BOGOTA (AP) -- La Procuraduría General anunció el martes que dentro de sus facultades destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a cinco militares por el asesinato en 2004 de dos indígenas.

Los afectados, que pueden apelar ante el mismo organismo, son los hoy militares en retiro capitán Luis Fernando Báez, los sargentos Wilson Octavo Octavo y Emiro Beltrán Osorio y los soldados profesionales Félix Arrieta Viveros y Edwar Fabián Ramírez Cifuentes.

Según la Procuraduría, el 8 de junio de 2004 los mencionados militares ingresaron a la ranchería "Curichí, en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira y a unos 785 kilómetros al norte de Bogotá, "y les dispararon por la espalda a dos de los indígenas que se encontraban allí".

Aunque los uniformados dijeron que los dos indígenas habían muerto en un enfrentamiento, los investigadores del Ministerio Público establecieron "que las declaraciones allegadas al proceso desvirtúan la existencia de un combate".

Las pruebas también indican que "los dos occisos no dispararon arma alguna y que lo relatado por los familiares y amigos tiene credibilidad en su decir que afirma que ellos corrieron por miedo cuando vieron la tropa".

Desde fines de 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General ha recibido denuncias de que casi 3.000 personas habrían sido víctimas de esta práctica que es conocida en Colombia como "falsos positivos".

Según la Fiscalía, hasta el 31 de agosto pasado 601 militares habían sido condenados por casos de falsos positivos. Otros 4.373 uniformados están vinculados con investigaciones y procesos penales en la Fiscalía y en juzgados del país. De ese total, 1.948 miembros de la fuerza pública fueron afectados con resolución de acusación.

En octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa al momento del escándalo de los "falsos positivos", destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en este tipo de crímenes.