Brooklyn,Nueva York.-Joaquín "El Chapo" Guzmán se presentó en la corte federal del distrito este de Nueva York por segunda vez ras su llegada a los Estados Unidos. Guzmán pidió asistir al tribunal a pesar de las preocupaciones de seguridad.

La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump

El tribunal federal de Brooklyn ha recibido otras demandas contra la orden ejecutiva de Trump, la primera a nombre de los iraquíes detenidos en el JFK y otra a nombre del estado de Washington presentada por su fiscalía general.

La orden ejecutiva ordena detener temporalmente la acogida de refugiados y otros migrantes de siete países de mayoría musulmana para examinar los mecanismos de aceptación por motivos de seguridad.

Entre los migrantes que no pudieron entrar a Nueva York y detenidos en el JFK figura un médico de Sudán que trabaja para un hospital en el distrito de Brooklyn.

En la demanda se argumenta que el "alcance demasiado amplio y la falta de claridad" de la orden ha dado lugar a una aplicación inconsistente por las autoridades de inmigración y ha puesto en peligro la salud y seguridad de las familias atrapadas por esta incertidumbre.

La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe temporalmente la entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

"Nuestra demanda describe cómo la orden ejecutiva del presidente Trump no solo es inconstitucional y fundamentalmente antiamericana, sino cómo perjudica profundamente a nuestras familias, economía e instituciones educativas y de salud", dijo el fiscal Eric Schneiderman.

De acuerdo con Schneiderman, la intención del presidente Trump "de discriminar a los musulmanes es clara".

Sin embargo, parte de la orden fue bloqueada el domingo por la jueza federal Ann M. Donnelly, en Nueva York, quien determinó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados.

La decisión surgió luego de que la Unión para las Libertades Civiles impugnara la constitucionalidad de la orden ejecutiva luego de que dos ciudadanos iraquíes con visados especiales para entrar a EE.UU. fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York.

La fiscalía general recordó en su demanda que la Primera Enmienda de la Constitución prohíbe al gobierno discriminar por motivos religiosos.

Se alega que la orden ejecutiva ha "dañado significativamente la salud general y el bienestar de Nueva York y su gente, así como sus intereses empresariales y su economía" argumentando que dificulta el trabajo en los campos de la tecnología, las computadoras y la ingeniería.

Cabe recordar que el jefe de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió en una conferencia de prensa esta semana, que la prohibición no está dirigida específicamente a los musulmanes, y agregó que la misión de su agencia "es salvaguardar al pueblo estadounidense, a nuestra patria, a nuestros valores".

En la demanda se establece que Nueva York es el hogar de más de 4,4 millones de residentes nacidos en el extranjero (22,5 por ciento de la población del estado), cifra que incluye a 15.000 personas nacidas en uno de los siete países afectados con la acción presidencial.

NUEVA YORK.- Un oficial "dominicano corrupto" del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) identificado como Manuel Tavárez, fue acusado ayer jueves por la DEA en la Corte Federal de Brooklyn de "tumbar" [robar] a docenas de narcotraficantes, con cuyos actos acumuló más de $1 millón de dólares y más 250 kilos de cocaína que les eran supuestamente "decomisados" en allanamientos ilegales y falsos registros a apartamentos, vehículos y casas.

Tavárez, quien llevaba ocho años en el NYPD, estaba asignado a la Unidad Viper de la Autoridad de Vivienda en un proyecto habitacional de Queens. Fue procesado en la tarde de ayer ante el juez federal Ramón Reyes Junior.

La fiscal federal del Distrito Este, Loretta Lynch anunció las acusaciones contra el ex policía criollo junto al Comisionado del NYPD Raymond Kelly, el agente especial de la DEA John Gilbridge, James Hayes, agente especial y encargado de investigaciones de la policía migratoria (ICE) en el Departamento de Seguridad Nacional de Nueva York y John Melville, superintendente interino de la Policía Estatal.

Tavárez, según se alega en la acusación de los fiscales, desde el 2001 operaba junto a otros narcotraficantes que se hacían pasar por policías, realizando arrestos a traficantes de drogas, falsificaban órdenes de allanamientos y se llevaban por la fuerza el dinero y las drogas.

Cuando era necesario los miembros de la banda dirigida por Tavárez amarraban con cinta adhesiva y cuerdas a sus víctimas, a las que esposaban después de asaltarlas con armas de fuego.

Tavárez utilizó su condición de policía para conseguir órdenes de registros, chaquetas de allanamientos y equipos policiales para sus cómplices de crímenes.

Los documentos del gobierno, según los fiscales federales, prueban que Tavárez "tumbó" cientos de kilos de drogas y obtuvo más de $1 millón de dólares en ganancias ilícitas.