Un juez federal en Texas ordenó el viernes el fin de un programa de la era Obama que impedía las deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, poniendo una nueva presión para que se actúe sobre el presidente Joe Biden y los demócratas que ahora controlan el Congreso.

El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que ofrece protección limitada a unas 650.000 personas.El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que ofrece protección limitada a unas 650.000 personas.

Las personas que ya están inscritas no perderán las protecciones, pero Hanen prohíbe la tramitación de nuevas solicitudes.

La decisión de Hanen limita la capacidad inmediata de Biden, que prometió durante su campaña proteger el DACA, de mantener el programa o algo similar.

Su fallo es el segundo de un juez federal en Texas que detiene los planes de inmigración de Biden, después de que un tribunal prohibiera la aplicación de la suspensión de 100 días de Biden en la mayoría de las deportaciones.

Biden ya ha propuesto una legislación que proporcionaría una vía de acceso a la ciudadanía a los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que hicieran esfuerzos para preservar el programa.

Los partidarios de DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesaria una ley aprobada por el Congreso para proporcionar un alivio permanente.Los partidarios de DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesaria una ley aprobada por el Congreso para proporcionar un alivio permanente.

Hanen ha dicho que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones en DACA a los receptores comúnmente conocidos como "Dreamers."

El fallo de Hanen se produjo después de que celebró una audiencia de casi 3 horas y media en el tribunal sobre el destino de DACA.

Los estados argumentaron que el ex presidente Barack Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear un programa como DACA porque eludió el Congreso. Los estados también argumentaron que el programa drena sus recursos educativos y sanitarios.Los estados argumentaron que el ex presidente Barack Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear un programa como DACA porque eludió el Congreso. Los estados también argumentaron que el programa drena sus recursos educativos y sanitarios.

Junto a Texas, demandaron a Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, estados todos ellos con gobernadores o fiscales generales republicanos.

El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación y la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, que defendieron el programa en nombre de un grupo de beneficiarios de DACA, habían argumentado que Obama tenía la autoridad para instituir DACA y que los estados carecían de la capacidad para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al programa.

Hanen había rechazado la solicitud de Texas en 2018 para detener el programa a través de una orden judicial preliminar. Pero en un presagio de su último fallo, Hanen dijo en 2018 que creía que DACA, tal como se promulgó, era probablemente inconstitucional.

"Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo", escribió Hanen entonces."Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo", escribió Hanen entonces.

Hanen dictaminó en 2015 que Obama no podía ampliar las protecciones de DACA ni instituir un programa que protegiera a sus padres.

Aunque DACA se describe a menudo como un programa para jóvenes inmigrantes, muchos de los beneficiarios han vivido en Estados Unidos durante una década o más después de haber sido traídos al país sin permiso o de haber sobrepasado la duración de los visados.

El liberal Center for American Progress dice que aproximadamente 254.000 niños tienen al menos un padre que depende de DACA. Algunos beneficiarios son abuelos.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó previamente que el intento del ex presidente Donald Trump de poner fin a DACA en 2017 era ilegal. Un juez de Nueva York ordenó en diciembre a la administración Trump que restaurara el programa tal y como lo promulgó Obama.

De inmediato hubo reacción de grupos proinmigrantes ante la decisión del juez de Texas.

En Nueva York la organización Make the Road puso un mensaje en redes sociales en el que calfica al juez como "extremista" y pide que el Congreso y el gobierno Biden actúen ahora para dar un camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, a los de TPS y a los "trabajadores esenciales".

Legisladores de ambos partidos dijeron que el Congreso de Estados Unidos debe actuar para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el lunes se negó a intervenir en el caso, como quería la administración del presidente Donald Trump.

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, dijo que "está por verse" cómo se librarán las batallas en torno a la decisión del presidente Trump de dar por terminada la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, un programa lanzado durante la administración Obama que proporciona permisos temporales de trabajo y estudio a inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños

"Ciertamente, la decisión de la Corte Suprema alivia la presión de la fecha límite del 5 de marzo [del DACA]", dijo Collins. “Pero no borra la nube con la que viven los soñadores, que podrían estar en riesgo de ser deportados".

En las últimas semanas, dos jueces federales en California y Nueva York emitieron órdenes judiciales contra la finalización de DACA que Trump había planeado hacer expirar el 5 de marzo. El Congreso aún tiene que aprobar una solución permanente que resuelva el estado legal de los beneficiarios de DACA y otros jóvenes elegibles para el programa

A principios de este mes, el Senado rechazó cuatro diferentes propuestas de inmigración, que iban desde proyectos bipartidistas que otorgaban el estatus legal para los beneficiarios de DACA a cambio de mejoras limitadas a la seguridad fronteriza de EE.UU., hasta una propuesta republicana que recogía el "plan" de cuatro puntos del presidente Trump y que prácticamente equivalía a una reforma migratoria endurecida.

Fuentes cercanas al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell de Kentucky, indicaron que este no tiene prisa por relanzar el debate sobre el tema en el Senado.

"El presidente y los tribunales van a hacer lo que van a hacer", dijo un asistente de McConnell a la Voz de América. "Eso no cambia el hecho de que necesitamos 60 votos [para que un proyecto de ley avance en el Senado], que pueda ser aprobado en la Cámara, y que el presidente lo firme".

El demócrata No. 2 del Senado, Dick Durbin de Illinois, dijo que solo ve un alivio limitado en la decisión de la Corte Suprema, que opta por permitir que los desafíos a la orden de DACA de Trump se ventilen en los tribunales inferiores.

"No sé si la audiencia y el juicio en los tribunales de primera instancia se llevará a cabo tarde o temprano, si va a tomar semanas, meses o más, pero debido a la decisión del presidente Trump, hay una "incertidumbre implícita en las vidas de casi un millón de personas en este país", dijo Durbin.

Mientras tanto, los senadores de ambos partidos dijeron que no renunciarán a la legislación que otorga a los beneficiarios de DACA un lugar permanente en los Estados Unidos.

"Personalmente, me gustaría ver cierta certeza, y eso se lograría a través de la legislación", dijo Collins, quien ayudó a elaborar una de las propuestas bipartidistas derrotadas en el Senado.

"Necesitamos previsibilidad, y necesitamos certeza [para los dreamers]", dijo el demócrata por Maryland, Chris Van Hollen. "Y eso significa que el Congreso debe actuar".