La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump
La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump
El tribunal federal de Brooklyn ha recibido otras demandas contra la orden ejecutiva de Trump, la primera a nombre de los iraquíes detenidos en el JFK y otra a nombre del estado de Washington presentada por su fiscalía general.
La orden ejecutiva ordena detener temporalmente la acogida de refugiados y otros migrantes de siete países de mayoría musulmana para examinar los mecanismos de aceptación por motivos de seguridad.
Entre los migrantes que no pudieron entrar a Nueva York y detenidos en el JFK figura un médico de Sudán que trabaja para un hospital en el distrito de Brooklyn.
En la demanda se argumenta que el "alcance demasiado amplio y la falta de claridad" de la orden ha dado lugar a una aplicación inconsistente por las autoridades de inmigración y ha puesto en peligro la salud y seguridad de las familias atrapadas por esta incertidumbre.
La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe temporalmente la entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.
"Nuestra demanda describe cómo la orden ejecutiva del presidente Trump no solo es inconstitucional y fundamentalmente antiamericana, sino cómo perjudica profundamente a nuestras familias, economía e instituciones educativas y de salud", dijo el fiscal Eric Schneiderman.
De acuerdo con Schneiderman, la intención del presidente Trump "de discriminar a los musulmanes es clara".
Sin embargo, parte de la orden fue bloqueada el domingo por la jueza federal Ann M. Donnelly, en Nueva York, quien determinó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados.
La decisión surgió luego de que la Unión para las Libertades Civiles impugnara la constitucionalidad de la orden ejecutiva luego de que dos ciudadanos iraquíes con visados especiales para entrar a EE.UU. fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York.
La fiscalía general recordó en su demanda que la Primera Enmienda de la Constitución prohíbe al gobierno discriminar por motivos religiosos.
Se alega que la orden ejecutiva ha "dañado significativamente la salud general y el bienestar de Nueva York y su gente, así como sus intereses empresariales y su economía" argumentando que dificulta el trabajo en los campos de la tecnología, las computadoras y la ingeniería.
Cabe recordar que el jefe de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió en una conferencia de prensa esta semana, que la prohibición no está dirigida específicamente a los musulmanes, y agregó que la misión de su agencia "es salvaguardar al pueblo estadounidense, a nuestra patria, a nuestros valores".
En la demanda se establece que Nueva York es el hogar de más de 4,4 millones de residentes nacidos en el extranjero (22,5 por ciento de la población del estado), cifra que incluye a 15.000 personas nacidas en uno de los siete países afectados con la acción presidencial.
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