LAS COLINAS, El Salvador (AP) -- Los estudiantes desaparecieron un jueves, el 21 de junio, y le tomó a la policía salvadoreña casi tres semanas descubrir la fosa común donde sus restos fueron enterrados.
En la horrífica escena, el 11 de julio pasado, un investigador de la policía ocultaba su identidad tras un pasamontañas por temor a represalias, mientras sacaba los restos de uno de los jóvenes. El menor de los cinco escolares tenía 15 años. Una de las madres lloraba mientras los cadáveres eran extraídos junto con sobras de comida y cubiertos. Cuadernos escolares fueron hallados cerca.
Un reclutador de una pandilla, dijo el investigador policial, trató de convencer a los jóvenes de unirse al grupo criminal usando un método usual: ofreciendo una cena, pastel y refrescos.
Cuando se resistieron, dijo, fueron asesinados.
El general David Munguía Payés, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, Héctor Mendoza Cordero, confirmaron que los asesinatos fueron obra de la Mara Salvatrucha, ó MS-13, una de las pandillas salvadoreñas que junto con Barrio 18, frecuentan zonas escolares para reclutar estudiantes casi siempre a la fuerza.
Seis meses después de que el gobierno salvadoreño avalara una histórica tregua entre esos dos poderosos y archirrivales grupos criminales, para reducir la terrorífica tasa nacional de homicidios, altos funcionarios públicos hoy se encuentran divididos sobre si el acuerdo realmente funciona.
A principios de marzo, MS-13 y Barrio 18, se comprometieron a poner fin a los asesinatos y a los reclutamientos forzados a cambio de mejores condiciones para sus líderes, que han dirigido el accionar de ambas pandillas desde la cárcel. El gobierno transfirió a 30 jefes de cada pandilla de la cárcel máxima seguridad de Zacatecoluca, apodada "Zacatraz", a cárceles comunes, desde donde iban a impartir la orden de tregua para que sus subordinados en las calles la siguieran estrictamente.
Líderes de estas pandillas en Guatemala y Honduras están buscando que gobiernos de sus respectivos países avalen una tregua similar a ésta.
Pero el profesor Max Manwaring, del Instituto de Estudios Estratégicos de la universidad US War Army, en Pensilvania, dijo a The Associated Press que "la tregua es una verdadera farsa. Creo que las pandillas tienen todo el control y han venido operando fuera de las cárceles por años. Estas cárceles se han vuelto en universidades para los pandilleros por años y el gobierno, simplemente, se agarra de dónde puede. Todavía no tienen manera de controlar la mayor parte del territorio del país".
Carlos Ponce, criminólogo y politólogo de la Fiscalía General del Salvador, coincide: "las pandillas siguen operando, siguen las muertes, la violencia sigue galopando en el país, siguen los desaparecidos, mientras las pandillas avanzan en la estructura criminal. Yo apostaría mi dinero a que se siguen matando".
El Ministerio de Justicia salvadoreño dice que la cantidad de homicidios registrados bajó de enero a agosto de este año en 34% (1.894 muertos comparados con los 2.874 asesinados durante el mismo período en 2011). Las cifras del estatal Instituto de Medicina Legal también registran un descenso similar de homicidios a un 31% (2.839 muertos en 2011 a 1.949) en los mismos meses.
"Estas cifras son muy extrañas", dijo Ponce. "Ellos dicen que los asesinatos están bajando, niegan las desapariciones, pero el caso de estos cinco estudiantes es una prueba de que todo está todavía en curso. Es muy probable que las pandillas estén adoptando nuevas formas de operar. En lugar de dejar a sus muertos a la vista, están enterrando sus víctimas para ocultar los asesinatos".
El Ministerio de Justicia niega esa afirmación diciendo que sus cifras de desaparecidos se basan en casos investigados. Medicina Legal, por su parte, dice que ellos llevan un conteo de todas las denuncias de personas desaparecidas, pero que no tienen competencia para investigar los casos.
"En términos generales no hemos tenido un repunte", dijo el Ministro Munguía. "No hemos podido llevar un control estricto de la gente que se registra como desaparecida y los familiares no retiran las denuncias cuando la gente aparece".
"Yo no confió en las cifras que da el ministro Munguía, más parece que son una manipulación de cifras, pero al final es irrelevante el tema, los muertos están, los desaparecidos siguen", dice Ponce, el criminólogo de la Fiscalía.
El experto Manwaring duda de las cifras de homicidios: "No hay manera de contabilizarlas. De ninguna manera. Hay muchos lugares a los que funcionarios gubernamentales no pueden ir a investigar los homicidios porque las pandillas controlan el territorio".
El ministro Munguía reconoce que el asesinato de los cinco estudiantes no es aislado ni el único que involucra a las pandillas después de haberse suscrito una tregua que no incluía el abandono de la extorsión, los secuestros y el narcomenudeo en las barriadas pobres que controlan en ciudades y municipios.
Oscar Luna, Procurador de los Derechos Humanos, dijo que los asesinatos de los estudiantes han disminuido. A 22 de junio, la Policía Nacional Civil reportó 41 asesinados, frente a los 74 muertos en el mismo período en 2011. "La violencia sigue afectado de manera alarmante a la niñez, adolescencia y juventud", dijo Luna.
El facilitador de la tregua, el ex guerrillero del Frente Nacional Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Raúl Mijango, tiene su propia explicación. Dijo a la AP que "han surgido grupos de exterminios que están tratando de hacer ver mal la tregua, están matando pandilleros para crear conflictos entre ellos. El aumento de los desaparecidos es un argumento de los que quieren hacer fracasar la tregua, están matado a los miembros de las pandillas".
Agregó que 300 homicidios registrados desde marzo fueron perpetrados por esos grupos que no identificó. Las autoridades consultadas desconocen su existencia.
Barrio 18 y MS-13 tienen en sus filas a unos 50.000 jóvenes. Unos 10.000 pandilleros están presos, según la policía. Por años, la fuerza pública salvadoreña no ha podido contener la violencia de ambas pandillas, que ha afectado a las clases populares y media salvadoreña en un país de seis millones de habitantes.
Ambos grupos criminales nacieron en las prisiones de Estados Unidos y sus miembros fueron deportados por el gobierno de ese país en décadas anteriores.
Joel Nehemías Escalante Quevedo, alias La Rata, uno de los líderes del Barrio 18 que fue entrevistado por la AP en la cárcel de Quezaltepeque, dijo que la decisión de iniciar la tregua nació tras el incendio de un autobús en el municipio de Mejicanos.
Ese incendio, según las autoridades, dejó 13 víctimas luego de que pandilleros de la MS-13 dispararan indiscriminadamente contra los pasajeros e incendiaran el vehículo.
Según Escalante, los líderes de las pandillas creyeron que si no le ponían un alto a la violencia las acciones iban a escalarse "ya que nuestra gente estaba desordenada en las calles".
En una visita de la AP a la colonia Majucla, en el poblado de Mejicanos, lo primero que impresiona son los grafitos de sus paredes que anuncian que la zona se encuentra "en poder" de la MS-13. Si se entra, cualquiera se somete a sus leyes. Los pandilleros rivales no pasan por el lugar y la policía solo accede con unidades élite y casi siempre en la noche.
A pocas cuadras aparecen los primeros pandilleros. Salen como hormigas de sus escondites. Si conocen a la persona la dejan pasar, sino se separan, rodean al automóvil o a la persona. Hacen una requisa minuciosa y luego viene el interrogatorio: quieren saber la razón de la visita.
"Para poder comercializar sus productos, los vendedores de diferentes empresas pagan una cuota mensual, si lo hacen pueden trabajar y salir con vida, pero siempre lo están vigilando", dijo a la AP Juan Escobar, vendedor de refrescos. "Pero si quieren su sodas (refrescos), hay que dárselas, no se vayan a enojar".
Los vecinos dicen que los homicidios han bajado pero el terror sigue presente en estas zonas bañadas de miedo.
"Todavía vivimos un poco tensos, si, la verdad es que han bajado los homicidios, pero nos preguntamos hasta cuándo llegará esto de no matarse", dijo a la AP Domitila Martínez, de 53 años, que se dedica al comercio informal en Quezaltepeque, un poblado con fuerte influencia pandilleril, a 32 kilómetros de la capital. "No puedo hablar mucho, por esto me pueden matar, usted no sabe cómo son y mejor que no lo sepa. Los civiles que estamos entre las pandillas hemos aprendido a sobrevivir".
La supervivencia implica que los vecinos le sonrían a los pandilleros. Aparentan quererlos y les hacen compras de objetos específicos en lugares que no pueden visitar por sus tatuajes, o por el temor a ser capturados por la policía o muertos por las `clicas' (pandillas) rivales.
"A mi toca comprarles celulares cuando me lo piden y hacerle recargas (a móviles prepago)", dijo Martínez. "¿Qué puedo hacer, somos pobres, si salgo de Quezalte (Quezaltepeque)?, ¿A dónde voy, Apopa, Soyapango, Guazapa?, si están en todos lados, sólo tengo que sobrevivir".
"Lo que se hizo en El Salvador va bien y nos miramos en ese espejo", dijo a la AP un vocero de la pandilla Barrio 18 en una celda de alta seguridad de la Penitenciaria Nacional de Támara, en Tegucigalpa, y cuya identidad acordamos no revelar por solicitud del reo que teme represalias. "Podría funcionar aquí en Honduras también, quizás no de la misma manera pero sí a la nuestra. Estamos dispuestos a abrir un diálogo con el gobierno, pero con alguien de alto rango y siempre con un representante internacional de los derechos humanos como testigo".
"Hemos intentado hablar con ellos, con los de Gobernación, pero no les interesa", dijo a la AP Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias `El Lobo', vocero de Barrio 18 desde la cárcel de alta seguridad Fraijanes 1 de Guatemala. "Mira, nosotros propondríamos bajar el índice de violencia. Nosotros mandamos a hombres para que hablaran con este señorón en El Salvador".
El Secretario de Seguridad de la Organización para los Estados Americanos, Adam Blackwell, confirmó la existencia de una comisión oficial y pública encargada de negociar una tregua similar en Honduras, de la que es garante el secretario José Miguel Insulza.
Críticos de la tregua salvadoreña dicen que el interés de esas pandillas no debe sorprender pues le permite consolidar su poder en las prisiones. "Si bien puede parecer que ahora hay un número menor de cuerpos en calles, el nivel general de criminalidad no ha disminuido. Lo que es más, las estructuras de las pandillas se han vuelto más sofisticadas ", señaló Douglas Farah, en un escrito para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington DC.
Los estudiantes desaparecidos fueron identificados sólo por su primer nombre: Kevin Alexis, de 15 años, Jonathan Alexander, de 16, José Roberto, de 16, Fernando Alexander, de 18, y Jonathan B, de 18. La ley salvadoreña impide a la AP publicar los apellidos de las víctimas por ser menores de edad.
Los adolescentes fueron vistos por última vez cuando salían de la jornada vespertina del centro escolar Unión Centroamericana, ubicado en un concurrido sector de la ciudad de Santa Tecla, al oeste de la capital, según las autoridades.
Los cuerpos, encontrados en el barrio Las Colinas de esa ciudad, presentaban numerosas heridas de arma blanca en sus manos y brazos. Según el director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín, las puñaladas reflejan que los jóvenes se defendieron de sus atacantes, pero que los asesinaron el mismo día que los desaparecieron.
"Jamás pensé que mi hijo hubiera terminado así", dijo María, una de las madres, cerca de la fosa común localizada en una colina, mientras las lágrimas brotaban de su curtido rostro. "No entiendo, estos son unos salvajes, pero nadie quiere entenderlo, no hacen nada, pero este dolor le puede llegar a todos, son unos criminales".
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Los periodistas de The Associated Press Romina Ruiz-Goiriena en Guatemala y Alberto Arce en Honduras contribuyeron para este reportaje
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Romina Ruiz-Goiriena está en Twitter como: https://twitter.com/romireportsAP
© 2012, La Prensa Asociada.
SAN SALVADOR, El Salvador.-Tres presuntos pandilleros murieron al enfrentarse a tiros con una patrulla policial que acudió al rescate de un hombre que había sido secuestrado en una populosa comunidad de municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital.
