El Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó suspender los díalogos con el gremio de cafetalero luego de sostener reuniones con diferentes ministros

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó la tarde de este viernes suspender los diálogos con los sectores cafeteros del país hasta que sean desbloqueadas las vías, que permanecen cerradas desde hace cinco días. Durante una reunión con su gabinete ministerial, donde estaban los ministros de Interior, Trabajo, Transporte y Hacienda, el mandatario colombiano emitió esta decisión.

El sector cafetalero demanda medidas que garanticen su subsistencia y la seguridad agraria del país. Los cultivadores del grano enfrentan la peor crisis de las últimas décadas. La producción pasó de ser 50 por ciento del valor de las exportaciones de la nación neogranadina, a mediados de los ochenta, a representar menos del cuatro por ciento.

El corresponsal de teleSUR en ese país, Paúl Bacarés, informó que los agricultores han dicho que pese a la decisión del Gobierno de levantarse de la mesa de negociación, “mantienen sus peticiones”.

Informó además que una de las razones por las que el mandatario colombiano suspendió las negociaciones es  “porque los sumnistros médicos no han llegado” a sus destinos porque la vialidad ha permanecido cerrada por varios días seguidos.

Según lo reseñado por la prensa colombiana, el Gobierno además estudia las repercusiones de una eventual vinculación de otros gremios a este paro que ya completa cinco días.
Los productores aseguran que no pueden seguir trabajando a pérdida, ya que por arroba de café está siendo pagada a 58 mil pesos (32,16 dólares). Según ellos, debería cobrarse a 65 mil pesos (36,06) para cubrir los costos de producción. Por ahora, se baraja al interior del gremio cafetero la opción de buscar un precio de sustentación de 700 mil pesos (400 dólares) por cada carga de café.
Los trabajadores cafetaleros en Colombia se concentran desde el pasado lunes en diferentes partes de la nación suramericana para protestar contra el Gobierno, pues aseguran no ha dado soluciones a sus peticiones, entre ellas precios justos, control de precios de los abonos e insecticidas y freno a procesos de embargo.