Antes de entrar en vigencia la nueva ley SB1070,las familias se apresuran a salir de Arizona.
A mas tardar el jueves de esta semana se pone en vigencia una ley dura contra los indocumentados en ese estado fronterizo con México, una principal vía para el tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos.
La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, fuera de su departamento en el oeste de Phoenix.
A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.
"Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose", dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. "No Tenemos alternativa. Nos arrinconaron", agregó.
Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.
La ley, la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.
La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.
El Gobierno estadounidense estima que unos 100.000 inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.
Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.
En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.
El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.
Arizona es la principal ruta del tráfico de drogas y personas desde México hacia Estados Unidos.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.
Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.
La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.
La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, fuera de su departamento en el oeste de Phoenix.
A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.
"Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose", dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. "No Tenemos alternativa. Nos arrinconaron", agregó.
Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.
La ley, la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.
La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.
El Gobierno estadounidense estima que unos 100.000 inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.
Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.
En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.
El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.
Arizona es la principal ruta del tráfico de drogas y personas desde México hacia Estados Unidos.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.
Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.
La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.