Algunas trámites migratorios verán una reducción de las tarifas, pero muchos recibirán un aumento de hasta 201%.

POR QUÉ USCIS AUMENTA SUS TARIFA

El aumento busca que USCIS recupere en gran medida partes de sus costos operativos y que haya un "procesamiento más oportuno de nuevas solicitudes".

"Por primera vez en más de siete años, USCIS está actualizando nuestras tarifas para satisfacer mejor las necesidades de nuestra agencia, permitiéndonos brindar decisiones más oportunas a aquellos a quienes servimos", señaló la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

La agencia, que financia 96 % de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en los trámites.

 Cambios en inmigración: en pocos días entrará en vigor el aumento de tarifas de USCIS

USCIS busca recuperar parte de sus costos operativos y mejorar la respuesta de las solicitudes. Conoce cuánto tendrías que pagar por cada trámite migratorio.

 

El sueño americano ahora se llama canadá

Las supuestas ventajas de Canadá corren de boca en boca entre los inmigrantes latinoamericanos que han recalado en Nueva York y están frustrados tras meses de retrasos burocráticos en Estados Unidos, más otras cuestiones como la inseguridad callejera o la enorme carestía de bienes y servicios.

Los testimonios de venezolanos que cruzaron y relatan su experiencia se convierten en el mejor aliciente: Aurimar Medina pasó varios meses luchando en las calles de Nueva York, buscando comida y trabajo al mismo tiempo, hasta que se cansó y emigró al norte; ahora relata por teléfono desde Niagara Falls (provincia de Ontario) su vida en Canadá.

Cientos de inmigrantes transitan cada día por el paso irregular de Roxham Road desde Estados Unidos a Canadá y suponen así un balón de oxígeno para la ciudad de Nueva York, que en menos de un año ha recibido a 45,000, en su mayoría latinoamericanos, y ahora trata de reubicarlos en otros lugares.

Según pudo comprobar EFE en este paso fronterizo, en el plazo de una hora y en mitad de una gélida noche de febrero, entraron en Canadá un centenar de inmigrantes originarios de Venezuela, Nicaragua, Colombia y Haití, pero también de sitios tan remotos como Nigeria, Turquía y Pakistán. Todos habían llegado procedentes de Nueva York, todos iban temerosos de lo que les esperaba, pero ninguno fue devuelto.

Las autoridades migratorias canadienses han dicho que solo en diciembre cruzaron 4,689 personas por Roxham Road, mientras que la ciudad de Nueva York, que se niega a dar un número concreto, sostiene que los que han partido solo suponen «una pequeña parte de los más de 45,000 solicitantes de asilo a los que hemos asistido», según dijo a EFE la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom.

El alcalde neoyorquino, Eric Adams, ha reconocido que ha lanzado una estrategia que llamó de «descompresión» de la oleada migratoria y que la alcaldía está financiando el viaje «voluntario» a quien desee abandonar la Gran Manzana a cualquier destino de Estados Unidos.

En el caso de la frontera con Canadá, la oferta es sibilina: se financia el viaje a quien lo desee en autobuses que salen de Nueva York hasta Plattsburgh, una ciudad pequeña sin mayor interés que el de situarse cerca de la frontera con Canadá; de hecho, los autobuses continúan el viaje desde allí hasta Montreal, pero casi todos los viajeros bajan antes para cruzar por el paso ilegal.

Los taxistas de Plattsburgh, que ven llegar cada día un mínimo de seis autobuses y viven prácticamente de trasladar a gente a la frontera canadiense al «módico» precio de 50 dólares por persona (15 minutos de distancia) consideran que la cifra que avanzan los canadienses se está quedando corta y que son muchos más.

«Este paso no es legal. Cruzarlo es asunto suyo»

Al este de Plattsburgh se levanta una frontera oficial, pero solo la usan los canadienses y estadounidenses que van a Montreal; los inmigrantes prefieren presentarse en el paso irregular de Roxham Road, donde los canadienses tienen levantados unos barracones prefabricados donde ni siquiera ondea su bandera; en el lado estadounidense, no hay nada, ni personas ni edificios, solo la nieve que se queda congelada varios meses al año.

En medio de la fría noche, un policía canadiense recibe a cada grupo de inmigrantes que llega, arrastrando niños y maletas, y les conmina a escuchar el siguiente mensaje que repite en inglés, español o francés: «Este paso no es legal. ¿Ustedes lo entienden? Van a ser arrestados. Si siguen adelante, es asunto suyo».

Ninguno se echa atrás, y el arresto parece más bien una figura literaria. Les invitan a un café, les toman los datos -todos, aleccionados previamente, piden asilo o refugio- y horas después en el mismo día serán trasladados al lugar de su elección mientras se resuelven sus trámites documentales.

 

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que comenzará a rechazar en la frontera a los migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití que traten de entrar de manera irregular, al tiempo que les ofrecerá una vía para emigrar por la vía legal, ante la llegada de cifras récord de migrantes por la frontera sur con México.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, explicó en entrevista con la Voz de América la ampliación de un programa de "parole humanitario" como el implementado desde octubre para los venezolanos que permitirá la entrada legal de una cuota de migrantes por mes provenientes de esos países.

El programa también cuenta con el concurso de gobiernos de la región, los cuales se ven afectados por el número de migrantes de tránsito que arriban a esos países, dijo el secretario.

Estados Unidos, dijo Mayorkas, se asegurará de tomar nuevas medidas ante un eventual aumento de migrantes irregulares, al tiempo que mantiene su compromiso con la asistencia humanitaria en los casos que corresponde.

El alto funcionario también advirtió sobre los peligros que corren quienes se lanzan a la aventura marítima por las costas de Florida -como ha estado ocurriendo de manera alarmante en las últimas semanas- e invitó a cubanos y haitianos a no emprender semejante viaje.

VOA: Secretario, ¿cuándo esperan que comiencen las aplicaciones en línea para este programa para nicaragüenses, haitianos y cubanos?

Mayorkas: Y ampliado con respecto a los venezolanos también... Inmediatamente, ya sea hoy o mañana, pero de inmediato vamos a comenzar a hacer que este programa esté accesible. Es extraordinariamente importante que proporcionemos una manera segura, humana y ordenada para que las personas lleguen a Estados Unidos, para que no tengan que poner sus vidas y los ahorros de toda su vida en manos de contrabandistas, porque es demasiado traumático.

 

 

Un juez federal en Texas ordenó el viernes el fin de un programa de la era Obama que impedía las deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, poniendo una nueva presión para que se actúe sobre el presidente Joe Biden y los demócratas que ahora controlan el Congreso.

El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que ofrece protección limitada a unas 650.000 personas.El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que ofrece protección limitada a unas 650.000 personas.

Las personas que ya están inscritas no perderán las protecciones, pero Hanen prohíbe la tramitación de nuevas solicitudes.

La decisión de Hanen limita la capacidad inmediata de Biden, que prometió durante su campaña proteger el DACA, de mantener el programa o algo similar.

Su fallo es el segundo de un juez federal en Texas que detiene los planes de inmigración de Biden, después de que un tribunal prohibiera la aplicación de la suspensión de 100 días de Biden en la mayoría de las deportaciones.

Biden ya ha propuesto una legislación que proporcionaría una vía de acceso a la ciudadanía a los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que hicieran esfuerzos para preservar el programa.

Los partidarios de DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesaria una ley aprobada por el Congreso para proporcionar un alivio permanente.Los partidarios de DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesaria una ley aprobada por el Congreso para proporcionar un alivio permanente.

Hanen ha dicho que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones en DACA a los receptores comúnmente conocidos como "Dreamers."

El fallo de Hanen se produjo después de que celebró una audiencia de casi 3 horas y media en el tribunal sobre el destino de DACA.

Los estados argumentaron que el ex presidente Barack Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear un programa como DACA porque eludió el Congreso. Los estados también argumentaron que el programa drena sus recursos educativos y sanitarios.Los estados argumentaron que el ex presidente Barack Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear un programa como DACA porque eludió el Congreso. Los estados también argumentaron que el programa drena sus recursos educativos y sanitarios.

Junto a Texas, demandaron a Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, estados todos ellos con gobernadores o fiscales generales republicanos.

El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación y la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, que defendieron el programa en nombre de un grupo de beneficiarios de DACA, habían argumentado que Obama tenía la autoridad para instituir DACA y que los estados carecían de la capacidad para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al programa.

Hanen había rechazado la solicitud de Texas en 2018 para detener el programa a través de una orden judicial preliminar. Pero en un presagio de su último fallo, Hanen dijo en 2018 que creía que DACA, tal como se promulgó, era probablemente inconstitucional.

"Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo", escribió Hanen entonces."Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo", escribió Hanen entonces.

Hanen dictaminó en 2015 que Obama no podía ampliar las protecciones de DACA ni instituir un programa que protegiera a sus padres.

Aunque DACA se describe a menudo como un programa para jóvenes inmigrantes, muchos de los beneficiarios han vivido en Estados Unidos durante una década o más después de haber sido traídos al país sin permiso o de haber sobrepasado la duración de los visados.

El liberal Center for American Progress dice que aproximadamente 254.000 niños tienen al menos un padre que depende de DACA. Algunos beneficiarios son abuelos.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó previamente que el intento del ex presidente Donald Trump de poner fin a DACA en 2017 era ilegal. Un juez de Nueva York ordenó en diciembre a la administración Trump que restaurara el programa tal y como lo promulgó Obama.

De inmediato hubo reacción de grupos proinmigrantes ante la decisión del juez de Texas.

En Nueva York la organización Make the Road puso un mensaje en redes sociales en el que calfica al juez como "extremista" y pide que el Congreso y el gobierno Biden actúen ahora para dar un camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, a los de TPS y a los "trabajadores esenciales".

Como si nunca lo quisieran soltar, los ocho hijos de este padre de familia con una orden de deportación en su contra temen perderlo para siempre.

Y dentro de poco, los planes de la familia podrian cambiar.

Leiker Liriano muestra con impotencia los que dice son sus únicos aliados: los documentos de la corte que comprueban que es inocente de un crimen porque el que estuvo 14 meses en prision.

Al respecto señala: "Un secuestro y un robo en Manhattan. No sé el por qué me confundieron".

Pero Leiker cuenta que el día que recobró su libertad y que creía era el final de su pesadilla, fue el comienzo de su más terrible martirio: cayó en el radar de ICE.

"Ahí es que empieza el infierno. Esta hoja ha sido mi desgracia por la razón desde que salgo inocente de un caso, me entregan a manos de inmigración porque no tengo documentos porque vine a este país indocumentado", explica este inmigrante.

Liriano tiene ocho hijos y es quien lleva el sustento de la familia.

Su preocupacion se intensifica cuando piensa en los graves problemas de salud de cuatro de sus hijos y la depresión (diagnosticada clínicamente) que sufre su esposa.

"A un niño que sufre de los huesos que se le salen los huesitos, ese niño no puede ser tratado en mi país. Tengo otra niña que sufre del corazón que tiene. Problemas desde que nació esa niña no puede salir de este país y tengo una niña que también sufre de autismo que eso no es tratado en mi país", añade este paterfamilia.

El angustiado padre posee un permiso de trabajo y tiene un número de seguro social.

Sin embargo, el crimen que comprobó no haber cometido, sigue haciendo estragos en su vida.

Su esposa es ciudadana estadounidense: "Mi caso, de que yo lo pedí a él, está aprobado desde el 2 de febrero del 2016. Yo llamo, llamo y no me dan razones de nada. Porque hasta que no le tumbe la orden de deportación, mi caso no ejerce no sigue".

En medio de la ansiedad que les genera pensar en separarse, tratan de mantenerse fuertes y mostrarle frente a sus hijos mientras dicen libran la más dura de sus batallas.

Tratamos de contactar a ICE por el caso de Liriano pero no obtuvimos respuesta.

Para Leiker Liriano y para su familia empezó la cuenta regresiva más dolorosa y dramática de sus vidas: el 14 de febrero tendrá que comprar un tiquete que le comprube a inmigración que saldrá del pais el próximo 28 de febrero.

Pero hasta que no se llegue ese 28 de febrero, Leiker asegura que continúa la lucha con su abogada, para no tener que abandonar a su amada familia.

Mark Morgan director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pide a inmigrantes indocumentados “entregarse” para ser deportados

El director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Mark Morgan, confirmó que se harán operativos a nivel nacional para detener a inmigrantes indocumentados, pero no precisó cuándo ni cómo, a diferencia del presidente Donald Trump, quien afirmó que serán la siguiente semana.

Sin embargo, Morgan indicó que su agencia aumentará los esfuerzos para encontrar y expulsar a las personas que fueron colocadas en un expediente acelerado en el sistema judicial de inmigración, pero no se presentaron para su audiencia, en precisión sobre los primeros inmigrantes a quienes se enfocaría.

Añadió que ICE busca evitar las redadas, por ello prefieren pedirle a los extranjeros que violan las leyes migratorias que se entreguen, pero si no lo hacen deberán ir por ellos.

“No quiero enviar agentes de ICE a su lugar de trabajo, no quiero enviar agentes de ICE a sus hogares. No quiero enviar agentes de ICE para tratar de localizarlos y detenerlos en sus comunidades, en sus pueblos”, agregó Morgan. “Eso no es lo que prefiero hacer, pero hemos aplicado el debido proceso. Y hemos tratado de trabajar con ellos. Hemos intentado y hemos intentado decir: ‘Oye, ven y entrégate’, pero se han negado a hacerlo. Por lo tanto, no tenemos más remedio que cumplir con nuestro trabajo”.

Morgan reveló esa postura en CBS News, retomando una propuesta de “autodeportación” lanzada por el entonces candidato republicano Mitt Romney en 2012.

Morgan aconsejó a los inmigrantes indocumentados que se comuniquen con su oficina local de ICE, reúnan a su familia y “trabajen con la agencia” para deportarlos.

El jefe de ICE destacó que su agencia quiere defender los valores de “humanidad, compasión y dignidad” y defendió sus acciones contra extranjeros sin documentos. “Si estás aquí ilegalmente, entonces deberías ser expulsado”, dijo.

SANTA ANA, CALIFORNIA — Un número cada vez mayor de estadounidenses dice que la inmigración debería seguir igual o aumentarse, un cambio que se produce cuando la administración de Trump ha incrementado la aplicación de la ley de inmigración.

Un número cada vez mayor de estadounidenses dice que los niveles de inmigración deberían seguir siendo los mismos o aumentar, según una importante encuesta en EE.UU., un cambio que se produce a medida que la administración Trump aumenta la aplicación de la ley de inmigración.

Al mismo tiempo, los últimos datos de la Encuesta social general una encuesta ampliamente respetada que ha medido las tendencias de las actitudes estadounidenses desde la década de 1970 muestra una creciente división partidista sobre el tema durante la última década.

La encuesta de 2018 se publicó esta semana y muestra que el 34 por ciento de los estadounidenses desea que los niveles de inmigración se reduzcan, en comparación con el 41 por ciento en 2016, según un análisis realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos y el personal de GSS de AP-NORC.

Eso se compara con el 23 por ciento de los estadounidenses que quieren más inmigración, en comparación con el 17 por ciento en 2016. El 41 por ciento dice que quiere que los niveles de inmigración sigan igual.

Es la primera vez desde que la pregunta de la encuesta se hizo por primera vez en 2004 que más estadounidenses quieren que la inmigración siga siendo la misma que la reducción.

La encuesta se realiza cada dos años, y la pregunta se hizo por última vez antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo y dificultara a las personas emigrar a los Estados Unidos.

Trump _ quien hizo de la aplicación de la ley de inmigración una pieza central de su campaña electoral _ ha pedido en repetidas ocasiones un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y su impulso para obtener fondos del muro el año pasado llevó al gobierno federal a un cierre de un mes que dejó sin vida a cientos de miles de trabajadores gubernamentales.

La administración promulgó una prohibición de viajar para los ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, incluidos Irán y Yemen, que ha separado a muchas familias. Y los funcionarios el año pasado separaron a los padres inmigrantes de sus hijos para procesar a los transfronterizos ilegales, una medida que provocó una protesta internacional.

"Las personas son más tolerantes con la inmigración de lo que el presidente y la extrema derecha nos hacen creer", dijo Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en Irvine.

Según la encuesta, casi el triple de los demócratas que los republicanos quieren que se permita más inmigrantes en el país, mientras que los republicanos tienen más del doble de probabilidades que los demócratas de favorecer una menor inmigración.

Pero menos republicanos quieren una reducción en la inmigración que en 2016. En 2018, 52 por ciento de los republicanos dijeron que querían menos inmigración, en comparación con 62 por ciento dos años antes.

El cuarenta y cuatro por ciento de los demócratas dicen que quieren que los niveles de inmigración sigan siendo los mismos, mientras que el 34 por ciento quiere un aumento en la inmigración.

La encuesta que no distingue entre inmigración ilegal y legal también examinó los puntos de vista de los estadounidenses sobre el tema por raza. Alrededor del 41 por ciento de los blancos quieren una disminución en la inmigración, mientras que solo el 24 por ciento de los negros y el 22 por ciento de los hispanos dicen lo mismo.

Trump ha hecho de la inmigración un tema intensamente político, y también un problema de raza, dijo Manuel Pastor, director del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes de la Universidad del Sur de California.

"Trump está tratando de crear un Partido Republicano que se base mucho más en un electorado blanco más viejo en áreas no metropolitanas del país'', dijo Pastor. "Los demócratas están tratando de formar coaliciones políticas que tengan una base profunda en las áreas metropolitanas, y eso incluye a muchas más personas de color ''.

La encuesta social general se ha realizado desde 1972 por NORC en la Universidad de Chicago, principalmente mediante entrevistas personales.

Los tamaños de muestra para la encuesta de cada año varían de aproximadamente 1,500 a aproximadamente 3,000 adultos, con márgenes de error que caen entre más o menos 2.2 puntos porcentuales y más o menos 3.1 puntos porcentuales.

La encuesta más reciente se realizó del 12 de abril al 10 de noviembre de 2018 e incluye entrevistas con 2,348 adultos estadounidenses.

El número creciente de familias separadas en la frontera con México, agravado por los 1,500 niños que no han podido ser localizados, ha generado un profundo malestar en la comunidad inmigrante de EEUU, que organizará movilizaciones en todo el país para exigir el fin de estas prácticas.

Esta organización sin ánimo de lucro, junto a varias asociaciones en favor de los derechos de los inmigrantes, se manifestarán el próximo viernes en diferentes puntos del país para reclamar al Gobierno que cancele "de forma inmediata" esta medida, que consideran "atroz".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, reafirmó a principios de mes la nueva política que permite separar a los niños y padres que llegan ilegalmente a la frontera.

"Nuestro tiempo es ahora, las políticas de inmigración sobre la separación a propósito de niños son devastadoras, no podemos permitirlo, va contra los derechos humanos", dijo hoy en una conferencia de prensa la directora ejecutiva de MomRising, Kristin Rowe-Finkbeiner.

Una iniciativa que, según Nielsen, es una consecuencia directa de la política conocida como "atrapar y liberar" impuesta por los demócratas en la pasada administración, y que para el actual Gobierno es una decisión "muy dura" que debe afrontar por ello.

De acuerdo con el diario The New York Times, que citó fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), el Gobierno ha perdido el rastro de 1.475 menores que habían sido separados de sus familias en la frontera y entregados a familias de acogida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Algunos miembros de la Casa Blanca niegan que los menores estén "desaparecidos" y aseguran que, aunque no se ha podido contactar con ellos, "no existe ningún motivo para pensar que les ha pasado algo".

Sin embargo, en la jornada de hoy, Martiza, inmigrante procedente de El Salvador y madre de cuatro hijas, denunció que desde hace más de un mes, cuando cruzaron la frontera, desconoce el paradero y el estado de salud de la mayor de ellas.

La mujer explicó que al llegar a la frontera son tratados como "animales" y les separan de sus hijos, especialmente si estos han cumplido ya los 18 años.

"Todos somos padres, madres, que tratamos de proteger a nuestros hijos y eso es lo que buscamos, que vivan en paz, donde no haya más violencia, eso es lo que venimos a buscar y lo que no encontramos", manifestó Maritza entre sollozos.

Por ello, activistas como el reverendo William J. Barber II, instan a los legisladores a "dejar las palabras y pasar a la acción" para combatir el racismo en la sociedad ya que, para él, esta es la principal motivación de la medida.

En esta línea, la directora de la Alianza Nacional de Trabajadores y cofundadora de la campaña "We Belong Together", Ai-jen Poo, consideró que las decisiones migratorias están provocando "una verdadera crisis moral" en el país.

Poo advirtió que la situación para los migrantes en la frontera es cada vez más difícil, no solo por la separación de las familias, sino también por sucesos como la muerte de la joven guatemalteca Claudia Patricia Gómez Gonzáles, que murió la semana pasada en el área fronteriza debido a los disparos de un agente fronterizo.

El movimiento "Acción Nacional para las Familias Unidas" tiene previsto realizar varias acciones entre el 31 de mayo y el 1 de junio, en ciudades como Nueva York, Washington DC, Miami o San Antonio, en las que mostrarán su disconformidad contra "los abusos hacia las familias inmigrantes".

Alrededor de 200 migrantes centroamericanos de una caravana que enfureció al presidente Donald Trump llegaron el martes a la frontera entre Estados Unidos y México, donde muchos planean buscar asilo en Estados Unidos, según los organizadores.

La cobertura mediática de la caravana con destino a Estados Unidos desencadenó una oleada de tuits furiosos por parte de Trump, quien ordenó a miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México y llamó a México a detener a los migrantes.

Cuando el tema estalló en una disputa diplomática, los organizadores de la caravana la disolvieron.

Pero alrededor de 600 inmigrantes aún viajan más o menos juntos en trenes y autobuses. Los primeros dos autobuses serán seguidos por otros tres, dijo el organizador Irineo Mujica del grupo de derechos de migrantes People Without Borders.

"La mitad de ellos (los 600 restantes) planean quedarse en México. Los estamos ayudando a solicitar el estatus de refugiados aquí", dijo a la AFP por teléfono desde Hermosillo, a unos 270 kilómetros (165 millas) de la frontera, a donde acompañaba. migrantes restantes.

Alrededor de 200 migrantes buscarán asilo en los Estados Unidos, huyendo de la brutal violencia de pandillas o la persecución política en sus países de origen, dijo. A un puñado de ellos ya se les ha concedido asilo en Estados Unidos, dijo Mujica a la AFP.

Otros pueden intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

"Es difícil de decir, no te lo dicen (planean escabullirse de la frontera). Algunos lo harán, pero probablemente no ahora. Hay mucha presión debido a las tropas que Trump envió a la frontera", señaló.

La caravana es un evento anual que se celebra desde 2010 alrededor de la temporada de Pascua. Los activistas dicen que su objetivo principal es crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los migrantes, no cruzar la frontera.

Los lazos entre Estados Unidos y México se han tensado desde que Trump ganó la presidencia en 2016 gracias a una campaña de retórica antimexicana y promete construir un muro en la frontera de los dos países y hacer que México pague por ello.

Un juez de Estados Unidos ordenó hoy al presidente, Donald Trump, que reactive el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como “soñadores” o “dreamers”.

El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró “inexplicada” la derogación de programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue “ilegal”.
Bates dijo que la suspensión fue “arbitraria y caprichosa” porque el Gobierno “no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal”.

No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Gobierno de Estados Unidos de justificar por qué puso fin al programa.
Si no se presentan novedades relevantes, el Gobierno “deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones” pasados los 90 días, decidió el juez.

“Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios de DACA está expuesto a una deportación por una acción ilegal”, concluyó Bates.

La suspensión de DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales a los que se enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial de DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como “soñadores”.

En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.

Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.

WASHINGTON - La cancillería de El Salvador reiteró esta semana la solicitud para que Estados Unidos extienda prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 190 mil salvadoreños y que vence el próximo 8 de marzo de 2018.

“Hemos completado algunas de las últimas gestiones y llamadas, y el presidente Sánchez Cerén sostuvo una conversación bastante prolongada con la secretaria Nielsen para reiterar la solicitud de prórroga y para plantearle los elementos de los aportes de los compatriotas amparados con TPS”, afirmó el canciller de El Salvador Hugo Martínez.

Cientos de miles de salvadoreños que viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos desde hace casi dos décadas sabrán el 8 de enero si el gobierno de los Estados Unidos les permitirá permanecer en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), o enfrentar una posible deportación.

Los funcionarios federales otorgan el TPS a ciudadanos de ciertos países en casos de dificultades extremas generalmente desastres naturales o guerras que dificultan el regreso seguro de los inmigrantes de esas naciones. Como parte del proceso, el gobierno de EE.UU. revisa cómo está cambiando la situación y si ha mejorado lo suficiente como para levantar la protección del TPS. En otras palabras: ¿El país de origen se ha recuperado lo suficiente como para que sus ciudadanos en EE.UU. puedan regresar?

Y no hay un grupo más grande entre los países amparados actualmente por el TPS que El Salvador, con casi 200,000 beneficiarios y sus hijos.

También se encuentra entre los más longevos en la lista de países de TPS, habiendo recibido el estado especial en 2001 después de dos terremotos mortales.​

Reevaluaciones regulares

Estados Unidos tiene que justificar por qué el TPS se extiende cada vez. En una explicación del 8 de julio de 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (la oficina del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa esa política) dijo que "sigue habiendo una interrupción sustancial pero temporal de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001".

Eso hace que el país centroamericano "no pueda, temporalmente, manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales", según la nota del Registro Federal.

El gobierno de EE.UU. citó una recuperación lenta, debido en parte a los desastres naturales adicionales durante los 17 años desde la designación original y los efectos nocivos sobre la economía del país, una escasez de viviendas resultante que nunca se ha rectificado; la tasa de delitos violentos de El Salvador también está relacionada en parte con esas luchas económicas, según el USCIS. (La agencia citó un incidente de extorsión en marzo de 2016 en el cual las pandillas causaron una escasez de agua embotellada).

El caso de TPS de El Salvador es único por su gran volumen: 195,000 beneficiarios, que son padres de 192,700 niños ciudadanos de EE.UU. Como el TPS no confiere ningún camino a la ciudadanía, pero permite que las personas vivan y trabajen en EE.UU., legalmente, los casos a más largo plazo han creado una generación de familias de estatus mixto que ahora enfrentan un futuro incierto.

Los salvadoreños bajo el TPS también son parte de la economía de EE.UU. Como vicepresidente de desarrollo comercial de Shapiro & Duncan Mechanical Contractors en Rockville, Maryland, Mark Drury ha empleado a trabajadores salvadoreños en una variedad de puestos, "desde el nivel de gestión a nivel de campo".

Drury ya no puede obtener los trabajadores que necesita. "En este momento, podríamos contratar a 40 personas y no es suficiente para las necesidades que tenemos", dice. "Tenemos que rechazar trabajo todos los días porque no hay suficientes personas en la industria de la construcción. Sacar a más personas no es una buena solución ".

La decisión de terminar el TPS

Las administraciones republicanas y demócratas han implementado y terminado el TPS para algunos países. En los últimos meses de mandato del presidente Barack Obama, el gobierno determinó que varios países de África occidental que se incluyeron en la lista durante el brote de ébola se habían recuperado lo suficiente de la pandemia. Como resultado, miles de ciudadanos de Sierra Leona, Guinea y Liberia perdieron su protección contra la deportación en mayo de 2017.

En otro caso, la administración del presidente George W. Bush puso fin al TPS para la isla caribeña de Montserrat en 2005. Después de ocho años, el gobierno determinó que dado que las erupciones volcánicas que desencadenaron el estatus habían estado ocurriendo durante 20 años, y era probable que continuaran por décadas, el problema "ya no podía considerarse temporal", concluyeron.

La administración de Trump, sin embargo, ha adoptado una postura más dura sobre los asuntos relacionados con la inmigración, incluidas las políticas humanitarias como el TPS. Suspendió el programa para nicaragüenses, haitianos y sudaneses y pospuso una decisión sobre los hondureños hasta mayo. El DHS también tendrá que decidir a fines de enero sobre Siria y, más adelante, este año sobre Nepal, Yemen, Somalia y en 2019, sobre Sudán del Sur después de extender los beneficios de TPS para ese país el año pasado.

En los tres casos que ya decidió terminar, la administración de Trump ha dado a los afectados por lo menos 12 meses para que hagan arreglos. Para algunos, eso implicará tratar de obtener el estatus migratorio a través de otra vía; para otros, significará planificar un regreso a un país donde no han vivido durante años.

El caso de El Salvador

Poner fin o reducir drásticamente el TPS ha sido por largo tiempo un objetivo de los grupos que piden la reducción de extranjeros que vienen a EE.UU. Defensores de los beneficiarios de TPS dicen que los salvadoreños, por mucho el grupo más grande amparados por el programa, están tan integrados social y económicamente en los EE.UU. que poner en peligro su capacidad económica en este país, no tiene sentido.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., que apoya activamente a las comunidades de inmigrantes y refugiados, envió un equipo de personal de clero y política a El Salvador y Honduras en agosto para evaluar las condiciones para ambos países receptores del TPS.

"Aunque tanto El Salvador como Honduras han demostrado mejoras en sus esfuerzos de seguridad y protección gubernamental", la delegación señaló en un informe publicado en octubre, que "ninguna nación tiene la capacidad en este momento de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales si el TPS es no renovado".

El jueves, casi 400 líderes religiosos urgieron en una carta a la secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a extender el TPS a El Salvador por al menos otros 18 meses "ya que actualmente no cuenta con la infraestructura o las instituciones para manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos".

"Terminar el TPS para El Salvador separaría a las familias, tendría un impacto negativo en la seguridad regional y tendría consecuencias económicas y humanitarias negativas en El Salvador y Estados Unidos. Como personas de fe, imploramos que piensen en el imperativo moral de amar a nuestro prójimo, darle la bienvenida al extranjero y cuidar de los más vulnerables entre nosotros ".​


Ampliar,alargar la duración de alguna cosa por tiempo determinado:
han prorrogado el plazo de matrícula.
Aplazar,suspender:
no puedo prorrogar más mi marcha.
♦ Se conj. como llegar.

Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países

Durante un operativo de seis días de duración, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), arrestó a 55 extranjeros por diversos delitos en diferentes condados en el estado de Nueva York.

Las autoridades de inmigración destacaron que 42 de los 55 detenidos habían sido tomados en custodia por las autoridades locales y que posteriormente fueron identificados por inmigración, pero fueron liberados por sin considerar sus órdenes de detención y ni siquiera notificarles.

Diez de los arrestados eran fugitivos de inmigración o fueron deportados previamente de Estados Unidos.

Algunos de los individuos arrestados durante este operativo de ICE enfrentarán cargos federales por haber reingresado al país después de una deportación, un delito grave que se castiga hasta con 20 años de prisión.

Aquellos que no hayan sido enjuiciados penalmente serán procesados para su expulsión del país. Las personas que tienen órdenes pendientes de deportación o que han regresado al país después de haber sido deportados están sujetos a ser deportados inmediatamente del país.

"Los oficiales de deportación (ERO) están comprometidos a hacer cumplir las leyes de inmigración establecidas por nuestros legisladores", dijo Thomas Decker, director de la oficina de campo de ERO Nueva York.

"Cuarenta y dos de los 55 arrestados durante esta operación fueron liberados de la custodia de las autoridades en Nueva York con una orden activa de detención, lo que representa un mayor riesgo para los oficiales y la comunidad. Es importante que los residentes de la ciudad sepan que aunque la ciudad de Nueva York libera reclusos con orden de detención activa de ICE en su comunidad, ICE será diligente en su responsabilidad de encontrar a aquellos que vienen a Estados Unidos para atacar nuestras comunidades y finalmente ellos serán expulsados del país”, explicó Decker.

Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países que incluyen México, Jamaica, Ecuador, Honduras, Colombia, República Dominicana, Nigeria, Polonia, Egipto, entre otros.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tiene planes para aumentar “significativamente” sus operativos e investigaciones contra los indocumentados
""
Habrá más redadas en centros de trabajo, cortes y escuelas
Así lo promete el director del ICE, quien anuncia operaciones "en forma distinta".

Thomas Homan, director interino del ICE, informó durante un discurso que su agencia potenciará “su aplicación de la ley en lugares de trabajo”, por medio de arrestos a migrantes y medidas contra los empleadores que los contraten.

Padre e hijo con cáncer piden asilo político
“He revisado recientemente cuánto tiempo dedican los investigadores de seguridad nacional a la aplicación de la ley en lugares de trabajo, y ya he dado instrucciones de que quiero multiplicar ese tiempo por 4 o 5” aseveró Homan.

Indicó que “este año ya hemos incrementado el número de inspecciones y operaciones en lugares de trabajo, pero van a ver cómo eso aumenta significativamente este próximo año fiscal”.

Aseguró que las operaciones se realizarán de “forma distinta”, porque “no solo se procesará a los empleadores que han contratado a sabiendas, también vamos a detener y expulsar a los migrantes ilegales”.

De acuerdo con su sitio web, el protocolo de la agencia para operaciones en lugares de trabajo se concentraba e los procesos contra los empleadores, que se suele iniciar “antes de arrestar a empleados por violaciones civiles relacionadas con la inmigración”.

ICE arresta a uno de los 10 indocumentados más buscados
El titular confirmó que los agentes del ICE seguirán realizando operativos contra indocumentados en las inmediaciones de escuelas o en juzgados, pero no lo harán propiamente en los planteles ni en hospitales o iglesias, a menos que sea un casi excepcional, en los que haya una razón relacionada con la “seguridad nacional”.

Homan advirtió que los migrantes “deberían tener miedo” de ser detenidos y deportados, igual que la gente que va a exceso de velocidad o que “mienten en su declaración de impuestos”.

“Nunca se va a resolver la crisis en la frontera” declaró el funcionario. “Este presidente y esta Administración finalmente han permitido a los funcionarios de ICE hacer lo que se supone que tienen que hacer: aplicar la ley”.

También habló de las llamadas ‘ciudades santuario’, mismas que se niegan a colaborar con las autoridades para deportar a indocumentados. “Es incorrecto, porque lo que hacen es poner en mi radar a mucha gente que no estaba en mi radar. Me están obligando a hacer más operaciones en las comunidades”.

Congresistas boicotearán a Trump si sigue planes migratorios
La administración del presidente Donald Trump ha emprendido una lucha contra las ciudades santuario, a las que señala de complicidad con el crimen y ha intentado privarlas de fondos.

El titular del ICE también aseguró que el personal en la agencia está aumentando en Centroamérica para potenciar sus operaciones contra bandan delincuenciales, como la Mara Salvatrucha (MS13).

“Vamos a detenerlos en El Salvador, en México, porque una vez que estén aquí y se acojan a la cláusula de ‘miedo creíble’ (de amenazas en sus países de origen), se quedan aquí un buen tiempo hasta que podemos expulsarlos” detalló.

El jefe de bancada de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., John Cornyn, de Texas. y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, integran la Comisión Judicial del Senado que realizó una audiencia sobre DACA.

Autoridades estadounidenses dicen que miles de inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños enfrentan un plazo el jueves para renovar su estatus temporal.

Está en juego su capacidad de recibir permisos de trabajo y posible alivio de deportación bajo la Acción Diferida para Llegada en la Infancia, DACA, otorgados por la medida que la administración Trump decidió en septiembre eliminar dentro de seis meses.

Hasta el 4 de octubre, casi tres cuartas partes un 72% o 112.000 de los 154.000 "dreamers" elegibles habían presentado solicitudes de renovación de sus permisos de trabajo. Los restantes 38.000 tienen hasta el jueves 5 de octubre para presentarlos.

El plazo tiene lugar un día después que más de 100 soñadores fueron al Capitolio en Washington para presionar por una legislación bipartidista para proteger a los beneficiarios de DACA.

Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, ha expresado apoyo a una ley bipartidista.

“Nunca me he sentido mejor sobre la ley Dream de lo que me siento ahora. El plazo del 5 de marzo —la fecha en que expira oficialmente el DACA—nos va a hacer actuar, el fracaso no es una opción. Nunca he visto más apoyo bipartidista para la idea que en este momento. El pueblo estadounidense los ha escuchado. Comparte sus sueños y abrumadoramente apoya sus sueños”.

María Praeli, vino a EE.UU. cuando tenía 5 años.

“Yo y la gente detrás de mí, y los casi 800.000 dreamers tenemos un futuro muy incierto. Hemos aprobado un chequeo de antecedentes, nos han tomado nuestras huellas dactilares, hemos dado todo al gobierno en nuestra misión y hemos escuchado declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que los 11 millones son ahora prioridad para deportación. Y todos detrás de mí temen no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para nuestras familias”.

El evento del miércoles en el Capitolio tuvo lugar cuando los senadores se reunieron para la primera audiencia sobre el asunto desde el anuncio del mes pasado del presidente Trump de poner fin a DACA, programa que los republicanos han censurado como una medida inconstitucional aprobada por el entonces presidente Barack Obama.

Trump dio al Congreso seis meses para presentar una solución.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la "crisis humanitaria" de los miles de menores no acompañados que tratan de alcanzar territorio estadounidense e hizo un llamamiento a los padres centroamericanos para que no envíen a sus hijos a la frontera."Nuestro mensaje claramente es: no envíen a sus niños no acompañados en trenes o a través de una banda de coyotes", afirmó Obama en declaraciones a la cadena ABC. "Ni siquiera sabemos cuántos niños no lo consiguen y pueden haber acabado siendo víctimas de tráfico sexual o muertos porque se cayeron de un tren".

"No envíen a sus niños a las fronteras", insistió. "Si lo consiguen (llegar), serán deportados. Y lo que es más importante, puede que no lo consigan".

Según el departamento del Interior, más de 52.000 menores no acompañados cruzaron la frontera entre EE.UU. y México este año. La mayoría de ellos provienen de países centroamericanos.

Este mes, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas para hacer frente a la incesante llegada de menores indocumentados provenientes de Centroamérica y que ha desatado la crisis migratoria más grave de los últimos años.