El gobierno federal solicitará a unas 1,000 empresas entregar los documentos de sus empleados para ser inspeccionados.
El gobierno federal solicitará a unas 1,000 empresas entregar los documentos de sus empleados para ser inspeccionados, como parte de una amplia campaña contra negocios que se sospecha contratan indocumentados, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En un reporte del diario Chicago Tribune a través de los servicios de Dow Jones Newswires-Wall Street Journal, se indica que las auditorias, las cuales se espera el gobierno haga públicas en los próximos días, representan el mayor operativo desde 2009. En ese entonces, el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE), una unidad de DHS, llevó a cabo una gran auditoría a negocios que se desempeñaban en seguridad pública y seguridad nacional.
El mes pasado, ICE estableció un centro de inspección laboral para coordinar esfuerzos interestatales en lugar se seguir pistas locales. La más reciente ronda de auditorías se enfocó en cadenas regionales de comida rápida, según gente familiarizada con la operación.
Los agentes federales visitarían compañías en los próximos días para notificarles del requisito. Los documentos solicitados incluyen las formas I-9, utilizadas para verificar la identidad y elegibilidad de los empleados para trabajar en Estados Unidos.
ICE declinó comentar y la Cámara de Comercio no respondió a una petición para comentar.
El nuevo esfuerzo se da al tiempo que legisladores estatales y federales empujan por una mayor vigilancia de inmigración y buscan que sea obligatorio que todas las empresas del país utilicen el programa gubernamental para verificar la elegibilidad de los trabajadores. Actualmente, sólo los contratistas que tienen negocios con el gobierno son obligados por la ley a utilizar el programa E-Verify.
Este esfuerzo permite a demócratas y republicanos argumentar que luchan contra la inmigración indocumentada incluso ante la falta de una nueva ley mayor al respecto. Ambos lados pueden promocionar la medida como un esfuerzo para proteger a los trabajadores estadounidenses y evitar que los empleos vayan a los indocumentados.