Estas agencias o negocios no ofrecen contratos, cobran tarifas a pesar de no ofrecer servicios después y ofrecen asesoría legal sin autorización para hacerlo, denunciaron dos organizaciones locales de defensa de los inmigrantes al presentar un informe que asegura la situación es "desenfrenada".

El Departamento de Justicia nacional lanzó el año pasado una iniciativa junto con agencias federales y grupos estatales para frenar las estafas contra inmigrantes por parte de abogados fraudulentos: los arrestos resultaron en sentencias de más de ocho años en prisión y la restitución de casi 2 millones de dólares en un año.

El problema en Queens se centra en agencias para buscar empleo y proveedores de servicios de inmigración (conocidos en inglés como ISP) que no cumplen debidamente con las normas locales, denunció el informe "Sueños y engaños en Queens, Nueva York". El reporte, presentado por los grupos New Immigrant Community Empowerment (NICE) y Urban Justice Center, concluye que el problema "es común y no se limita a un pequeño número de actores".

El 81% de personas encuestadas para poder realizar el informe dijeron que no encontraron trabajo después de que la agencia de empleo a la que acudieron en el condado les cobrara una tarifa, señala el reporte. A un tercio de los encuestados les ofrecieron trabajos que pagaban menos del salario mínimo de 7,25 dólares la hora.

"Mucha gente empezó a llamar a nuestra puerta y a decir que habían perdido dinero y que eran víctimas de estafas", dijo Valeria Treves, directora ejecutiva de NICE durante la presentación del estudio. "Nos dimos cuenta de que estos negocios cierran pronto y se trasladan después a otro lugar, para poder seguir con sus estafas. Eso ocurre mucho".

El reporte también se basó en las conclusiones de 10 investigadores que entre junio y agosto del 2011 visitaron 21 agencias de empleo, 13 negocios de asistencia migratoria y 17 abogados de inmigración en el centro de Queens. A la gran mayoría de ellos no se les entregó contrato en agencias de asistencia migratoria, no se les informó sobre el coste total del servicio y se les ofreció asesoría legal sin tener licencia para ello. Este tipo de negocios, además, comparten espacios con otros, en contra de lo estipulado por la ley, abarrotando avenidas enteras y anunciándose en español en escaparates que no muestran su licencia.

El problema no se limita a Queens. El año pasado, la oficina de Asuntos del Inmigrante de la fiscalía de Manhattan anunció que había recibido 2.283 quejas por fraude desde que fue abierta en 2007. Un 43% de las llamadas recibidas habían sido realizadas en español.

Algunas de las organizaciones que han sido acusadas a través de los años de estafar a inmigrantes incluyen a la Inmigration Community Service Corporation, en Manhattan; la Federación Americana del Inmigrante, que contaba con más de 20.000 clientes; Misión Hispana, en Queens; Centro Santa Ana Inc., en Queens; y Oficina Legal para Hispanos, en Manhattan.

El reporte presentado el jueves exige la creación de un programa de Asuntos Migratorios en la oficina del fiscal del distrito de Queens y una propuesta de ley que defina claramente el uso no autorizado de ejercer como abogado y la prohibición de la práctica.

"Mucha gente en nuestra comunidad enfrenta estos tipos de fraude", dijo el concejal de Queens, Daniel Dromm, presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal. "Tengo ganas de empezar a trabajar en las recomendaciones de este informe para solucionar este problema".

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Claudia Torrens está en Twitter como http://www.twitter.com/ClaudiaTorrens