicaragüenses, haitianos y sudaneses y pospuso una decisión sobre los hondureños hasta mayo. El DHS también tendrá que decidir a fines de enero sobre Siria y, más adelante, este año sobre Nepal, Yemen, Somalia y en 2019, sobre Sudán del Sur después de extender los beneficios de TPS para ese país el año pasado.

En los tres casos que ya decidió terminar, la administración de Trump ha dado a los afectados por lo menos 12 meses para que hagan arreglos. Para algunos, eso implicará tratar de obtener el estatus migratorio a través de otra vía; para otros, significará planificar un regreso a un país donde no han vivido durante años.

El caso de El Salvador

Poner fin o reducir drásticamente el TPS ha sido por largo tiempo un objetivo de los grupos que piden la reducción de extranjeros que vienen a EE.UU. Defensores de los beneficiarios de TPS dicen que los salvadoreños, por mucho el grupo más grande amparados por el programa, están tan integrados social y económicamente en los EE.UU. que poner en peligro su capacidad económica en este país, no tiene sentido.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., que apoya activamente a las comunidades de inmigrantes y refugiados, envió un equipo de personal de clero y política a El Salvador y Honduras en agosto para evaluar las condiciones para ambos países receptores del TPS.

"Aunque tanto El Salvador como Honduras han demostrado mejoras en sus esfuerzos de seguridad y protección gubernamental", la delegación señaló en un informe publicado en octubre, que "ninguna nación tiene la capacidad en este momento de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales si el TPS es no renovado".

El jueves, casi 400 líderes religiosos urgieron en una carta a la secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a extender el TPS a El Salvador por al menos otros 18 meses "ya que actualmente no cuenta con la infraestructura o las instituciones para manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos".

"Terminar el TPS para El Salvador separaría a las familias, tendría un impacto negativo en la seguridad regional y tendría consecuencias económicas y humanitarias negativas en El Salvador y Estados Unidos. Como personas de fe, imploramos que piensen en el imperativo moral de amar a nuestro prójimo, darle la bienvenida al extranjero y cuidar de los más vulnerables entre nosotros ".​


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Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países

Durante un operativo de seis días de duración, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), arrestó a 55 extranjeros por diversos delitos en diferentes condados en el estado de Nueva York.

Las autoridades de inmigración destacaron que 42 de los 55 detenidos habían sido tomados en custodia por las autoridades locales y que posteriormente fueron identificados por inmigración, pero fueron liberados por sin considerar sus órdenes de detención y ni siquiera notificarles.

Diez de los arrestados eran fugitivos de inmigración o fueron deportados previamente de Estados Unidos.

Algunos de los individuos arrestados durante este operativo de ICE enfrentarán cargos federales por haber reingresado al país después de una deportación, un delito grave que se castiga hasta con 20 años de prisión.

Aquellos que no hayan sido enjuiciados penalmente serán procesados para su expulsión del país. Las personas que tienen órdenes pendientes de deportación o que han regresado al país después de haber sido deportados están sujetos a ser deportados inmediatamente del país.

"Los oficiales de deportación (ERO) están comprometidos a hacer cumplir las leyes de inmigración establecidas por nuestros legisladores", dijo Thomas Decker, director de la oficina de campo de ERO Nueva York.

"Cuarenta y dos de los 55 arrestados durante esta operación fueron liberados de la custodia de las autoridades en Nueva York con una orden activa de detención, lo que representa un mayor riesgo para los oficiales y la comunidad. Es importante que los residentes de la ciudad sepan que aunque la ciudad de Nueva York libera reclusos con orden de detención activa de ICE en su comunidad, ICE será diligente en su responsabilidad de encontrar a aquellos que vienen a Estados Unidos para atacar nuestras comunidades y finalmente ellos serán expulsados del país”, explicó Decker.

Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países que incluyen México, Jamaica, Ecuador, Honduras, Colombia, República Dominicana, Nigeria, Polonia, Egipto, entre otros.

Nueva York,Nueva York.-Jeff Sessions,El fiscal general afirmó hoy que se utilizarán “todas las herramientas disponibles” para hacer frente al terrorismo y aseguró que se están investigando a “centenares de personas” que llegaron al país como refugiados.

“Nuestro objetivo no es sólo detener a los terroristas, sino evitar que nos ataquen”, afirmó Sessions al participar en un acto oficial en Nueva York para explicar las medidas oficiales contra el terrorismo.

La intervención de Sessions se produjo dos días después de que un inmigrante uzbeko perpetrara un atentado inspirado en el terrorismo islámico que mató a ocho personas, cinco de ellos argentinos, al atropellarlos deliberadamente con una camioneta en Manhattan.

En un mensaje para explicar medidas para garantizar la seguridad interna, Sessions, también titular del Departamento de Justicia, respaldó las medidas migratorias que ha venido impulsando el presidente Donald Trump.

“El presidente está determinado a evitar que los terroristas y sus simpatizantes se infiltren en nuestro país”, agregó Sessions, que recordó que desde los atentados del 11S la mayoría de los condenados por terrorismo han nacido fuera del país.

También señaló que el Departamento de Justicia está investigando por sospechas de terrorismo a “centenares de personas que llegaron aquí como refugiados”, una labor que exige “enormes recursos”.

Sessions defendió la disposición anunciada el martes por Trump para suspender el programa de “lotería de visados para la diversidad”, que por ejemplo permitió que llegara al país el uzbeco que atentó en Nueva York, Sayfullo Saipov.

Trump, según Sessions, busca un sistema migratorio que permita entrar al país a personas por sus méritos, parecido al que tienen Canadá y Australia.

“Esta es la mejor forma de garantizar que el sistema de inmigración en Estados Unidos está beneficiando a Estados Unidos”, afirmó el fiscal general.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tiene planes para aumentar “significativamente” sus operativos e investigaciones contra los indocumentados
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Habrá más redadas en centros de trabajo, cortes y escuelas
Así lo promete el director del ICE, quien anuncia operaciones "en forma distinta".

Thomas Homan, director interino del ICE, informó durante un discurso que su agencia potenciará “su aplicación de la ley en lugares de trabajo”, por medio de arrestos a migrantes y medidas contra los empleadores que los contraten.

Padre e hijo con cáncer piden asilo político
“He revisado recientemente cuánto tiempo dedican los investigadores de seguridad nacional a la aplicación de la ley en lugares de trabajo, y ya he dado instrucciones de que quiero multiplicar ese tiempo por 4 o 5” aseveró Homan.

Indicó que “este año ya hemos incrementado el número de inspecciones y operaciones en lugares de trabajo, pero van a ver cómo eso aumenta significativamente este próximo año fiscal”.

Aseguró que las operaciones se realizarán de “forma distinta”, porque “no solo se procesará a los empleadores que han contratado a sabiendas, también vamos a detener y expulsar a los migrantes ilegales”.

De acuerdo con su sitio web, el protocolo de la agencia para operaciones en lugares de trabajo se concentraba e los procesos contra los empleadores, que se suele iniciar “antes de arrestar a empleados por violaciones civiles relacionadas con la inmigración”.

ICE arresta a uno de los 10 indocumentados más buscados
El titular confirmó que los agentes del ICE seguirán realizando operativos contra indocumentados en las inmediaciones de escuelas o en juzgados, pero no lo harán propiamente en los planteles ni en hospitales o iglesias, a menos que sea un casi excepcional, en los que haya una razón relacionada con la “seguridad nacional”.

Homan advirtió que los migrantes “deberían tener miedo” de ser detenidos y deportados, igual que la gente que va a exceso de velocidad o que “mienten en su declaración de impuestos”.

“Nunca se va a resolver la crisis en la frontera” declaró el funcionario. “Este presidente y esta Administración finalmente han permitido a los funcionarios de ICE hacer lo que se supone que tienen que hacer: aplicar la ley”.

También habló de las llamadas ‘ciudades santuario’, mismas que se niegan a colaborar con las autoridades para deportar a indocumentados. “Es incorrecto, porque lo que hacen es poner en mi radar a mucha gente que no estaba en mi radar. Me están obligando a hacer más operaciones en las comunidades”.

Congresistas boicotearán a Trump si sigue planes migratorios
La administración del presidente Donald Trump ha emprendido una lucha contra las ciudades santuario, a las que señala de complicidad con el crimen y ha intentado privarlas de fondos.

El titular del ICE también aseguró que el personal en la agencia está aumentando en Centroamérica para potenciar sus operaciones contra bandan delincuenciales, como la Mara Salvatrucha (MS13).

“Vamos a detenerlos en El Salvador, en México, porque una vez que estén aquí y se acojan a la cláusula de ‘miedo creíble’ (de amenazas en sus países de origen), se quedan aquí un buen tiempo hasta que podemos expulsarlos” detalló.

Donald Trump envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria: el muro en la frontera, expulsión de menores,contratar a más agentes y limitar las visas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

El plan de Trump, obtenido en exclusiva para un medio en español por Efe, fue enviado a última hora del domingo a los líderes demócratas y republicanos del Congreso como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800.000 jóvenes indocumentados beneficiaros del programa DACA.

Las prioridades fijadas por Trump están en línea con su política migratoria de mano dura y anticipan muchos problemas para llegar a consensos con los demócratas.

Según recoge el borrador al que tuvo acceso Efe, el Gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr “tres objetivos”: garantizar admisiones en EEUU “seguras y legales”, defender “la seguridad” del país y “proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses”.

Trump cree que “es imperativa la completa construcción del muro”, comentó a Efe bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca.

Y así figura en el plan de principios de Trump, donde el primer punto del apartado de seguridad fronteriza es “financiación y construcción completa del muro en la frontera sur”, una idea que rechaza totalmente la oposición demócrata.

En ese mismo capítulo la propuesta del presidente es asegurar el “retorno seguro y ágil” a sus países de los menores, en su mayoría centroamericanos, que entran por la frontera sur ilegalmente y solos.

“Entrar en este país ilegalmente es un crimen”, enfatizó un funcionario durante una conferencia telefónica organizada por la Casa Blanca para comentar el plan del presidente.

En cuanto al fomento de una inmigración basada en el mérito, la propuesta de Trump contempla, sin dar cifras, poner límites a los permisos de residencia o “green cards” para cónyuges e hijos menores de edad de aquellos que ya viven en EEUU, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas.

En agosto pasado, Trump ya respaldó un proyecto de ley de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EEUU a lo largo de la próxima década a través de la reducción en la concesión de permisos de residencia.

Junto con la seguridad fronteriza y el cambio en los parámetros de aceptación de inmigrantes, el plan de Trump enfatiza la necesidad de “hacer cumplir” las leyes migratorias y de reformas para la “rápida salida” del país de los que se quedan más tiempo del permitido por su visa, y poner fin al “abuso” en el sistema de concesión de asilo.

“Ahora simplemente no tenemos las herramientas” para garantizar el cumplimiento de las leyes, según detalló el alto funcionario a Efe.

Por ello, Trump pide la contratación de 10.000 agentes y 1.000 abogados más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de 300 fiscales federales y 370 jueces adicionales.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó esta semana que Trump iba a presentar en breve su plan con “principios específicos” que le “gustaría ver en una reforma migratoria responsable” redactada por el Congreso.

En la propuesta enviada hoy al Congreso no figura específicamente la búsqueda de una solución para los 800.000 jóvenes indocumentados que han evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo gracias a DACA, un programa ejecutivo al que Trump puso fin en septiembre.

No obstante, Trump ha hablado con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para reemplazar DACA, pero hasta ahora no se ha informado de ningún avance.

En un comunicado conjunto enviado tras la divulgación del plan de Trump, Schumer y Pelosi afirman que la lista de principios del mandatario “va mucho más allá de lo que es razonable” y “no representa ningún intento de compromiso”.

Los líderes demócratas aseguran estar abiertos a “medidas de seguridad fronteriza razonables” y subrayan que la construcción del muro con México quedó “explícitamente descartada de las negociaciones”.

El jefe de bancada de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., John Cornyn, de Texas. y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, integran la Comisión Judicial del Senado que realizó una audiencia sobre DACA.

Autoridades estadounidenses dicen que miles de inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños enfrentan un plazo el jueves para renovar su estatus temporal.

Está en juego su capacidad de recibir permisos de trabajo y posible alivio de deportación bajo la Acción Diferida para Llegada en la Infancia, DACA, otorgados por la medida que la administración Trump decidió en septiembre eliminar dentro de seis meses.

Hasta el 4 de octubre, casi tres cuartas partes un 72% o 112.000 de los 154.000 "dreamers" elegibles habían presentado solicitudes de renovación de sus permisos de trabajo. Los restantes 38.000 tienen hasta el jueves 5 de octubre para presentarlos.

El plazo tiene lugar un día después que más de 100 soñadores fueron al Capitolio en Washington para presionar por una legislación bipartidista para proteger a los beneficiarios de DACA.

Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, ha expresado apoyo a una ley bipartidista.

“Nunca me he sentido mejor sobre la ley Dream de lo que me siento ahora. El plazo del 5 de marzo —la fecha en que expira oficialmente el DACA—nos va a hacer actuar, el fracaso no es una opción. Nunca he visto más apoyo bipartidista para la idea que en este momento. El pueblo estadounidense los ha escuchado. Comparte sus sueños y abrumadoramente apoya sus sueños”.

María Praeli, vino a EE.UU. cuando tenía 5 años.

“Yo y la gente detrás de mí, y los casi 800.000 dreamers tenemos un futuro muy incierto. Hemos aprobado un chequeo de antecedentes, nos han tomado nuestras huellas dactilares, hemos dado todo al gobierno en nuestra misión y hemos escuchado declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que los 11 millones son ahora prioridad para deportación. Y todos detrás de mí temen no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para nuestras familias”.

El evento del miércoles en el Capitolio tuvo lugar cuando los senadores se reunieron para la primera audiencia sobre el asunto desde el anuncio del mes pasado del presidente Trump de poner fin a DACA, programa que los republicanos han censurado como una medida inconstitucional aprobada por el entonces presidente Barack Obama.

Trump dio al Congreso seis meses para presentar una solución.

La actriz Zoe Saldaña calificó de “desigual” la relación que el Gobierno de Estados Unidos mantiene con la comunidad hispana de este país es “injusta” la finalización del programa de la Acción Diferida (DACA).

En una entrevista dada a la cadena CNN, la protagonista de la franquicia “Guardians of the Galaxy” y una de las latinas más exitosas de Hollywood, se confesó “muy preocupada” de que la actual Administración en la Casa Blanca haya finalizado el programa federal DACA, que protegía de la deportación a los jóvenes indocumentados llegados a EE.UU. en la infancia.

“Estamos hablando de mandar a gente a sitios en donde en realidad nunca han estado, de casi 800.000 personas que no tienen otro lugar al que llamar hogar salvo Estados Unidos”, señaló la actriz estadounidense, de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

“No me importa lo que diga la gente, si tienen papeles o no, ellos son estadounidenses”, recalcó Saldaña, durante una entrevista en el programa Newsroom de la cadena CNN.

La intérprete, madre de tres hijos, cuestionó que el actual clima social y político en EE.UU. alienta a los hispanos a “creer que no pertenecemos y no somos lo suficientemente estadounidenses” y por ello se siente en el deber de ofrecer un ejemplo y “una suerte de acción que permita a otras voces ser oídas”.

Saldaña dio a conocer este verano que lanzará BeSe, una compañía de contenidos digitales dirigida al público latino, con énfasis en la generación millenial, y que espera cubrir la escasa presencia de los latinos en los medios de comunicación.

Donald Trump comenzó a quitar ciudadanía a personas que la han adquirido mediante el fraude, es decir, con otros nombres y haber suministrado datos falsos, entre otras cosas.

Tales fueron los casos de los naturalizados Parvez Manzoor Khan, Rashid Mahmood y Baljinder Singh, quienes fueron descubiertos a través de la “Operación Janus” y remitidos ante un juez por fraude migratorio.

Los departamentos de Justicia (DOJ) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han descubierto, por medio de revisión de huellas dactilares, más de 350 mil casos.

Se informó que hay varias situaciones que pueden llevar a una persona a perderla, inventando identidades, con documentos falsos, ocultar información, o rindir falso testimonio que descalifique a esa persona para obtener el beneficio; es decir, que haya cometido un delito.

El director de USCIS, James W. McCament, manifestó “enviamos un fuerte mensaje a aquellos individuos que cometen fraude para obtener su ciudadanía, los perseguiremos y se le retirará”.

Brooklyn,Nueva York.-Raúl Morán un ecuatoriano cada domingo desde hace seis años asiste a misa con su familia a la iglesia católica St. Michael, en Sunset Park. Atender el sermón dominical es una tradición que conserva desde la infancia; sin embargo, le preocupa la disminución de feligresía hispana en los últimos meses.

“Mucha gente se desanimó. Ya se adivinaba lo que vendría para los indocumentados desde que Trump salió victorioso. La iglesia ha hecho mucho por mantener a las familias hispanas unidas y en calma. Hay mucho miedo fomentado por la desinformación. Hay quienes piensan que los agentes de inmigración harán operativos cerca de nuestras iglesias, aunque nuestros templos son los lugares más seguros ahora mismo”, dijo el inmigrante de la Provincia de Cañar.

Morán, de 57 años y residente de Rego Park, comentó que ha notado menos parroquianos en las misas dominicales en español desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de noviembre.

El padre y abuelo lamentó que no se llenen las bancas durante las misas del domingo, aunque la iglesia de St. Michael y el Comité de Defensa de Brooklyn han realizado foros con la feligresía acerca de las políticas impulsadas por el presidente Trump.

La esposa de Morán, Lourdes Segundo, cree que la disminución de feligreses está asociada al miedo por los operativos realizados en Nueva York por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la agencia federal ha dejado en claro que se tratan de arrestos planeados y dirigidos, y no al azar.

“Sabemos de muchos inmigrantes que evitan salir. El miedo es tan grande que muchos no se atreven a venir ni siquiera a misa. Pero muchos más estamos convencidos de que las iglesias no serán violadas por los agentes de inmigración. Al menos yo creo que no se atreverán a entrar a la fuerza por los inmigrantes que buscan refugio en las iglesias”, dijo Segundo.

Entre los afiches religiosos en la iglesia de St. Michael sobresalen los textos informativos acerca de las nuevas prioridades de deportación de ICE. La iglesia ofrece a su feligresía un paquete titulado “Plan Familiar en Caso de Emergencia”, que fue publicado por el Centro de Recursos Legales al Inmigrante.

“Entendemos que vivimos una época de tensión extrema. Nuestra oficina cree que lo más importante que usted puede hacer es mantenerse informado y preparado para lo que pueda suceder y conseguir consejería legal competente”, es el mensaje de Catholic Migration Service, una organización que ofrece servicios legales gratuitos en Queens y Brooklyn.

Las directrices presidenciales bajo el mandato de Donald Trump, que buscan deportar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, han generado miedo entre la comunidad hispana de California. Comerciantes y policías también sienten el impacto.