El tema de Siria y otros considerados urgentes en el Congreso de Estados Unidos podrían postergar la reforma migratoria un par de años, considera el congresista republicano Raúl Labrador.

"Tenemos la situación en Siria, tenemos la situación monetaria, la situación de lo que se llama el tope de la deuda, que es el límite de la deuda que tenemos en Estados Unidos", dijo el legislador en entrevista con Jorge Ramos para el programa Al Punto de Univisión.

"Todas estas cosas están avanzando; son las cosas que tenemos que hacer ahora inmediatamente", mencionó Labrador.

"Desafortunadamente, yo pienso que eso va a retrasar un poco el debate acerca de inmigración", advirtió.

Labrador fue entrevistado en la víspera del regreso del Congreso a sesiones este lunes, luego del periodo vacacional de legisladores en el verano.

Ramos dijo al congresista que si la reforma migratoria deja de proceder en 2013, para el siguiente año sería más difícil que avance, pues es año electoral.

"Estoy totalmente de acuerdo con usted", respondió el legislador. "Creo que si no lo hacemos ahora en 2013, no va a suceder en 2014; y eso significa que vamos a tener que esperar hasta 2015", comentó.

Dijo que pensaban debatir la reforma migratoria en octubre. "Pero ahora con los problemas internacionales que tenemos y también en la nación, no creo que vamos a poder tener este debate hasta noviembre. Y realmente no sé si en noviembre se va a poder hacer", anotó.

Labrador es uno de los pocos miembros de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes que podría influir para aprobar una reforma migratoria.

WASHINGTON, D.C.— El proceso de debate donde se pondrá a prueba la frágil coalición que sostiene el proyecto de ley para una reforma migratoria en el Senado está a punto de comenzar. Mientras tanto el Presidente Obama ha estado tratando de lograr consenso entre los legisladores en torno a la reforma migratoria.

El Senado en pleno comenzará a debatir el tema el próximo martes y se espera emitan su voto final antes del 4 de julio. Para abrir el debate y comenzar con las enmiendas a partir de ese día se requiere una votación con un mínimo de 60 senadores a favor.

El líder de la mayoría, Harry Reid (D-NV) considera que no habrá problema en conseguir ese número.

"El Presidente ha estado hablando con los senadores. Lo más importante es aprobar una legislación lo más fuerte posible. Nuestro enfoque es ese y sería grandioso si lo conseguimos con 75 votos", dijo la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Múñoz.

El senador John Cornyn (R-TX), ya ha dicho que presentará una enmienda al proyecto de ley aprobado por el Comité Judicial que básicamente supeditaría el proceso de legalización de unos 11 millones de indocumentados en el país, al control operacional de la seguridad fronteriza.

Grupos proinmigrantes ven la enmienda de Cornyn como un peligro serio para la sobrevivencia del proyecto de ley.

"Cualquier enmienda que en nombre del control de seguridad, minimice o elimine esto, ataca el corazón del proyecto de ley en el Senado y a los principios del Presidente", indicó Múñoz.

"Es razonable continuar la conversación sobre control de seguridad (fronteriza), pero es muy importante que cualquier producto que salga de esto, sea consistente con los principios básicos de una reforma migratoria, como el camino a la ciudadanía", dijo.

Cámara de Representantes negocia sobre la cobertura de salud de inmigrantes

En la Cámara de Representantes, un grupo bipartidista de legisladores se encuentra enfrascado en las negociaciones sobre inmigración y ayer el congresista Raúl Labrador (R-ID) se retiró de las discusiones, debilitando enormemente la fuerza y viabilidad del grupo.

Aunque lamentó la salida de Labrador, el congresista Luis Gutiérrez (D-IL) dijo que todavía existe un compromiso por parte de los otros miembros para presentar un proyecto de ley.

"Las discusiones siguen incluyendo el debate sobre si los inmigrantes podrán recibir cuidado médico durante el largo periodo en que esperen su ciudadanía", declaró.

"La visión del Presidente es que la gente debe tener la posibilidad de comprar cobertura en las nuevas bolsas de seguro médico creadas por el gobierno con su propio dinero. Eso es consistente con el proyecto de ley del Senado. En la Cámara de Representantes hay una discusión diferente, pero no hemos visto lenguaje legislativo sobre eso, por lo que no sé qué proceso delineará", explicó Cecilia Muñoz.

"Mi entendimiento es que una de las propuestas que estaban considerando era exigirle a la gente que no acceda a servicios pagados de cualquier manera con fondos federales. Esa es una posición más extrema que la nuestra".

"Las tarifas son más bajas de lo que anticipamos. Ya hemos visto el caso de California […] El punto de la reforma sanitaria era hacer del cuidado de salud algo accesible. La legalización es para proteger a la personas de deportaciones, integrarlos a la fuerza de trabajo", agregó.

En paralelo en la Cámara de Representantes, el Comité Judicial está considerando diversos proyectos de ley migratorios. Hoy se presentó uno nuevo destinado a fortalecer el control de la inmigración al interior del país. Entre otros puntos, reforzaría el sistema de monitoreo de visas y la política de deportaciones.

Múnoz indico que la Casa Blanca espera que el Congreso considere un proyecto de reforma migratoria antes del receso de agosto.

Cámara baja rechazó detener deportaciones de DREAMers

El ambiente para debatir una reforma migratoria con acceso a la legalización no parece propicio entre los congresistas.

En el debate por el presupuesto 2013 para el Departamento de Seguridad Interna (DHS) la asamblea aprobó ayer jueves una enmienda propuesta por el republicano Steve King (R-TX), la cual le niega fondos al gobierno para implementar la política de discreción en las deportaciones, y si bien el voto fue más simbólico que práctico, obligó a los congresistas a estampar su opinión en el récord legislativo.

Con ello quedó claro que será difícil encontrar el apoyo en el Congreso para un proceso de legalización: 224 legisladores votaron a favor y 201 en contra mientras, 13 no registraron su voto. Respaldaron la propuesta 221 republicanos y 3 demócratas.

A mas tardar el jueves de esta semana se pone en vigencia una ley dura contra los indocumentados en ese estado fronterizo con México, una principal vía para el tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos.

La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, fuera de su departamento en el oeste de Phoenix.

A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.

"Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose", dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. "No Tenemos alternativa. Nos arrinconaron", agregó.

Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.

La ley, la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.

El Gobierno estadounidense estima que unos 100.000 inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.

Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.

En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.

El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.

Arizona es la principal ruta del tráfico de drogas y personas desde México hacia Estados Unidos.

La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.

Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.

La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.

Este jueves otro discurso de la histria pendeja,la mentira piadosa de la reforma migratoria.

El presidente Barack Obama, pronunciará un discurso sobre la necesidad de una reforma exhaustiva del sistema de inmigración el próximo jueves, anunció este martes la Casa Blanca.

En un comunicado, la Casa Blanca indicó que el presidente hablará sobre "la necesidad de arreglar el sistema de inmigración", en un discurso en la Facultad de Diplomacia Internacional de la American University.

El anuncio se produce pocas horas antes de que el presidente estadounidense se reúna con el caucus hispano del Congreso para tratar sobre la reforma migratoria.

Aunque la Casa Blanca no lo precisó, se considera que en ese discurso el presidente podría anunciar formalmente la interposición de una demanda de su Gobierno contra la ley de inmigración de Arizona, que Obama ha denunciado como "mal concebida" y que puede dar pie a la discriminación racial contra los hispanos.

Obama se reunió el lunes con grupos a favor de la reforma, en un encuentro tras el cual la Casa Blanca anunció que el presidente pronunciaría un discurso sobre la necesidad de la medida, aunque no precisó entonces la fecha.

En esa reunión, el presidente estadounidense analizó con esos grupos las formas de recabar apoyo republicano en el Congreso para que la reforma pueda salir adelante.

Obama ha reiterado en varias ocasiones que necesita votos republicanos para llevar a cabo la reforma migratoria, una de sus promesas durante la campaña electoral, pues los votos demócratas en el Senado, 58, no son suficientes para garantizar la aprobación, algo para lo que se necesita un mínimo de 60 "síes".

En el encuentro del lunes, Obama reiteró su apoyo a la propuesta marco de los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham e insistió en que para garantizar la seguridad en la frontera se "requiere realmente una reforma migratoria integral".

Según el presidente, se necesita una propuesta que "aborde cuidadosamente la necesidad de asegurar más nuestras fronteras y pedir responsabilidades tanto a los trabajadores que están aquí ilegalmente como a los empleadores sin escrúpulos que esquivan el sistema".