WELLTON, Nuevo México, EE.UU.Nov,19 -- La Patrulla Fronteriza informó que sus agentes arrestaron a 18 personas que trataban de entrar con fardos de marihuana a Arizona desde México en días recientes. Un grupo de unos 12 traficantes fueron avistados en el Refugio Nacional Cabeza Prieta entre Yuma y Tucson el viernes. Los agentes arrestaron a 10 mexicanos y dos hondureños y confiscaron 224 kilos (469 libras) de marihuana.

El día siguiente los agentes capturaron a seis traficantes más en el mismo refugio y confiscaron 108 kilos de marihuana.

Los traficantes con frecuencia usan a grupos de inmigrantes para llevar fardos llenos de marihuana por los desiertos del sur de Arizona.

© 2013, La Prensa Asociada.

PHOENIX, Arizona.—A Joe Arpaio Una corte federal en Arizona ordenó al controversial sheriff del Condado de Maricopa a suspender sus operativos migratorios al dictaminar que son anticonstitucionales.

El dictamen, emitido el viernes por el juez federal G. Murray Snow, precisa que las disposiciones de Arpaio a sus agentes, en la Oficina del Sheriff sobre asuntos migratorios, violan la cuarta y catorceava enmienda constitucional.

El dictamen se da luego de que cinco residentes hispanos del Condado de Maricopa interpusieran en 2008 una demanda colectiva por violación de derechos civiles, al acusar a los agentes del sheriff de aplicar perfil racial para detener a hispanos e inmigrantes.

El fallo ordena a Arpaio suspender dichos operativos y le prohíbe "detener, retener y arrestar a los ocupantes latinos de un vehículo en el condado de Maricopa con base sólo en la sospecha razonable de que esas personas se encuentran en forma indocumentada en el país".

Las autoridades de Arizona investigan el caso del explosivo dirigido a la oficina del Alguacil Joe Arpaio. El artefacto fue enviado al despacho del sheriff pero debido a su contenido sospechoso, decidieron pasarlo por los rayos X. La unidad antibombas neutralizó el explosivo antes de que provocara algún daño. El alguacil de Arizona es conocido por su política severa contra los inmigrantes y ha sido objeto de varias acusaciones por violar los derechos civiles.

PHOENIX (AP) -- Un día después de que entró en efecto la parte más polémica de la ley de inmigración de Arizona, decenas de manifestantes protestaron el miércoles en distintas zonas de Phoenix contra una medida que, según los activistas por los derechos civiles, derivará en una discriminación racial sistemática. Alrededor de medio centenar de personas protagonizó por la tarde una protesta frente al edificio del servicio federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los manifestantes, congregados en una transitada avenida, corearon, "no tengo papeles, tampoco miedo". Carlos García, organizador de la protesta junto con el Movimiento Puente, dijo que su estrategia consiste en instar a la gente, independientemente de su estatus de inmigración, a que no coopere con los esfuerzos de las autoridades. Una residente de Tempe, Beatrice Jernigan, dijo que varios amigos, que se encuentran en el país sin permiso, tienen temor. "No saben lo que va a ocurrir; están más recelosos", dijo Jernigan. "Algunos padres que son inmigrantes indocumentados no permiten que sus hijos participen en actividades deportivas después de la escuela". La jueza federal de distrito Susan Bolton resolvió el martes que la Policía puede aplicar de inmediato la disposición llamada "muéstreme sus papeles". Ese artículo permite a los agentes, al aplicar otras leyes, preguntar la condición migratoria de las personas que sospechen están en el país sin autorización. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó en junio la medida, al considerar que no entraba en conflicto con la ley federal. Los críticos de la legislación respondieron pidiéndole a Bolton que bloqueara la disposición por diferentes motivos. Consideraron que su aplicación conllevaría un encasillamiento racial sistemático y una serie de largas detenciones de latinos sin motivo justificado. Bolton determinó a principios de mes que no bloquearía la medida y dijo que los que se oponen a la ley simplemente estaban especulando sobre la etiquetación racial y dejó la puerta abierta a apelaciones si las acusaciones pueden probarse. La Corte del 9no Circuito para Apelaciones sopesa una petición para suspender esa parte controversial de la ley.

Una niña de 6 años de edad, arrestada en Arizona por la Oficina del sheriff del Condado de Maricopa por sospecha de entrar ilegalmente en Estados Unidos permanece bajo custodia, dijeron las autoridades este lunes.

La niña que iba sin compañía fue detenida junto con otras 15 personas que viajaban en una camioneta a través del Condado de Maricopa la noche del viernes, horas después de que el presidente Barack Obama había anunciado la decisión de detener la deportación de algunos inmigrantes ilegales jóvenes.

La oficina del alguacil entregó a la niña al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y ahora se encuentra en "cuidado y custodia" del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dijo Amber Cargile, portavoz de ICE .

La niña dice que es de El Salvador, según un comunicado de la oficina del alguacil. Las personas en la camioneta planeaban viajar a una gran variedad de destinos en todo el país, incluyendo Nueva York, California y Texas, según la oficina del alguacil.

La mayoría de los detenidos estaban recluidos en la cárcel del alguacil, se agregó en el documento.

El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por su dura postura contra la inmigración ilegal, dijo la semana pasada que la nueva directiva del gobierno de Obama de no deportar a algunos de los jóvenes migrantes fue por motivos políticos.

Arpaio dijo que acatará la nueva medida, pero continuará haciendo cumplir las leyes estatales sobre la inmigración ilegal.

El cambio de la regla permitirá a las personas menores de 30 años que llegaron a Estados Unidos antes de los16 años, y que no representan una amenaza para la seguridad, y que sean estudiantes de éxito o sirvieron en el ejército, solicitar una prórroga de dos años para su deportación.

Sonya Hamasaki contribuyó con este reporte

PHOENIX (AP) — Decenas de manifestantes se congregaron en las afueras del capitolio estatal el lunes, portando carteles y enredándose a gritos, mientras legisladores de ambos partidos discutían la ley del 2010.

El senador demócrata Steve Gallardo dijo que va a presentar una propuesta para anular la ley, que dice es polarizante y ha dañado la reputación del estado.

"(La ley) no ha hecho nada para resolver los asuntos de inmigración en el estado de Arizona", dijo.

Legisladores republicanos, que celebraron su propio acto para reiterar su apoyo a la ley, dicen que la propuesta de Gallardo no prosperará en el Congreso local.

Un juez federal bloqueó la implementación de varias partes de la ley, incluyendo el requerimiento de que la policía, cuando hace cumplir otras leyes, interrogue a personas sobre su situación migratoria si sospecha que la persona está ilegalmente en el país.

Pero el juez permitió que otras secciones entraran en efecto, incluso una prohibición de que jornaleros ofrezcan sus servicios en las calles.

La apelación estatal del fallo ahora aguarda una revisión por parte de la Corte Suprema de la nación.

Los opositores demócratas de la ley están envalentonados por lo que dijo el autor de la ley de anularla y los llamativos intereses públicos en la aplicación de las leyes de inmigración.

La demócrata Catherine Miranda, legisladora por Phoenix, dijo que la ley ha dañado las oportunidades de atraer negocios al estado.

"Arizona continuará arrastrándose hacia la recuperación económica, pero sin revocar el proyecto de ley SB1070, quedaremos detrás de todo el país por nuestra reputación dañada", dijo.

Manifestantes en contra de la ley mostraron pancartas que decían "No a las redadas racistas. Todos los derechos para todos los inmigrantes" y coreaban "¡La 1070 debe de irse!".

Washington - El presidente de EE.UU., Barack Obama,recibirá hoy a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, con la que hablará sobre la ley de inmigración aprobada en ese estado y que convierte en delito el ser inmigrante indocumentado.

La reunión, a puerta cerrada, tendrá lugar después de que Obama haya criticado en numerosas ocasiones la ley de Arizona, conocida como SB-1070, que considera "mal encaminada" y que puede dar lugar adiscriminación.

Obama indicó que esa ley, y la posibilidad de que otros estados se sientan tentados de introducir también sus propias medidas migratorias, pone de relieve la necesidad de una reforma migratoria integral.

El presidente estadounidense dio instrucciones al Departamento de Justicia para que examine la ley y determine si hay base para llevarla a los tribunales por anticonstitucional, aunque hasta ahora ese órgano no se ha pronunciado.

La gobernadora se declaró dispuesta a "ver en los tribunales" cualquier intento de invalidar la ley, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, según las encuestas.

En declaraciones a la CNN el miércoles, Brewer aseguró que cuentacon "un historial bastante bueno" de éxitos en los tribunales.

La gobernadora también indicó que considera la reunión de hoy una oportunidad para explicar a Obama que "necesitamos seguridad en la frontera" y estudiar "cómo podemos colaborar para lograrlo".

"Necesitamos su ayuda... y la necesitamos ya", indicó Brewer que le dirá al presidente estadounidense.

Por su parte, la Casa Blanca indicó que en la reunión Obama abordará las medidas dispuestas para garantizar la seguridad en la frontera y "otros asuntos de interés común".

Según indicó un funcionario que habló bajo la condición del anonimato, "en los últimos 16 meses esta Administración ha dedicado recursos sin precedentes a cumplir la responsabilidad del Gobierno federal para garantizar la frontera suroeste".

La semana pasada, la Casa Blanca anunció el envío de 1.200 soldados de la Guardia Nacional para reforzar a la patrulla fronteriza, así como una dotación de 500 millones de dólares adicionales para mejorar la protección de esa línea de más de mil kilómetros.

Phoenix,Arizona.- La cantante colombiana Shakirav iajará mañana a Arizona para unirse a la lucha contra la ley estatal SB1070 que criminaliza a los indocumentados y solidarizarse con familias afectadas por esta medida, informó hoy la alcaldía de Phoenix.

De acuerdo con un comunicado, Shakira se reunirá con el alcalde Phil Gordon, así como también con activistas pro inmigrantes y oficiales de departamentos policiales.

Después de este encuentro, la cantante tiene programada una rueda de prensa y luego se reunirá con familias inmigrantes y estudiantes que se verán afectados con la entrada en vigor de ley estatal SB1070en el Centro para Jóvenes Carl Hayden de la capital estatal.

Los jóvenes relatarán a la intérprete sus historias personales y cómo los impactará la implementación de la ley estatal, prevista para agosto, en sus deseos de alcanzar el "sueño americano".

La ley estatal SB1070 es la primera en Estados Unidos que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados y otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policiales locales, entre otras disposiciones.

Gordon indicó que no ha abandonado la idea de presentar unademanda en contra del estado de Arizona por esta ley, esto a pesarde que ayer retiró la propuesta de la agenda del Concejo ante lafalta de apoyo por parte de sus miembros.

Dos grupos hispanos preparaban hoy querellas contra la nueva ley en el estado de Arizona, al sur de Estados Unidos, que convierte en delincuentes a los inmigrantes documentados y que el presidente de este país, Barack Obama, calificó como "mal encaminada".

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso ayer su firma en la norma, que refleja la impaciencia de su Estado y otros por la falta de una política inmigratoria clara y firme del Gobierno federal, lo que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados.

Obama ordenó al Departamento de Justicia de EE.UU. que estudie si esa legislación estatal viola las leyes federales de derechos civiles.

La nueva disposición legal autoriza a los cuerpos de policía del estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas de las que los agentes tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados.

El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) anunció que presentará una querella contra la norma y sostuvo que ésta "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país".

William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique esa ley.

Después de haber promulgado la normativa, la gobernadora de Arizona dijo: "No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas".

El Senado de la Asamblea estatal de Arizona aprobó este lunes en la noche un proyecto de ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, considerado el más duro de EEUU y que deberá ser vetado o ratificado por una gobernadora republicana.

El Senado de este estado fronterizo con México, el suroeste de Estados Unidos, aprobó la propuesta republicana por 17 votos contra 11. La iniciativa sólo espera por la firma de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien según sus simpatizantes apoya la medida.

La propuesta conocida como la ley 1070 permitiría a la policía local confirmar el estatuto migratorio con base en "sospechas razonables".

Esto justifica "exactamente por qué el gobierno federal debe actuar sobre la reforma migratoria", dijo el senador demócrata de Arizona Jorge Luis García.

Se calcula que en Arizona viven unos 400,000 inmigrantes indocumentados, que de acuerdo a esta ley podrían ser detenidos y deportados, entre otras medidas que criminalizan los vínculos con los inmigrantes sin papeles.

"Este proyecto de ley abre las puertas a la discriminación racial con la disposición que permite a un funcionario pedir los papeles de la ciudadanía, de alguien que sólo busca ilegales", agregó García.

La senadora demócrata local, Rebecca Rios, también reaccionó. "Esta medida no resuelve nuestros problemas de inmigración y sólo exacerba la crisis fiscal del Estado mediante el aumento de costos de encarcelamiento y los costos de aplicación de leyes de formación", dijo Rios.

Desde el lunes cientos de defensores de los derechos de los inmigrantes, activistas y religiosos comenzaron una vigilia frente a la casa de gobierno de Arizona, en Phoenix, para pedirle a la gobernadora Brewer que vete esta ley.

La ley propone también castigar a toda persona que contrate un ciudadano indocumentado o lo ayude transportándolo de un lugar a otro.