Se espera que el presidente Donald Trump firme una nueva orden ejecutiva el lunes con respecto a la inmigración y los viajes a Estados Unidos, luego que un tribunal federal bloqueara el intento previo del gobierno, informaron medios de comunicación estadounidenses.

Los detalles de la nueva orden no estaban disponibles hasta este pasado sábado. A principios de esta semana, sin embargo, The Associated Press informó que la nueva prohibición de viajar ya no incluirá a Irak en una lista de naciones de mayoría musulmana señaladas en la medida.

El sábado Trump se reunió en su residencia de Florida con miembros de su gabinete como el secretario de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly, su estratega jefe Stephen Bannon y el Fiscal General Jeff Sessions.

Fuentes del Gobierno señalan que Trump ha diseñado y definido mejor la nueva disposición.

Los tribunales federales bloquearon la prohibición del gobierno el pasado 27 de enero, lo que impidió temporalmente a los nativos de siete países Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen entrar a Estados Unidos.

La orden del presidente, aunque muy impopular en el extranjero, fue apoyada por aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses, según las encuestas publicadas poco después de que la medida se puso en marcha.

La orden también detuvo los programas de refugiados de los Estados Unidos. Trump citó las preocupaciones por el terrorismo como la principal razón para firmar la prohibición de viajar.

Demandas presentadas

Más de dos docenas de demandas fueron presentadas ante tribunales estadounidenses contra la prohibición, pero fue el Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, quien suspendió la orden ejecutiva del presidente, basado en un caso presentado por el estado de Washington.

La orden original causó el caos en los aeropuertos, mientras que los viajeros extranjeros, incluyendo residentes legales permanentes tenedores de la tarjeta verde, fueron impedidos temporalmente de entrar en el país.

Se espera que Trump firme el nuevo pedido en el Departamento de Seguridad Nacional. Los empleados del DHS fueron instruidos para trabajar desde su casa el lunes por la mañana.

WASHINGTON.-Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron la semana pasada a más de 680 personas que se encontraban en el país sin documentos, dijo el lunes el jefe de seguridad nacional, en una acción que ha alarmado a grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que la operaciones, realizadas en al menos una docena de estados, fueron procedimientos de rutina y son consistentes con operaciones regulares ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Activistas a favor de los derechos de los inmigrantes dijeron que las operaciones, que describieron como redadas, no son habituales y fueron más extensas que las realizadas durante el gobierno del ex presidente demócrata Barack Obama.

Kelly dijo en un comunicado que un 75 por ciento de los inmigrantes arrestados tienen antecedentes criminales, que varían desde homicidio a manejar bajo la influencia del alcohol.

Agregó que la operación también estuvo dirigida contra personas que violaron las leyes de inmigración.

Algunos habían ignorado las órdenes definitivas de deportación, según ICE, la agencia responsable del arresto y expulsión de inmigración.

Obama fue criticado por deportar a más de 400.000 personas en el 2012, más que cualquier otro presidente en un año.

En el 2014, el jefe de seguridad nacional de Obama emitió un memorando que ordenaba a sus agentes concentrarse en la deportación de inmigrantes indocumentados que hubiesen entrado recientemente al país o que hubiesen cometido delitos graves. Los inmigrantes que fueron arrestados por manejar bajo influencia del alcohol, por ejemplo, no eran una prioridad para las deportaciones.

En una conferencia de prensa con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno ha hecho "realmente un excelente trabajo" con los recientes arrestos de inmigrantes.

"En realidad estamos capturando a personas que son criminales, en algunos casos criminales muy, muy curtidos con extensos antecedentes de abusos y problemas", afirmó Trump.

(Reporte de Julia Edwards Ainsley y Kristina Cooke; Reporte adicional de Emily Stephenson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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El ICE aseguró que las acciones tienen como objetivo individuos concretos y aseguraron que es falso hablar de barridos en busca de indocumentados.

40 inmigrantes fueron detenidos en la ciudad de Nueva York en medio de un aumento de las redadas contra indocumentados en todo Estados Unidos , según dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump manifestó que está implementando mano dura con los indocumentados tal como lo anunció en su campaña presidencial.

La cifra figura en un documento oficial con fecha del sábado 11 de febrero y que fue filtrado a la prensa por activistas, cuya autenticidad confirmó una portavoz del ICE.

Las autoridades defienden a que las operaciones apuntaron directamente a "fugitivos" de los servicios de inmigración, personas que volvieron al país tras ser deportados y "criminales extranjeros en general".

Según el ICE, un 95 % de los detenidos tenían historiales delictivos y las acciones se centraron en personas que suponen una amenaza para la seguridad pública, "como criminales extranjeros con condenas y miembros de pandillas".

Las autoridades, sin embargo, incluyen también en ese grupo de personas peligrosas a "individuos que han violado las leyes de inmigración del país".

Para grupos de defensa de los inmigrantes, ese lenguaje "está claramente diseñado para confundir al público estadounidense y ponerlo en contra de los inmigrantes afectados por estas redadas", señaló en un comunicado la organización Make the Road.

"No se equivoquen: esta definición es lo suficientemente amplia para cubrir casi a cualquiera que vino a este país para sobrevivir, para alimentar a sus hijos o para huir de la violencia y la persecución ", advirtió la codirectora ejecutiva de Make the Road New York, que cuenta con más de 20.000 miembros.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, utilizó esa misma red social para expresar su total apoyo a todos los inmigrantes que viven en la ciudad, "documentados o indocumentados".

“Un ataque a los refugiados es un ataque contra todos nosotros. Nos oponemos a la orden ejecutiva del Presidente Trump”.


El grupo denunció la detención de al menos cinco inmigrantes mexicanos este mes en el distrito neoyorquino de Staten Island.

Otra organización, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), se declaró "horrorizada" por las "redadas y actividades" del ICE en la ciudad y acusó a las autoridades de poner a las comunidades inmigrantes "en estado de pánico".

"Estos arrestos no hace más que desgarrar familias, dañar nuestras economías y corroer los lazos de confianza que unen a nuestras comunidades, todo bajo el falso pretexto de la seguridad pública", señaló su directo ejecutivo, Steve Choi.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también dijo que este lunes en la noche dará mas información sobre ayuda a inmigrantes.

“Estamos luchando para asegurar que todos los neoyorquinos puedan quedarse neoyorquinos. Más en el estado de la ciudad de esta noche en vivo en Facebook.”

ICE

El ICE aseguró dará más detalles sobre las operaciones y los arrestados, algunos de los cuales se enfrentarán a procesos penales, mientras que otros serán deportados.

Las autoridades migratorias insistieron en que todas estas acciones tienen como objetivo individuos concretos y aseguraron que es falso hablar de barridos en busca de indocumentados o puestos de control en las calles.

"La atención de estas operaciones dirigidas es consistente con los arrestos rutinarios y dirigidos llevados a cabo por equipos de operaciones de fugitivos del ICE a diario ", señaló en un comunicado la portavoz de esta agencia Rachael Yong Yow.

La portavoz subrayó que el ICE no confirmará ninguna operación hasta que no esté completada ni especulará en ningún momento sobre futuras acciones.

San francisco,CaliforniaApple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay se han unido a la lucha contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados de siete países

Docenas de empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se han unido a la lucha

Según las empresas la orden del presidente “representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos.

Docenas de empresas tecnológicas, incluyendo a gigantes como Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se han unido a la lucha de los estados de Washington y Minnesota contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados de siete países predominantemente musulmanes impuesta por el presidente Donald Trump.

Las compañías presentaron escritos legales el domingo por la noche ante el tribunal de apelaciones del 9o. Circuito el mismo que está a cargo de la apelación del gobierno al fallo del juez que suspendió la prohibición asegurando que la orden ejecutiva de Trump afecta sus negocios.

Según las empresas 97 en total la orden del presidente “representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos por más de 50 años”.

“La Orden hace más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener algunos de los mejores empleados del mundo. Interrumpe las operaciones de negocios actuales y amenaza la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer grandes talentos, negocios e inversiones a Estados Unidos”, dicen en el escrito.

Aun peor, la prohibición va a obligar a los negocios a crear operaciones afuera de Estados Unidos, argumentan las empresas, entre las que también se incluye a Lyft, Pinterest, Yelp, Square, Reddit, Kickstarter, Github, Mozilla y Dropbox, entre muchas más.

El escrito también subraya que “inmigrantes o sus hijos fundaron más de 200 empresas de la lista Fortune 500, incluyendo Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing y Disney”.

“Los problemas que hacen la Orden Ejecutiva dañina a las empresas y sus empleados, también la hacen ilegal”, apuntan.

Las orden de Trump se aplica a viajeros y refugiados de Irak, Siria, Irán, Sudan, Libia, Somalia y Yemen, países que la administración asegura son un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente Trump ha dicho que trata de proteger a los estadounidenses al tiempo que asegura que él tiene la autoridad para decidir quién puede y quién no puede entrar al país.

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, anunció la deportación a su país natal del dominicano Domingo Ferreiras, residente en Hartford (Connecticut) y quien fue condenado por el robo de un bolso hace 12 años, después de llegar en 1980, siendo menor de edad.

Se le dio un plazo extra de 30 días para que se prepare. El caso de Ferreiras, está llamando la atención de los medios, redes sociales y activistas comunitarios, debido a que la esposa y una hija de Ferreiras, padecen de cáncer en el cerebro y el páncreas.

Él dijo que después de haber cometido el robo del bolso, se ha arrepentido cada día de su vida y que jamás, volvió a cometer ningún otro delito.

La repatriación de Ferreiras, acorde con un comunicado de la ICE, se había pospuesto en dos ocasiones para darle oportunidad a prepararse mentalmente y poner sus cosas en orden.

El dominicano que fue arrestado el miércoles y presentado en la Corte Federal de Connecticut, dijo que no tiene nada que le ate a la República Dominicana, donde no tiene ningún pariente ni conoce el ambiente.

Familiares y amigos, estuvieron fuera del tribunal dándole respaldo. La ICE no dijo cuándo será deportado, pero sería en los próximos días.

El abogado de Ferreiras, Fairlie Chester, dijo que el dominicano llegó a Estados Unidos en 1980, siendo un adolescente y que es un residente permanente desde esa fecha, pero se desconoce por qué nunca aplicó para naturalizarse ciudadano americano lo que hubiera evitado su deportación.

El periódico Journal Inquirer informó que la esposa de Ferreiras, Diane, tiene un tumor cerebral inoperable y su hija Baceida de 23 años, sufre de cáncer en el páncreas, por lo que está sometida a quimioterapia.

La esposa y los tres hijos adultos de Ferreiras nacieron en los Estados Unidos.

Pero él fue investigado a fondo por la ICE hace varios años, cuando alguien robó su identidad y cometió varios crímenes.

La policía determinó que Ferreiras no estuvo involucrado en los delitos, pero sus condenas por el robo en 2005, lo pusieron en manos de la policía migratoria.

Antes de eso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no habían tomado ninguna acción contra Ferreiras, a pesar de su culpabilidad, dijo su abogado.

Ferreiras estuvo por nueve meses en la cárcel

“Este es un resultado muy desafortunado para la familia de Domingo”, dijo el jurista. “Domingo es un gran trabajador y un hombre de familia”, precisó el abogado.

En el comunicado, la ICE alega que Ferreiras “es un peligro para la seguridad pública, debido a que cometió varios robos, que lo situaron en la categoría de criminal agravado, en virtud de las leyes de inmigración”.

El comunicado no detalla el récord de presuntos robos de Ferreiras, aunque él insiste en que el de hace 12 años, fue su único delito durante sus 30 años en Estados Unidos.

La ICE señaló que la orden de expulsión en 2015 para deportar a Ferreiras, se retrasó dos veces, en diciembre y enero, para permitirle poner sus asuntos en orden.

“ICE procederá a llevar a cabo la deportación ordenada legalmente”, dice el comunicado.

La Familia

Ferreiras le dijo al Journal Inquirer, que experimentó un milagro ayer jueves durante lo que él llama uno de los peores momentos de su vida.

Fue informado por las autoridades federales a finales del año pasado que iba a ser repatriado a la República Dominicana, una nación con la que dice, no tiene ninguna conexión.

Ferreiras es elegible para ser deportado porque él fue condenado por robo hace 12 años después de robar un bolso.

Toma analgésicos recetados debido a una lesión en el trabajo. Dijo que “no estaba en su sano juicio”, cuando cometió el robo, pero todavía siente el remordimiento todos los días.

A pesar de que se entregó a la policía poco después de haber cometido el robo y posteriormente mantuvo un registro limpio.

Ferreiras fue capaz de limpiar su nombre en relación con esos delitos, pero su convicción por el robo en 2005, apareció en el Banco de Datos de la ICE que lo arrestó en una redada contra inmigrantes legales e ilegales elegibles para ser deportados.

Originalmente iba a ser deportado a principios de diciembre, pero el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, intervino y a Ferreiras se le concedió una gracia de 30 días para que pudiera pasar las vacaciones con su familia en East Hartford.

Ayer jueves, Ferreiras se enfrentó a la realidad brutal de tener que dejar atrás a su esposa, hijos y nietos, todos nacidos en Estados Unidos.

“Fue lo desconocido y el suspenso, estaba muy confundido acerca de lo que venía. No sabíamos qué esperar porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar”, dijo Ferreiras.

Cuando llegó a la oficina de campo de la ICE en Hartford, recibió una reacción inesperada.

“Una señora se acercó a la mesa, ella estaba sonriendo, en una actitud totalmente diferente a la última vez que estuvimos allí. Le entregó un papel y le dijo que volviera en 30 días porque su caso está aún bajo revisión”, explicó su esposa.

La señora Ferreiras dijo que los funcionarios de la ICE no hicieron preguntas y no dieron ninguna información, pero su marido tenía lágrimas en los ojos.

Los 30 días son cruciales para la familia, porque Domingo está a cargo del cuidado de su esposa e hija. Ambas sufren también del síndrome de dolor miofacial, que debilita los nervios.

Domingo y Diane también tienen la custodia parcial de una nieta, la hija de de Baceida, para que puedan atender al niño cuando su hija ella está en el hospital.

Diane dice que su condición le impide a menudo que ella no pueda cuidar a su hija de 2 años de edad, sin la ayuda del padre.

La esposa dijo que planea someter una apelación antes que su marido se vea obligado a regresar ante las autoridades migratorias el próximo mes.

Ella no tiene el dinero para pagar un abogado privado para ayudarla en ese esfuerzo, y abrió una página GoFundMe para recaudar el dinero.

Se espera que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Connecticut, perdone a su marido, pero ya la junta se ha negado dos veces.

La esposa también quiere enfrentar las reacciones negativas del público a la historia de su familia, que frecuentemente se basan en conceptos erróneos de creer que la familia no es estadounidense o que viven de la ayuda del gobierno.

Dijo que estos conceptos equivocados, han dado lugar a insultos raciales contra su familia.

“Ya pasamos 30 días defendiéndonos nosotros mismos y que causó mucha ansiedad”, dijo.

Independientemente de cómo terminará la situación para los Ferreiras, ella asegura que están contentos porque se ha puesto de relieve una política que puede ser muy perjudicial para las familias estadounidenses promedio, respetuosas de la ley.

“Hay muchas razones por las que esto no debería estar sucediendo”, dijo ella. “Las leyes necesitan ser cambiadas o deben ser revisadas por lo menos”.

Carlos Giménez alcalde de Miami-Dade en Florida eliminó el jueves la posición del condado como "santuario" para inmigrantes

El presidente Donald Trump felicitó en Twitter la decisión del alcalde republicano Carlos Giménez

El alcalde de Miami-Dade en Florida, Carlos Giménez, eliminó el jueves la posición del condado como "santuario" para inmigrantes, ordenando a las cárceles cumplir con las solicitudes federales de detención de inmigrantes, informó el diario Miami Herald.

Giménez tomó la decisión por temor a que su condado deje de recibir millones de dólares por desafiar a las autoridades de inmigración, dice el diario.

El presidente Donald Trump, que el miércoles firmó una orden ejecutiva en la que amenazó con recortar los subsidios federales a los condados y ciudades que no cooperen plenamente con la Policía de Inmigración y Aduanas, elogió la decisión del alcalde Giménez en su cuenta de Twitter, horas más tarde.

"Alcalde Miami-Dade anula política de santuario. Decisión correcta. Fuerte!", tuiteó Trump, vinculando el mensaje con el link de la noticia.

Según el Miami Herald, desde el 2013, el condado se ha negado a detener indefinidamente a presos que están en el país ilegalmente y que son buscados por ICE, porque el gobierno federal no reembolsa completamente al condado por el gasto.

El diario aclara que Miami-Dade nunca se declaró “ciudad santuario”, y se ha resistido a que lo designen de esa manera desde el Departamento de Justicia incluyó al condado como un lugar santuario en un reporte en mayo de 2016.

Añade que, anticipando que Trump iba a tomar medidas severas contra lugares santuarios, el condado le pidió a las autoridades federales que reconsideran esa designación, pero todavía no se ha emitido una decisión al respecto.

“El Condado Miami-Dade cumple con las leyes federales e intenta cooperar completamente con el gobierno federal”, escribió Giménez, un republicano que asistió a la toma de posesión de Trump la semana pasada pero que votó por Hillary Clinton para la presidencia.

El alcalde prometió asociarse con la Junta de los Comisionados del Condado "para abordar cualquier tema necesario para cumplir esta orden”. Pero resulta que la comisionada del condado Sally Heyman es una demócrata, quien patrocinó la medida en 2013 que ordenó a Miami no llevar a cabo detenciones de inmigrantes cuyos gastos el gobierno federal no pagara, relata el artículo del Herald.

Según el diario, Heyman dijo que ya está trabajando en una propuesta para cambiar la posición del condado para que Miami-Dade no sea objeto de recortes de fondos federales.

“Es una situación terrible”, dijo Heyman, quien se reunió con las autoridades federales en Washington en diciembre, y a principios de este mes en Miami, para tratar a aclarar la postura de Miami-Dade.

Según cita el Herald, las autoridades de inmigración federales dijeron que ahora tienen suficientes instalaciones para albergar a los detenidos, de manera que podrían recogerlos de las cárceles locales en 48 horas, en vez de obligar al condado a cubrir los gastos de una detención prolongada.

NUEVA YORK,N.Y.-El decreto de Trump ordena al nuevo secretario de seguridad nacional, John Kelly, identificar maneras para detener el financiamiento de fondos federales a este tipo de ciudades. Trump firmó la orden junto a otro decreto para construir un muro a lo largo de la frontera con México, generando duras críticas por parte de demócratas y aplausos por parte de republicanos.

Además de prometer la construcción del muro, Trump tildó durante su campaña electoral de "criminales" y "violadores" a los inmigrantes mexicanos, e insistió en la necesidad de renegociar el tratado comercial que su país suscribió con México y Canadá.

Bill de Blasio,El alcalde de Nueva York dijo el miércoles que su ciudad seguirá protegiendo a inmigrantes sin autorización en clara respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump horas antes y que iniciaban el proceso para bloquear ayuda federal a ciudades que protegen a extranjeros que viven ilegalmente en el país.

"Esta orden no puede cambiar lo que somos. Somos una ciudad de inmigrantes", dijo de Blasio en español durante una rueda de prensa desde el ayuntamiento. "Protegeremos a todo el mundo independientemente de donde venga e independientemente de su estatus migratorio".

Nueva York es una de las consideradas "ciudades santuario" en el país, lo que significa que rehúsan a cooperar con autoridades migratorias para identificar y detener a inmigrantes no autorizados.

De Blasio fue uno de los que expresó decepción el miércoles, al decir que los fondos federales que dejaría de recibir Nueva York son dirigidos en su mayoría a la policía de la ciudad y por lo tanto, la municipalidad sería ahora menos segura. También destacó que la orden ejecutiva tira por los suelos años de grandes avances en la relación entre los inmigrantes y la policía, ya que los primeros confían más en las autoridades debido a la política de santuario.

"Cualquier medida que reduzca esa confianza nos hace un flaco servicio", dijo el comisionado de policía de la ciudad James O'Neill en la misma rueda de prensa.

De Blasio habló rodeado de activistas latinos y el congresista Joseph Crowley.

Las autoridades municipales dijeron que los fondos federales que podrían quedar bloqueados serían entre 150 y 160 millones que en su mayoría irían dirigidos al departamento de policía. También destacaron que la Corte Suprema dictaminó hace años que el gobierno federal no podía retener dólares que debería enviar a ciudades o estados simplemente por discrepancias en políticas migratorias.

Las medidas ejecutivas que Trump firmó el miércoles ordenan reactivar Comunidades Seguras, un programa federal descontinuado por el gobierno de Barack Obama que permitía al servicio de inmigración y aduanas retener a cualquier extranjero susceptible de deportación cuando el FBI verifica los antecedentes.

Nueva York se negó hace años a cumplir con ese programa a menos que el inmigrante haya cometido un crimen violento. Varias cortes federales han dictaminado que jurisdicciones locales no pueden retener a inmigrantes pasado su plazo en la cárcel solo porque autoridades federales lo han pedido.

De Blasio destacó el miércoles que es posible que la ciudad demande al gobierno federal si éste niega fondos a la municipalidad.

Nueva York.-Una gran cantidad de dominicanos residentes en Estados Unidos se verán afectados con el aumento de tarifas de trámites migratorios, anunciado el pasado mes por el gobierno norteamericano.

Dicho aumento entrará en efecto a partir del próximo 23 de diciembre, según lo presenta en su página web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Dicho aumento es el primero en seis años y representa un promedio de 21% para la mayoría de solicitudes. Entre los incrementos más destacados está la solicitud de ciudadanía que de $595 dólares pasará a $640 dólares, para un aumento de $45.

El formulario para solicitar el ajuste de estatus o residencia permanente aumentará de $985 a $1.140 dólares, $155 más. De igual manera, el permiso de trabajo subirá de $380 a $410 dólares, para un aumento de $30.

Cabe mencionar que el USCIS ha establecido el perdón del pago o un pago reducido para los solicitantes que califiquen, según sus ingresos. Cualquier llamada relacionada, contactar el Centro Nacional de Servicio al Cliente: 800-375-5283.

Por Ramón Mercedes

Tras triunfo de Trump alertan sobre estafas migratorias

El miedo por las promesas de campaña de deportar a indocumentados puede llevar a muchos a caer en manos de falsos abogados

El triunfo de Donald Trump ha generado gran inquietud entre muchos hispanos que todavía no han podido resolver su estatus migratorio. Y ante la posibilidad de que el desespero los lleve a caer en manos de abogados inescrupulosos o notarios que se aprovechan del miedo de los inmigrantes, activistas están haciendo un llamado de alerta.

La abogada de inmigración de Se Hace Camino Nueva York (MRNY), Lara Miranda-Gaffar, dijo que desde que Trump salió como el presidente electo, mucha gente ha llamado a su oficina con dudas.

“Definitivamente hay un miedo porque la decisión no era necesariamente esperada y puede ser un detrimento para nuestra comunidad”, expresó Miranda-Gaffar. En su campaña electoral Trump prometió tomar decisiones anti-inmigrantes como deportar a todos los indocumentados.

Pero la preocupación mayor para Miranda-Gaffar es que las personas caigan en la trampa de la “ley de 10 años”. Esta estafa es cuando un abogado dice que si has vivido 10 años o más en este país calificas para conseguir un “green card”, cuando en realidad están solicitando para asilo político el cual es difícil de comprobar.

Este tipo de engaño hace que un inmigrante tenga que pasar por entrevistas de Inmigración innecesarias, que los ponen en más alto riesgo de ser deportados.

MRNY está recomendando además que alguien que no haya solicitado a DACA antes, no lo haga ahora. “Con una renovación sería sabio consultar con un abogado de inmigración porque la respuesta depende del individuo”, añadió Miranda-Gaffar.

La mejor manera de no ser víctima de una estafa, es asegurándose que estás pidiendo consejos a un abogado legítimo y honesto. Llamando al 311, puedes conseguir una consulta de cuál es la oficina más cercana de Acción NYC, una iniciativa del la Alcaldía para ofrecer mejor ayuda migratoria.

Recomendaciones para no ser víctima de una estafa:

• Nunca pague una cuota para acelerar una solicitud. Los individuos no pueden acelerar su solicitud por dinero.
• Nadie puede garantizar que será aprobado para beneficios específicos. Si alguien presenta una garantía de este tipo, no emplee sus servicios.
• Sólo los abogados o servidores acreditados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) pueden dar consejos sobre qué formulario debe presentar para solicitar a un nuevo programa.
• A pesar de que muchos notarios públicos son abogados en los países de habla hispana, en Estados Unidos no lo son. No los contrate a ellos para pedir consejo legal.
• Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, usted debe entender y estar de acuerdo con lo escrito.
• Si un formulario no está escrito en su idioma, y no lo ha entendido, no lo firme.
• Cualquier cosa que firme y que sea cierta y exacta puede ser considerado un acto fraudulento por el USCIS, y esto va a tener repercusiones graves.
• Siempre es más seguro pagar por cualquier servicio que obtenga con money order, cheque o tarjeta de crédito.
• No pague con dinero en efectivo y siempre pida un recibo de todas las transacciones.

Para reportar quejas relacionadas con los servicios de inmigración, puede contactarse con los siguientes números:

• Línea contra el fraude del servicio de inmigración de la Fiscalía General: (866) 390-2992 o visite la página Civil.Rights@ag.ny.gov.
• Unidad de asuntos de inmigración de la Fiscalía de Manhattan: (212) 335-3600
• Línea de ayuda para inmigrantes defraudados Fiscalía de Brooklyn: (718) 250-3333
• Oficina de asuntos para inmigrantes de la Fiscalía de Queens: (718) 286-6690
• Unidad para asistencia de víctimas de crimen Fiscalía de El Bronx: (718) 590-2115
• Para obtener referidos para ayuda legal: (800) 566-7636
• Para someter una queja en contra de un servidor de servicios de inmigración llame al 311
• Para confirmar si alguien está licenciado como abogado en el estado de Nueva York: (212) 428-2800
• Información sobre asesoría de inmigración puede llamar a la línea caliente de la Oficina del Estado New Americans: (800) 566-7636.

Aquí Estamos y No Nos Vamos

En un comunicado enviado a los medios de comunicación este jueves 10 de noviembre, dos días después de la elección de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el director de DHS Jeh Johnson advirtió que los cruces de indocumentados subieron en octubre y que los centros de detención están a su máxima capacidad, por lo que ordenó que se consiga espacio adicional para los detenidos.

Johnson anunció que las diversas agencias fronterizas arrestaron a 46,195 personas en octubre en los puertos de entrada de la frontera sur, un aumento con respecto a los 39,501 de septiembre y los 37,048 de mayo. Añadió que también ha habido “los correspondientes” aumentos de llegada de niños solos e individuos en familias, así como personas pidiendo asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional aún no está en manos de Donald Trump, quien no tomará posesión hasta el próximo 20 de enero, pero su actual liderazgo advirtió, dos días después de las elecciones, que harán lo que esté a su alcance para deportar a los que traten de entrar al país sin papeles lo antes posible.

“He avisado a nuestro personal que debemos mantener el ritmo de este aumento”, dijo Johnson (indicando que hay, en este momento, 41,000 personas detenidas en centros que tienen capacidad para 31,000 a 34,000. Por tanto, agregó “he dado autorización a ICE -Agencia de Inmigración y Aduanas, para que adquiera más espacio para detener a adultos solos, para que los atrapados en la frontera sean devueltos a sus países lo antes posible”.

La difusión de este comunicado dos días después de las elecciones que favorecieron a un candidato “duro” y que ha prometido aún más deportaciones de inmigrantes que los casi 3 millones que llevó a cabo Obama, puede ser coincidencia, pero revela que el nuevo presidente recibirá un sistema abrumado por las evidentes fallas que en los últimos 25 años no han logrado detener la inmigración indocumentada a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en ello.

Johnson dijo que DHS y ICE seguirán manteniendo “las prioridades” de deportación de “indocumentados convictos de un delito grave y los arrestados en la frontera tratando de entrar”.

También dijo que ha sostenido conversaciones con “numerosos gobiernos” para que acepten “repatriar a sus ciudadanos más fácilmente, y han aceptado hacerlo”. Por el momento no hay detalles sobre cuales son esos países, pero Johnson hace poco estuvo en una visita oficial a México.

El año fiscal 2016 y el gobierno del presidente Obama termina como empezó, con las deportaciones arriba de 400,000 por año (408,870), los centros de detención llenos y los miles de millones que se gastan en protección fronteriza, incapaces de detener a quienes realmente ven una necesidad de escapar hacia el norte.

FY13 FY14 FY15 FY16
Niños sin compañía 38,759 68,541 39,970 59,692
Familias 14,855 68,445 39,838 77,674
Individuos 360,783 342,385 251,525 271,504
Total 414,397 479,371 331,333 408,870

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del 23 de diciembre y representa el primer aumento en seis años.

Si tiene pendiente algún trámite migratorio en Estados Unidos y no quiere ver afectado su bolsillo es mejor que lo haga cuanto antes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó este lunes en el Registro Federal la lista con las nuevas tarifas de la mayoría de formularios para solicitar algún tipo de beneficio migratorio.

El aumento es el primero en seis años y representa un promedio de 21 por ciento para la mayoría de solicitudes.

Entre los aumentos más destacados están la solicitud para la ciudadanía que presentará un aumento de $45 dólares, es decir pasará a costar de $595 a $640 dólares.

El formulario para solicitar el ajuste de estatus o residencia permanente aumentará de $985 a $1.140 dólares. De igual manera, la solicitud para el permiso de trabajo también subirá de $380 a $410 dólares.

Cabe mencionar que el USCIS ha establecido el perdón del pago o un pago reducido para los solicitantes que califiquen, según sus ingresos.

El aumento es necesario para recuperar los costos totales de los servicios provistos por USCIS. Esto incluye los costos relacionados a la detección de fraude y seguridad nacional; servicio al cliente y procesamiento de casos; y proveer sin cargos a solicitantes de refugio y asilo y a otros clientes elegibles a exenciones de tarifas.

El director del USCIS, León Rodríguez, remarcó que el aumento de tarifas es necesario para seguir ofreciendo los servicios que presta el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.

“Estamos conscientes del efecto que tiene el aumento de tarifas en los clientes que servimos. Es por esto que decidimos en contra de aumentar las tarifas según fue recomendado después de las revisiones de tarifas de los años fiscales 2012 y 2014. Sin embargo, al ser una agencia que depende de las tarifas de los usuarios para operar, estos cambios ahora son necesarios para asegurar que podamos continuar prestando servicios a nuestros clientes de manera efectiva”, manifestó Rodríguez.

La banda era considerada como una de las más importantes en este país, y fue desarticulada en la en la frontera con Ecuador.

Así lo informaron las autoridades colombianas, que realizaron las investigaciones.

"En el operativo, que se llevó a cabo en diferentes sectores de la ciudad de Ipiales, se logró la desarticulación de una de las redes más importantes del tráfico de migrantes del sur del país, denominada Los Coyotes", indicó Migración Colombia en un comunicado.

"Esta red se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros en la zona de frontera con Ecuador y los ingresaba, de forma irregular, en horas de la noche y la madrugada, por más de 60 pasos no formales que existen entre los dos países", precisó el texto.

La red se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros en la zona de frontera con Ecuador y los ingresaba de forma irregular.

Las pesquisas contaron con el apoyo del Departamento de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. La banda denominada "Los Coyotes", estuvo involucrada en la movilización irregular en el país de más de 2.000 extranjeros durante 2016.

Con el apoyo de Estados Unidos, cayó una presunta red de tráfico de migrantes en Colombia.

Las pesquisas contaron con el apoyo del Departamento de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

Esta ayuda le permitió a las autoridades "identificar una nueva modalidad para el transporte irregular de extranjeros, la cual consistía en esconder a los traficados entre mercancía y movilizarlos en camiones de carga, que partían desde Ipiales hasta la ciudad de Medellín".

Según las pesquisas, Los Coyotes estuvieron involucrados en la movilización irregular en Colombia de más de 2.000 extranjeros en lo que va del año, que fueron detectados en diferentes carreteras del país.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Mientras prepara un coctel de frutas en su puesto ambulante en una exclusiva zona residencial de Santo Domingo, Cresnel Ceus sonríe cada vez que comentaba a sus clientes que luego de ocho años por fin viajaría a su natal Haití con sus hijos a que conocieran a sus padres.

"Mis hijos van a conocer Haití", decía el hombre de 37 años, tez morena y anchas espaldas, padre de una niña de ochos años y un niño de seis, nacidos en República Dominicana.

Pese a haber nacido en suelo dominicano, sus hijos no tienen la nacionalidad del país porque la Constitución no la otorga los descendientes "de los extranjeros en tránsito", como era el caso de Ceus y su esposa.

Como miles de haitianos, la pareja había vivido y trabajado desde 2000 en el país sin permiso migratorio y con el temor a ser deportados, pero ahora es uno de unas 184.000 personas que lograron la residencia temporal bajo un programa de regularización del gobierno.

Para quienes lograron cumplir los requisitos y solicitar la residencia con base en documentos en un lugar donde es difícil conseguirlos, la vida se ha vuelto más fácil.

"Todo está bien ahora", dijo Ceus blandiendo la copia de su nueva tarjeta de migrante, algo en lo que coincide Washington González, viceministro de Interior, quien dijo a The Associated Press que "no habrá absolutamente ningún inconveniente" este año a quienes viajen con la residencia temporal y que podrán regresar sin peligro a ser detenidos o extorsionados por traficantes de personas.

Pero unas 300.000 personas enfrentan un futuro incierto: aquellos que hace décadas viven en el país y no cumplieron con los requisitos para obtener la residencia, o no pudieron conseguir la documentación requerida como un certificado de nacimiento de Haití o documentos que mostraran que habían vivido en República Dominicana desde antes de octubre de 2011.

El programa de residencias temporales fue creado luego de que el Tribunal Constitucional dominicano decidiera, en una polémica sentencia, ordenar a las autoridades a abrir juicios y anular la nacionalidad de las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007, de padres extranjeros que no tuviesen permiso de residencia legal.

Este proceso de desnacionalización generó críticas de organismos de derechos humanos, que estimaron que unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos quedarían apátridas. En respuesta a la presión internacional, el gobierno aprobó una ley para reconocer la nacionalidad de quienes estuviesen inscritos en el registro civil y creó un programa paralelo de regularización a fin de reconocer la nacionalidad a quienes estuviesen inscritos en el registro civil.

Aunque el gobierno ha insistido en el éxito del programa, menos de la mitad de las 524.000 personas, en su mayoría de descendencia haitiana, calificó para obtener el permiso de estancia temporal.

El plazo para solicitar la residencia expiró en junio pasado. Desde entonces, el gobierno ha advertido de forma reiterada que los extranjeros que no cuenten con un permiso migratorio deberán abandonar el país o que serán detenidos y repatriados.

Las advertencias ya tuvieron efecto: los dos meses posteriores al vencimiento del plazo para hacer la solicitud, más de 70.000 personas se fueron de forma voluntaria a Haití, según la Dirección de Migración, y que 5.000 más fueron deportados por las autoridades.

Para quienes nunca estuviesen inscritos en el registro civil, como los hijos de Quezada, el gobierno abrió un proceso para documentarlos como extranjeros, pero sólo se inscribieron unos 9.000 de los 60.000 que se estima se encuentran en esa situación. (Creo que este párrafo es indispensable para que se entienda lo que dice Chiara Ligouri en la siguiente cita).

"Nos preocupa qué va a pasar con esas personas", dijo en una reciente entrevista Chiara Ligouri, investigadora de Amnistía Internacional para el área del Caribe. "Esas personas siguen en situación de indocumentados, no tienen ningún tipo de nacionalidad".

Es el caso de Martina Quezada, nacida en Haití en 1975, y que pese a que ha vivido en un barrio al oeste de Santo Domingo desde que era niña, no logró reunir los documentos exigidos en el plan de regularización.

Cuatro de sus cinco hijos, todos nacidos en República Dominicana y con edades que oscilan entre los 15 y 20 años, carecen de registro alguno porque Quezada nunca los registró pues carecía de documento de identidad y el padre, a su vez, no los registró.

Sólo su hijo mayor, de 22 años, tiene documentos de identidad pues fue registrado al nacer por su papá dominicano.

"Me quedé afuera, ahí se quedó la inscripción", dijo Quezada mientras vende carne y plátano fritos en un improvisado local frente a su casa de madera y zinc en el populoso barrio de Los Alcarrizos.

La falta de documentos ha impedido que sus hijos terminen de estudiar la primaria y accedan a trabajos formales y ahora también los pone en peligro de que eventualmente sean detenidos por agentes migratorios y expatriados.

Como alternativa, Quezada debía presentar documentos de identidad emitidos por Haití y aunque dice que realizó el trámite a tiempo ante la Embajada de Haití y así obtener copia de su acta de nacimiento, una credencial de identidad y su pasaporte, la sede diplomática aún no le ha entregado documento alguno.

"Me traen vuelta y vuelta; me dicen que me van a llamar, pero no me llaman", lamenta la mujer, quien no sólo necesitaba el documento para tramitar su permiso de residencia sino también para registrar a sus hijos.

El plazo para la emisión de los documentos por parte de la embajada haitiana vencía 22 días después de iniciado el trámite, pero "ya han pasado 18 meses y no nos entregan nada", dijo Christophe Leonard, vocero de un grupo de organizaciones de inmigrantes haitianos que ha encabezado varias protestas frente a la sede diplomática.

El gobierno haitiano creó este programa especial para la emisión de documentos a un costo de 22 dólares pero Leonard dice que unos 98.000 haitianos realizaron el trámite, y que en conjunto representan pagos por 2,1 millones de dólares, pero la Embajada sólo ha emitido pasaportes a unas 1.500 personas.

Ceus, el vendedor de fruta, estima que invirtió unos 500 dólares, para tramitar los documentos que las autoridades le exigían a fin de obtener la residencia temporal. El dinero lo sacó de una liquidación de un trabajo como vigilante de un edificio y que perdió porque entonces no tenía residencial legal en el país.

"Uno pasó mucho trabajo, pero ya tenemos los papeles", dice sonriente en su puesto ambulante localizado en una esquina cercana a la casa del presidente dominicano Danilo Medina.

© 2016, La Prensa Asociada.

SAN ANTONIO, Texas, EE.UU.-Un centro de detención del sur de Texas ha bloqueado el acceso de varias madres inmigrantes retenidas a asesoría legal a las mujeres y las ha obligado a llevar grilletes electrónicos en los tobillos como condición para liberarlas, aun cuando jueces han dejado claro que pagar sus fianzas sería suficiente, según dijeron el martes abogados que representan a las mujeres.

Dirigentes de un grupo de voluntarios dijeron estar consternados por "la falta de transparencia, y por la desorganización, coacción y confusión" reflejada en las liberaciones recientes, según una carta enviada el lunes a Sarah Saldaña, directora del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Entre las irregularidades que enumeran destacan citaciones escritas a mano en papel amarillo adhesivo para que las mujeres comparezcan en tribunales, la ausencia de abogados defensores o jueces en las cortes, y que se diga a mujeres que cualquier pronunciamiento previo de los jueces de inmigración "carece de valor".

El ICE revisará las acusaciones y "responderá directamente" a los abogados, dijo en un comunicado la vocera del ICE Gillian Christensen. "El ICE se toma muy en serio la salud, seguridad y bienestar de aquellas personas a nuestro cuidado".

Entre 70 y 100 mujeres fueron llamadas a comparecer la semana pasada en el centro de detenciones de Dilley, de 20 hectáreas (50 acres), y funcionarios del ICE les dijeron que podrían salir en libertad sin pagar fianza si aceptaban llevar los dispositivos electrónicos en el tobillo, de acuerdo con la moción presentada por R. Andrew Free, un abogado de Nashville que trabaja con el Proyecto Pro Bono CARA para Familias Detenidas.

Al parecer el ICE quiere que la mayoría de las mujeres lleven el grillete electrónico, que permite conocer la ubicación del portador, dijo Free en entrevista. El proceder de la agencia "engaña a las personas respecto a sus derechos", dijo.

Tres mujeres que llevaban puestos los dispositivos de vigilancia en el tobillo esperaban el lunes en una casa en San Antonio los boletos de autobús que las llevarían con miembros de sus familias en otras ciudades.

Una de ellas, que pidió ser identificada sólo con su nombre de Eliud por temor a represalias, dijo que salió de Honduras con sus dos hijos adolescentes, a los que habían obligado a integrarse en una pandilla.

Afirmó que habría preferido no llevar el aparato en el tobillo, que le causa comezón y no la deja dormir durante la noche, pero no le dieron otra opción.

"Cuando las personas me ven, lo primero que miran es esto (el aparato) y piensan que soy una delincuente", apuntó.

Laura Lichter, abogada de inmigración en Denver que ofrece sus servicios como voluntaria en Dilley, dijo que en sus 20 años de experiencia nunca había visto que el ICE pusiera dispositivos electrónicos o impusiera otras condiciones una vez que un juez de inmigración fija una fianza.

Los grilletes electrónicos de vigilancia son engorrosos, muy notorios y requieren que su batería se cargue constantemente, afirmó, y constituyen otro intento tácito de disuasión.

"Existe un estigma", declaró Lichter. "Todo mundo pensará que ellas son delincuentes".

Free dijo que una de sus clientes estaba entre las que fueron llamadas a la sala del tribunal para firmar el acuerdo, aunque recientemente un juez había reducido su fianza de 7.000 a 1.500 dólares, que pensaba pagar. Un funcionario de deportaciones dijo que aunque se pagara la fianza, se le colocaría el dispositivo a la mujer, de acuerdo con la moción.

La mujer pidió hablar con su abogado pero no se lo permitieron. Dos casos similares fueron señalados en declaraciones juradas y Free aseguró que sabía de al menos una decena de casos similares.

Free dijo que no se opone a que las mujeres elijan entre llevar el dispositivo o pagar una fianza, pero que prefiere que la elección esté exenta de "coacción e intimidación". Obligar al uso de los dispositivos es abuso de autoridad que "pone en riesgo todo el proceso de una corte de inmigración", añadió.

Después de que miles de madres acompañadas de sus hijos, la mayoría procedentes de Centroamérica, cruzaran el río Bravo (río Grande en inglés) a mediados del año pasado, el gobierno abrió dos enormes centros de detención, uno con 500 camas en Karnes City y otro de 2.400 camas en Dilley, ambos al sur de San Antonio.

En las últimas semanas, ante grandes presiones políticas y una demanda federal en la que se impugna la detención de los menores, el ICE comenzó a agilizar el traslado de las familias a los centros y permitió que muchas mujeres recibieran los grilletes electrónicos en lugar de que pagaran sus fianzas.

El viernes pasado, un juez federal en California determinó que la detención de los niños en esos centros violaba las condiciones de un acuerdo de 1997 y que era necesario que se dejara en libertad a las familias con celeridad.

En la carta, firmada por la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, se afirma además que las mujeres no reciben información adecuada de los agentes del ICE sobre sus obligaciones en el sistema de inmigración y que la agencia no ha respondido a la solicitud de los grupos de que abogados orienten a las inmigrantes antes de que sean dejadas en libertad.

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La periodista de The Associated Press Alicia Caldwell contribuyó a este despacho.

© 2015, La Prensa Asociada.

 Laredo, Texas.-El precandidato presidencial Donald Trump llegó a la zona fronteriza de Estados Unidos con México para exponer su dura posición hacia la inmigración no autorizada.

Agentes fronterizos planeaban acompañar a Trump a la frontera y reunirse con él, pero cancelaron después de consultarlo con el sindicato nacional, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, informó Héctor Garza, un dirigente gremial.

A pesar de esto la campaña de Trump indicó en un comunicado que el republicano de cualquier forma llegaría a la frontera en la tarde a pesar del "enorme peligro" y culpó a las autoridades del sindicato de no querer "que las personas sepan qué mal está la frontera, tan mal como lo ha manifestado el señor Trump".

El empresario y protagonista de reality shows prevé una serie de eventos en Laredo, Texas, incluida una conferencia de prensa en la tarde.

Durante su visita a Laredo, el empresario estará muy cerca de la volátil ciudad mexicana de Nuevo Laredo. Y a pesar de los peligros, legisladores y otros altos funcionarios visitan rutinariamente la zona e instalaciones fronterizas en el puerto más transitado del país.

Trump irrumpió en la contienda presidencial diciendo que quienes cruzan la frontera sin autorización son "criminales" y "violadores" y ha acusado al gobierno mexicano de enviar deliberadamente delincuentes a Estados Unidos.

WASHINGTON .- Más de 35,000 cubanos sobre los que pesan órdenes de deportación podrían ser repatriados a la isla caribeña como consecuencia del restablecimiento de relaciones entre ambos países, según cifras facilitadas hoy a Efe por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con los datos del ICE, pesan órdenes de deportación sobre 35.106 nacionales cubanos en EE.UU., de los que 162 se encuentran actualmente detenidos y 34.944 en libertad.

El ICE también indicó a EFE que, hasta ahora, la política de Cuba era de aceptar "ocasionalmente" las repatriaciones, incluidos los casos de criminales, algo que de ahora en adelante podría cambiar con el acercamiento entre ambos países y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Un caso aparte durante estos años, indicó el ICE, ha sido el de aquellos cubanos incluidos en una lista específica que el Gobierno de la isla y el de EE.UU. acordaron en 1984, en la que se incluyeron 2.746 nombres de ciudadanos caribeños para ser repatriados.

De ellos, la mayoría de los cuales migraron a EE.UU. a través del puerto de Mariel (Cuba), 1.999 ya han sido repatriados.

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, recibirá el próximo lunes al canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la primera vez que un ministro de Exteriores de Cuba visita el Departamento de Estado en más de medio siglo, informó hoy el Gobierno estadounidense.

Kerry no asistirá a la ceremonia formal de reapertura de la embajada cubana en Washington el lunes, pero sí recibirá después a Rodríguez en el Departamento de Estado y ambos darán una conferencia de prensa a continuación.

Ese mismo día, el lunes 20 de julio, Estados Unidos y Cuba restablecerán formalmente sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1961.

Además, Kerry tiene previsto viajar "pronto" a La Habana para protagonizar una ceremonia formal en la nueva embajada estadounidense, lo que marcará la primera visita a Cuba de un secretario de Estado de EE.UU. desde 1945. EFE

NUEVA YORK.-El afamado cantautor dominicano Juan Luis Guerra afirmó que todos los países tienen la responsabilidad de legalizar a sus inmigrantes, como hace actualmente la República Dominicana a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el cual dijo apoyar.

En una entrevista con la cadena BBC de Londres, durante la gira que ha comenzado estos días en Europa, el autor del tema "Visa para un sueño", el que habla de la lucha de los inmigrantes por mejor futuro, Guerra, salió en defensa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que puso en marcha el Gobierno dominicano y dijo: "Es el derecho nuestro como estado soberano".

Añadió: "Como dominicano por supuesto que sé de la problemática. Estoy esperando y apoyando en todo a nuestro Gobierno en ese sentido, porque tenemos el derecho de tomar las medidas que ellos encuentren que sean necesarias para legalizar a todas las personas que viven allá".

Respecto a la campaña sobre las supuestas deportaciones "masivas" de haitianos que se harían después de vencido el plazo, y que alegadamente crearían una "crisis humanitaria", el artista respondió: "No queremos hacer injusticias, pero legalizar a las personas que viven allá es responsabilidad de todos los países, no sólo de República Dominicana, sino de todos los países del mundo".

En la entrevista que concedió a la BBC para promover su gira y el concierto realizado en Londres, Juan Luis expresó que siempre se mantiene informado sobre lo que ocurre en la República Dominicana a través de los medios y de las redes sociales, no importa lo lejos que esté de su tierra natal.

El cantautor habló también del trabajo que realiza su fundación para ayudar a los niños enfermos y pobres en hospitales de su país.

"Siempre, siempre estoy muy pendiente de la salud, principalmente en los hospitales de niños porque trabajo con ellos a través de la Fundación 440. Hay mucho que hacer todavía, pero veo avances y me lleno de alegría", agregó.

El intérprete de éxitos internacionales como "Bachata Rosa" y "Burbujas de Amor", reconoció lo que define como "avances" logrados en República Dominicana, en áreas de la salud y la educación, pero advirtió que "todavía falta mucho por hacer".

Agradeció el que con sus temas musicales haya contribuido a que una generación se haya motivado a conocer su país y habló sobre el permanente incremento del turismo.

"Para mí es un privilegio que las personas puedan conocer y visitar la República Dominicana a través de mi música", dijo.
POR MIGUEL CRUZ TEJADA

Santo Domingo,Republica Dominicana.-Cientos de haitianos en República Dominicana están regresando voluntariamente a su país, después de que no hayan podido regularizar su situación migratoria.

El pasado 17 de junio terminó el proceso de inscripción en el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros en República Dominicana, un programa migratorio iniciado hace un año y pedio que afecta a miles, especialmente a ciudadanos haitianos.

Según el Ministro de Interior y Policía, 275.000 extranjeros se inscribieron. Las autoridades migratorias informaron que ya no permiten el paso a territorio dominicano a quienes no tengan permiso legal, pero aseguran que aún no hay repatriaciones.

Hasta el 6 de julio las autoridades de migración trasladarán a la frontera a quienes quieran abandonar el país voluntariamente. Pero 12.000 extranjeros ya han salido del país por su propia cuenta, según un informe del gobierno.

Juie Françoise fue uno de los inmigrantes que hizo las maletas para regresar a Haití. Lleva 5 años viviendo irregularmente en República Dominicana.

“El se va porque aquí no tiene ningún documento ni para trabajar y se va a su país para legalizar sus documentos y después si puede volver vuelve”, dice el traductor sobre la situación de Françoise.

"Muchos (haitianos) se fueron porque no quieren que los deporten", dice un residente dominicano.

La agricultura, sector afectado

El barrio Pequeño Haití en el centro de Santo Domingo luce vacío. Pero la salida de los haitianos no solo es visible en la capital dominicana.

Según la Junta Agroempresarial dominicana, cerca del 70% de los trabajadores agrícolas y ganaderos son haitianos. La entidad asegura que unos 200.000 no pudieron regularizarse, lo que pone en riesgo la cosecha.

“El mercado está pelao, el dominicano casi no compra, son los haitianos que compran todo. Si se fueron, ¿qué se va a vender?”, dice el comerciante Rafael Pérez.

Ante las críticas de organizaciones de defensa de Derechos Humanos y autoridades de otros países, el gobierno dominicano explicó que su interés no es expulsar a los extranjeros, sino ordenar la situación inmigratoria en el país.

Por su parte, Haití anunció restricciones a la entrada de 33 productos dominicanos, la mayoría alimentos.

Aunque están ubicados en la misma isla, hay una gran disparidad entre Haití y la República Dominicana, tanto en aspectos sociales como económicos.

Una de ellas la esperanza de vida: en Haití, es de poco más de 63 años; en República Dominicana es casi de 78 años.

El producto interior bruto per cápita en Haití es de 863 dólares, mientras que en el país vecino es de algo más de seis 1.100 dólares.

En cuanto a la densidad de población, en Haití hay 374 habitantes por kilómetro cuadrado y en República Dominicana esa tasa es de 215 personas por kilómetro cuadrado.

Contraria a la Constitución

Una dura batalla

WASHINGTON (Reuters) - Un aluvión de niños centroamericanos que intentan entrar a Estados Unidos amenaza con superar la capacidad de los ya repletos tribunales de inmigración, y las medidas del presidente Barack Obama para aliviar la crisis podrían empeorar las cosas para algunos, según responsables estadounidenses y abogados de inmigración.

"Estamos llegando a un punto de implosión, si no lo hemos alcanzado ya", dijo la jueza Dana Leigh Marks de San Francisco, que maneja casos de inmigración desde 1987 y es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Inmigración.

El problema, según jueces, abogados y grupos de inmigración, es la cantidad de casos que llegan a los tribunales, debido en parte a un fortalecimiento de las agencias de la ley en la frontera suroccidental de Estados Unidos con México.

Las cortes de inmigración tienen un atraso de 375.373 casos, casi 50.000 más de a lo que enfrentaban dos años atrás, según cifras del Departamento de Justicia.

Marks, una de los 243 jueces que presiden 59 tribunales de inmigración en Estados Unidos, está programando audiencias hasta para 2018. Ahora lleva habitualmente de tres a cinco años que un caso salga del sistema, dijeron jueces y abogados.

Un miércoles reciente en un repleto tribunal de inmigración en Arlington, Virginia, un juez programaba audiencias de asilo para menores para febrero de 2017.

Algunos de los niños que se presentan en el tribunal sufren de enfermedades debilitantes o están marcados por traumas experimentados durante su viaje hacia el norte, desde violaciones y otras heridas hasta hambre y trabajos forzados por los traficantes de personas.

"Es como manejar casos de pena de muerte en un tribunal de tránsito", dijo Marks, refiriéndose al alto número de casos y con frecuencia importantes decisiones que los jueces deben tomar sobre si deportar niños a sus países de origen, con frecuencia azotados por el crimen y la violencia.

La sobrecarga de los tribunales está aumentando en parte debido a una ola de menores que llegan sin acompañantes desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Huyendo de la pobreza y la violencia, muchos hacen el viaje solos, intentando reunirse con familiares en Estados Unidos.

A menos que el flujo de inmigrantes de América Central disminuya, el Gobierno estadounidense estima que llegarán unos 90.000 niños este año, y unos 150.000 el próximo.

Obama solicitó al Congreso financiar la contratación de 75 jueces de inmigración y ordenó a los tribunales a priorizar los casos de niños.

Pero es poco probable que su plan de dos flancos transforme un sistema que algunos expertos dicen que ha sido cargado con leyes de inmigración cada vez más complicadas aprobadas por el Congreso desde fines de la década de 1990, olas de detenciones fronterizas e insuficiente financiación.

Pero unos 100 jueces son elegibles para retirarse este año, dijo al Congreso Juan Osuna, director del departamento que administra los tribunales. Incluso si sólo la mitad se jubila, Osuna dijo que ello socavaría los esfuerzos de Obama para extender los tribunales.

"A medida que la calle se pone peor, es un trabajo cada vez más difícil y la gente es más propensa a retirarse a la más mínima oportunidad en vez de superar la edad de jubilación", dijo Marks.

Los jueces de inmigración recibieron la orden de frenar su lista de casos para concentrarse principalmente en menores sin acompañantes y mujeres con niños que están detenidas.

Eso podrían ser malas noticias para los miles de inmigrantes cuyos casos comenzaron hace años.

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