En un comunicado enviado a los medios de comunicación este jueves 10 de noviembre, dos días después de la elección de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el director de DHS Jeh Johnson advirtió que los cruces de indocumentados subieron en octubre y que los centros de detención están a su máxima capacidad, por lo que ordenó que se consiga espacio adicional para los detenidos.

Johnson anunció que las diversas agencias fronterizas arrestaron a 46,195 personas en octubre en los puertos de entrada de la frontera sur, un aumento con respecto a los 39,501 de septiembre y los 37,048 de mayo. Añadió que también ha habido “los correspondientes” aumentos de llegada de niños solos e individuos en familias, así como personas pidiendo asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional aún no está en manos de Donald Trump, quien no tomará posesión hasta el próximo 20 de enero, pero su actual liderazgo advirtió, dos días después de las elecciones, que harán lo que esté a su alcance para deportar a los que traten de entrar al país sin papeles lo antes posible.

“He avisado a nuestro personal que debemos mantener el ritmo de este aumento”, dijo Johnson (indicando que hay, en este momento, 41,000 personas detenidas en centros que tienen capacidad para 31,000 a 34,000. Por tanto, agregó “he dado autorización a ICE -Agencia de Inmigración y Aduanas, para que adquiera más espacio para detener a adultos solos, para que los atrapados en la frontera sean devueltos a sus países lo antes posible”.

La difusión de este comunicado dos días después de las elecciones que favorecieron a un candidato “duro” y que ha prometido aún más deportaciones de inmigrantes que los casi 3 millones que llevó a cabo Obama, puede ser coincidencia, pero revela que el nuevo presidente recibirá un sistema abrumado por las evidentes fallas que en los últimos 25 años no han logrado detener la inmigración indocumentada a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en ello.

Johnson dijo que DHS y ICE seguirán manteniendo “las prioridades” de deportación de “indocumentados convictos de un delito grave y los arrestados en la frontera tratando de entrar”.

También dijo que ha sostenido conversaciones con “numerosos gobiernos” para que acepten “repatriar a sus ciudadanos más fácilmente, y han aceptado hacerlo”. Por el momento no hay detalles sobre cuales son esos países, pero Johnson hace poco estuvo en una visita oficial a México.

El año fiscal 2016 y el gobierno del presidente Obama termina como empezó, con las deportaciones arriba de 400,000 por año (408,870), los centros de detención llenos y los miles de millones que se gastan en protección fronteriza, incapaces de detener a quienes realmente ven una necesidad de escapar hacia el norte.

FY13 FY14 FY15 FY16
Niños sin compañía 38,759 68,541 39,970 59,692
Familias 14,855 68,445 39,838 77,674
Individuos 360,783 342,385 251,525 271,504
Total 414,397 479,371 331,333 408,870

PHOENIX (AP) — Decenas de manifestantes se congregaron en las afueras del capitolio estatal el lunes, portando carteles y enredándose a gritos, mientras legisladores de ambos partidos discutían la ley del 2010.

El senador demócrata Steve Gallardo dijo que va a presentar una propuesta para anular la ley, que dice es polarizante y ha dañado la reputación del estado.

"(La ley) no ha hecho nada para resolver los asuntos de inmigración en el estado de Arizona", dijo.

Legisladores republicanos, que celebraron su propio acto para reiterar su apoyo a la ley, dicen que la propuesta de Gallardo no prosperará en el Congreso local.

Un juez federal bloqueó la implementación de varias partes de la ley, incluyendo el requerimiento de que la policía, cuando hace cumplir otras leyes, interrogue a personas sobre su situación migratoria si sospecha que la persona está ilegalmente en el país.

Pero el juez permitió que otras secciones entraran en efecto, incluso una prohibición de que jornaleros ofrezcan sus servicios en las calles.

La apelación estatal del fallo ahora aguarda una revisión por parte de la Corte Suprema de la nación.

Los opositores demócratas de la ley están envalentonados por lo que dijo el autor de la ley de anularla y los llamativos intereses públicos en la aplicación de las leyes de inmigración.

La demócrata Catherine Miranda, legisladora por Phoenix, dijo que la ley ha dañado las oportunidades de atraer negocios al estado.

"Arizona continuará arrastrándose hacia la recuperación económica, pero sin revocar el proyecto de ley SB1070, quedaremos detrás de todo el país por nuestra reputación dañada", dijo.

Manifestantes en contra de la ley mostraron pancartas que decían "No a las redadas racistas. Todos los derechos para todos los inmigrantes" y coreaban "¡La 1070 debe de irse!".

A mas tardar el jueves de esta semana se pone en vigencia una ley dura contra los indocumentados en ese estado fronterizo con México, una principal vía para el tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos.

La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, fuera de su departamento en el oeste de Phoenix.

A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.

"Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose", dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. "No Tenemos alternativa. Nos arrinconaron", agregó.

Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.

La ley, la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.

El Gobierno estadounidense estima que unos 100.000 inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.

Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.

En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.

El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.

Arizona es la principal ruta del tráfico de drogas y personas desde México hacia Estados Unidos.

La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.

Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.

La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.