La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidió que entre en vigor la polémica ley de inmigración SB1070

WASHINGTON.—Por Bill Mears.- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita que entre en vigor la polémica ley de inmigración SB1070, que está en suspenso desde julio de 2010.

Funcionarios del gobierno estatal acudieron este miércoles al máximo tribunal estadounidense para presentar una petición, con la finalidad de revertir la orden de una jueza federal que bloqueó cuatro puntos clave de la legislación. Brewer promulgó la normatividad en abril, algunas de cuyas partes ya están vigentes.

El gobierno de Barack Obama y grupos a favor de los migrantes se oponen a que, como plantea la ley, las policías locales puedan detener y ayudar en la deportación de migrantes indocumentados. Tras la solicitud de Brewer, el Departamento de Justicia tiene varias semanas para enviar su apelación a la Corte Suprema.

Los jueces del máximo tribunal se reunirán en privado para decidir si aceptan o no la revisión del caso. Si lo hacen, es probable que los argumentos de las partes sean contrastados a principios del próximo año.

Para Brewer, el tema es de importancia nacional.

“Tengo esperanza en que la Corte Suprema decidirá tomar este caso y aportará la claridad que estados como Arizona necesitan, estados que lidian con el significativo costo humano y financiero de la inmigración”, dijo Brewer en un comunicado.

“Durante demasiado tiempo, el gobierno federal ha ignorado este problema, al tiempo que se manifiesta en nuestros vecindarios. La ley SB1070 era una manera de decir que no esperaremos la acción federal. Si el gobierno federal no aplicará las leyes de inmigración, nosotros lo haremos”, agregó.

El problema de fondo es si los estados tienen o no autoridad para ejecutar la legislación migratoria, o si es un asunto exclusivo del gobierno federal.

Arizona argumenta que únicamente ayuda y coopera con las autoridades federales, pero la Casa Blanca sostiene que esa “interferencia” afectará la relación de Estados Unidos con otros países, alterando la colaboración entre naciones y causando perjuicios injustos a los migrantes legales.

Entre otras cosas, la ley SB1070 establecía que los policías de Arizona aprehendieran y ayudaran a deportar indocumentados. El Departamento de Justicia interpuso una demanda argumentando que eso era responsabilidad del gobierno federal.

Este año, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del noveno circuito respaldó los argumentos de Washington en contra de Brewer. Antes, en julio de 2010, la jueza federal Susan Bolton bloqueó las partes más controvertidas de la legislación, un día antes de que entrara en vigor.