Este nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana era una de las prioridades legislativas de la administración Santos. Durante toda la campaña ubicó este proyecto como su herramienta secreta para luchar contra la inseguridad en Colombia. Se trata de una normativa que modifica los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, y tipifica delitos.

El punto más discutido en el Congreso fue el aumento de penas para los menores. A la luz de este estatuto, a quienes incurran en delitos como secuestro y homicidio se les imputará cargos, se les aumentará las penas, que van de dos a ocho años de cárcel, y en el momento en que cumplan los 21 años no podrán recuperar su libertad hasta tanto no cumplan con la sanción impuesta por el aparato de justicia.

Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, las nuevas estructuras criminales usan a los menores para la práctica de delitos, y amparados en las actuales disposiciones del código de infancia, "los han convertido en auténtica carne de cañón", según publicó Semana.

La norma establece, además, nuevos tiempos procesales: "La Fiscalía tendrá 90 días para realizar la acusación, 45 días para la audiencia de acusación y un máximo de 2 años para formular imputación de cargos o archivar el caso", difundió El Tiempo.


Aumento de penas

• Se aumenta la pena, hasta 8 años, para los menores que cometan homicidio doloso, secuestro extorsivo o agresión sexual. Pagarán su condena en centros de atención especializada y no podrán obtener la libertad a los 21 años, sino que permanecerán recluidos hasta que purguen la sentencia completa. 
• Hasta 30 años de prisión por tráfico de drogas ilícitas, y la pena mínima para estos delitos será de 10 años. 
• La financiación de grupos delincuenciales dará entre 13 y 22 años. 
• Se penalizará con entre 9 y 12 años de cárcel el porte ilegal de armas y de municiones.

Nuevo delitos

• Usar niños para cometer delitos, de 10 y 17 años de prisión. 
• Comercializar autopartes robadas, de 4 a 12 años. 
• Disparar al aire. Dará entre 1 y 4 años de cárcel. 
• Comercializar drogas entregadas al Sistema de Seguridad Social, de 2 a 4 años.