Publicado El:Friday, November 8, 2013
Posteado Por MisterDj1
Funcionarios del gobierno anunciaron que más de 24.000 personas nacidas en la República Dominicana no fueron inscritos correctamente
El Consejo Electoral anunció los resultados después de revisar minuciosamente durante ocho días 60.000 registros de nacimientos, alegando que los grupos de derechos humanos cometieron un error al calcular que la decisión judicial afectaría a unos 200.000 residentes, cuyas familias han vivido en muchos casos durante décadas en el país.
"Considero que estas estadísticas despejan muchos mitos y mucha información que no es consistente con la verdad", destacó el presidente del Consejo Electoral Roberto Rosario.
Los grupos de derechos humanos criticaron la cifra del Consejo, destacando que subestima profundamente el posible impacto de la medida.
Entre las 24.392 personas que el gobierno identificó sólo se incluye a los inscritos en el registro civil, indicó Santiago Canton, director del grupo Partners for Human Rights del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Indicó que no aparecen en esos registros las personas que nunca fueron inscritas o a quienes no se les permitió hacerlo, señaló.
"Es sabido que a otros miles se les negó acceso al registro civil en primer término", afirmó Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Canton dijo que el gobierno debería admitir públicamente que la decisión del tribunal es racista y que viola los acuerdos internacionales.
Los defensores señalan que muchos de los afectados por el fallo del tribunal son descendientes de inmigrantes pobres que llegaron a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar procedentes del vecino Haití, una nación que comparte la isla La Española con la República Dominicana.
Rosario dijo que más de la mitad de los 24.392 residentes no inscritos debidamente son descendientes de haitianos.
El Consejo Electoral dispuso en el 2007 que se negara la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que residen ilegalmente en la República Dominicana y las autoridades han confiscado documentos a las personas que ya tenían certificados.
Los redactores de la AP Dionisio Soldevila en Santo Domingo y Danica Coto en San Juan, Puerto Rico, informaron para este despacho.
© 2013, La Prensa Asociada.
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