Plan de Obama sobre deportaciones: es visto por unos como un avance en materia migratoria y por otros como un acto de campaña.
El plan anunciado el viernes por el presidente Barack Obama para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo por dos años a inmigrantes no autorizados menores de 30 años es visto por unos como un avance en materia migratoria y por otros como un acto de campaña.
La medida, que tuvo en general una buena acogida, también generó fuertes críticas.
Mohammad Abdollahi, dirigente de una coalición de grupos de estudiantes pro-Dream Act llamada Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA por sus siglas en inglés) dijo que "seguimos exigiendo una orden ejecutiva. Esto no es algo colectivo sino que se revisará caso por caso. Si vamos a tener que pelear cada caso, uno por uno, ¿de qué vale?"
Los beneficiarios de esta medida necesitan haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años y encontrarse actualmente en su territorio, cursar estudios actualmente, haber culminado la educación secundaria, obtenido un certificado de educación general (GED por sus siglas en inglés) o haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.
También necesitan no haber sido sentenciados por delitos mayores, por faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los inmigrantes no autorizados menores de 16 años no podrán solicitar la anulación de su proceso de deportación, pero funcionarios dijeron que no serán deportados.
Los requisitos de la medida coinciden con los estipulados en el Drem Act, aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado y que buscaba beneficiar a un grupo de personas con esas características. Sin embargo, Napolitano dejó claro que el beneficio administrativo anunciado el viernes será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado, igual que la entrega de permisos de trabajo.
Abdollahi indicó que el anuncio "va a ayudar a un grupo de gente, pero no va a beneficiar a todos".
La posición de Abdollahi es similar a la de Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell, quien dijo que le "preocupa que el anuncio será puesto en práctica de manera más mezquinamente de lo que el gobierno quisiera. Eso fue lo que vimos en junio pasado con el memo sobre discreción del gobierno".
El catedrático se refería al anuncio formulado el año pasado de revisar 300.000 casos de deportaciones para garantizar que no afectaran a personas de mínimo riesgo para la seguridad pública. Hasta el momento, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232.000 procesos de deportación y decidió anular 20.000, de los cuales 4.000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.
Pero Marielena Hincapié, abogada y directora ejecutiva del National Immigration Law Center, calificó de "significativa" la nueva política porque "no sólo beneficia a los jóvenes sin papeles que están en proceso de deportación, sino también a los que no lo están".
La activista explicó que lo importante ahora es "asegurarse de que agentes de inmigración y de las patrullas fronterizas implementen la normativa de una forma uniforme para asegurar que no van a ver consecuencias adversas para jóvenes que se presentan ante una oficina de inmigración y no cumplen con los requisitos requeridos".
La medida se conoció cinco días después de que activistas a favor del Dream Act depusieran una huelga de hambre y anunciaran planes de tomar oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detenga las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en su búsqueda de la reelección en noviembre.
El centro de estudios Pew Hispanic Center estimó que la medida podría beneficiar a 1,4 millón de personas, incluyendo a 700.000 inmigrantes no autorizados de entre 18 y 30 años que ingresaron a Estados Unidos como niños y que actualmente cursan estudios o ya terminaron la secundaria, y a otras 700.000 personas menores de 18 años y que cursan estudios. El segundo grupo incluye a 150.000 estudiantes de secundaria.
Por su parte, los republicanos criticaron el plan con dureza. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith lo calificó de "traición" al pueblo estadounidense porque "este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes".
La medida administrativa se asemeja a otro proyecto de ley que prepara el senador republicano Marco Rubio, quien se perfila con posibilidades de optar a la vicepresidencia junto al candidato Mitt Romney. Rubio no criticó el anuncio, pero dijo que dificultaría alcanzar una solución permanente.
Numerosos legisladores demócratas expresaron su beneplácito. El senador Dick Durbin, autor de proyecto de ley del 2010, calificó la decisión como un "momento humanitario histórico".
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