Legisladores de ambos partidos dijeron que el Congreso de Estados Unidos debe actuar para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el lunes se negó a intervenir en el caso, como quería la administración del presidente Donald Trump.

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, dijo que "está por verse" cómo se librarán las batallas en torno a la decisión del presidente Trump de dar por terminada la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, un programa lanzado durante la administración Obama que proporciona permisos temporales de trabajo y estudio a inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños

"Ciertamente, la decisión de la Corte Suprema alivia la presión de la fecha límite del 5 de marzo [del DACA]", dijo Collins. “Pero no borra la nube con la que viven los soñadores, que podrían estar en riesgo de ser deportados".

En las últimas semanas, dos jueces federales en California y Nueva York emitieron órdenes judiciales contra la finalización de DACA que Trump había planeado hacer expirar el 5 de marzo. El Congreso aún tiene que aprobar una solución permanente que resuelva el estado legal de los beneficiarios de DACA y otros jóvenes elegibles para el programa

A principios de este mes, el Senado rechazó cuatro diferentes propuestas de inmigración, que iban desde proyectos bipartidistas que otorgaban el estatus legal para los beneficiarios de DACA a cambio de mejoras limitadas a la seguridad fronteriza de EE.UU., hasta una propuesta republicana que recogía el "plan" de cuatro puntos del presidente Trump y que prácticamente equivalía a una reforma migratoria endurecida.

Fuentes cercanas al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell de Kentucky, indicaron que este no tiene prisa por relanzar el debate sobre el tema en el Senado.

"El presidente y los tribunales van a hacer lo que van a hacer", dijo un asistente de McConnell a la Voz de América. "Eso no cambia el hecho de que necesitamos 60 votos [para que un proyecto de ley avance en el Senado], que pueda ser aprobado en la Cámara, y que el presidente lo firme".

El demócrata No. 2 del Senado, Dick Durbin de Illinois, dijo que solo ve un alivio limitado en la decisión de la Corte Suprema, que opta por permitir que los desafíos a la orden de DACA de Trump se ventilen en los tribunales inferiores.

"No sé si la audiencia y el juicio en los tribunales de primera instancia se llevará a cabo tarde o temprano, si va a tomar semanas, meses o más, pero debido a la decisión del presidente Trump, hay una "incertidumbre implícita en las vidas de casi un millón de personas en este país", dijo Durbin.

Mientras tanto, los senadores de ambos partidos dijeron que no renunciarán a la legislación que otorga a los beneficiarios de DACA un lugar permanente en los Estados Unidos.

"Personalmente, me gustaría ver cierta certeza, y eso se lograría a través de la legislación", dijo Collins, quien ayudó a elaborar una de las propuestas bipartidistas derrotadas en el Senado.

"Necesitamos previsibilidad, y necesitamos certeza [para los dreamers]", dijo el demócrata por Maryland, Chris Van Hollen. "Y eso significa que el Congreso debe actuar".

WASHINGTON - La cancillería de El Salvador reiteró esta semana la solicitud para que Estados Unidos extienda prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 190 mil salvadoreños y que vence el próximo 8 de marzo de 2018.

“Hemos completado algunas de las últimas gestiones y llamadas, y el presidente Sánchez Cerén sostuvo una conversación bastante prolongada con la secretaria Nielsen para reiterar la solicitud de prórroga y para plantearle los elementos de los aportes de los compatriotas amparados con TPS”, afirmó el canciller de El Salvador Hugo Martínez.

Cientos de miles de salvadoreños que viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos desde hace casi dos décadas sabrán el 8 de enero si el gobierno de los Estados Unidos les permitirá permanecer en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), o enfrentar una posible deportación.

Los funcionarios federales otorgan el TPS a ciudadanos de ciertos países en casos de dificultades extremas generalmente desastres naturales o guerras que dificultan el regreso seguro de los inmigrantes de esas naciones. Como parte del proceso, el gobierno de EE.UU. revisa cómo está cambiando la situación y si ha mejorado lo suficiente como para levantar la protección del TPS. En otras palabras: ¿El país de origen se ha recuperado lo suficiente como para que sus ciudadanos en EE.UU. puedan regresar?

Y no hay un grupo más grande entre los países amparados actualmente por el TPS que El Salvador, con casi 200,000 beneficiarios y sus hijos.

También se encuentra entre los más longevos en la lista de países de TPS, habiendo recibido el estado especial en 2001 después de dos terremotos mortales.​

Reevaluaciones regulares

Estados Unidos tiene que justificar por qué el TPS se extiende cada vez. En una explicación del 8 de julio de 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (la oficina del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa esa política) dijo que "sigue habiendo una interrupción sustancial pero temporal de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001".

Eso hace que el país centroamericano "no pueda, temporalmente, manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales", según la nota del Registro Federal.

El gobierno de EE.UU. citó una recuperación lenta, debido en parte a los desastres naturales adicionales durante los 17 años desde la designación original y los efectos nocivos sobre la economía del país, una escasez de viviendas resultante que nunca se ha rectificado; la tasa de delitos violentos de El Salvador también está relacionada en parte con esas luchas económicas, según el USCIS. (La agencia citó un incidente de extorsión en marzo de 2016 en el cual las pandillas causaron una escasez de agua embotellada).

El caso de TPS de El Salvador es único por su gran volumen: 195,000 beneficiarios, que son padres de 192,700 niños ciudadanos de EE.UU. Como el TPS no confiere ningún camino a la ciudadanía, pero permite que las personas vivan y trabajen en EE.UU., legalmente, los casos a más largo plazo han creado una generación de familias de estatus mixto que ahora enfrentan un futuro incierto.

Los salvadoreños bajo el TPS también son parte de la economía de EE.UU. Como vicepresidente de desarrollo comercial de Shapiro & Duncan Mechanical Contractors en Rockville, Maryland, Mark Drury ha empleado a trabajadores salvadoreños en una variedad de puestos, "desde el nivel de gestión a nivel de campo".

Drury ya no puede obtener los trabajadores que necesita. "En este momento, podríamos contratar a 40 personas y no es suficiente para las necesidades que tenemos", dice. "Tenemos que rechazar trabajo todos los días porque no hay suficientes personas en la industria de la construcción. Sacar a más personas no es una buena solución ".

La decisión de terminar el TPS

Las administraciones republicanas y demócratas han implementado y terminado el TPS para algunos países. En los últimos meses de mandato del presidente Barack Obama, el gobierno determinó que varios países de África occidental que se incluyeron en la lista durante el brote de ébola se habían recuperado lo suficiente de la pandemia. Como resultado, miles de ciudadanos de Sierra Leona, Guinea y Liberia perdieron su protección contra la deportación en mayo de 2017.

En otro caso, la administración del presidente George W. Bush puso fin al TPS para la isla caribeña de Montserrat en 2005. Después de ocho años, el gobierno determinó que dado que las erupciones volcánicas que desencadenaron el estatus habían estado ocurriendo durante 20 años, y era probable que continuaran por décadas, el problema "ya no podía considerarse temporal", concluyeron.

La administración de Trump, sin embargo, ha adoptado una postura más dura sobre los asuntos relacionados con la inmigración, incluidas las políticas humanitarias como el TPS. Suspendió el programa para nicaragüenses, haitianos y sudaneses y pospuso una decisión sobre los hondureños hasta mayo. El DHS también tendrá que decidir a fines de enero sobre Siria y, más adelante, este año sobre Nepal, Yemen, Somalia y en 2019, sobre Sudán del Sur después de extender los beneficios de TPS para ese país el año pasado.

En los tres casos que ya decidió terminar, la administración de Trump ha dado a los afectados por lo menos 12 meses para que hagan arreglos. Para algunos, eso implicará tratar de obtener el estatus migratorio a través de otra vía; para otros, significará planificar un regreso a un país donde no han vivido durante años.

El caso de El Salvador

Poner fin o reducir drásticamente el TPS ha sido por largo tiempo un objetivo de los grupos que piden la reducción de extranjeros que vienen a EE.UU. Defensores de los beneficiarios de TPS dicen que los salvadoreños, por mucho el grupo más grande amparados por el programa, están tan integrados social y económicamente en los EE.UU. que poner en peligro su capacidad económica en este país, no tiene sentido.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., que apoya activamente a las comunidades de inmigrantes y refugiados, envió un equipo de personal de clero y política a El Salvador y Honduras en agosto para evaluar las condiciones para ambos países receptores del TPS.

"Aunque tanto El Salvador como Honduras han demostrado mejoras en sus esfuerzos de seguridad y protección gubernamental", la delegación señaló en un informe publicado en octubre, que "ninguna nación tiene la capacidad en este momento de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales si el TPS es no renovado".

El jueves, casi 400 líderes religiosos urgieron en una carta a la secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a extender el TPS a El Salvador por al menos otros 18 meses "ya que actualmente no cuenta con la infraestructura o las instituciones para manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos".

"Terminar el TPS para El Salvador separaría a las familias, tendría un impacto negativo en la seguridad regional y tendría consecuencias económicas y humanitarias negativas en El Salvador y Estados Unidos. Como personas de fe, imploramos que piensen en el imperativo moral de amar a nuestro prójimo, darle la bienvenida al extranjero y cuidar de los más vulnerables entre nosotros ".​


Ampliar,alargar la duración de alguna cosa por tiempo determinado:
han prorrogado el plazo de matrícula.
Aplazar,suspender:
no puedo prorrogar más mi marcha.
♦ Se conj. como llegar.

Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países

Durante un operativo de seis días de duración, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), arrestó a 55 extranjeros por diversos delitos en diferentes condados en el estado de Nueva York.

Las autoridades de inmigración destacaron que 42 de los 55 detenidos habían sido tomados en custodia por las autoridades locales y que posteriormente fueron identificados por inmigración, pero fueron liberados por sin considerar sus órdenes de detención y ni siquiera notificarles.

Diez de los arrestados eran fugitivos de inmigración o fueron deportados previamente de Estados Unidos.

Algunos de los individuos arrestados durante este operativo de ICE enfrentarán cargos federales por haber reingresado al país después de una deportación, un delito grave que se castiga hasta con 20 años de prisión.

Aquellos que no hayan sido enjuiciados penalmente serán procesados para su expulsión del país. Las personas que tienen órdenes pendientes de deportación o que han regresado al país después de haber sido deportados están sujetos a ser deportados inmediatamente del país.

"Los oficiales de deportación (ERO) están comprometidos a hacer cumplir las leyes de inmigración establecidas por nuestros legisladores", dijo Thomas Decker, director de la oficina de campo de ERO Nueva York.

"Cuarenta y dos de los 55 arrestados durante esta operación fueron liberados de la custodia de las autoridades en Nueva York con una orden activa de detención, lo que representa un mayor riesgo para los oficiales y la comunidad. Es importante que los residentes de la ciudad sepan que aunque la ciudad de Nueva York libera reclusos con orden de detención activa de ICE en su comunidad, ICE será diligente en su responsabilidad de encontrar a aquellos que vienen a Estados Unidos para atacar nuestras comunidades y finalmente ellos serán expulsados del país”, explicó Decker.

Entre los detenidos, 46 son varones y nueve mujeres de un total de 22 países que incluyen México, Jamaica, Ecuador, Honduras, Colombia, República Dominicana, Nigeria, Polonia, Egipto, entre otros.

Nueva York,Nueva York.-Jeff Sessions,El fiscal general afirmó hoy que se utilizarán “todas las herramientas disponibles” para hacer frente al terrorismo y aseguró que se están investigando a “centenares de personas” que llegaron al país como refugiados.

“Nuestro objetivo no es sólo detener a los terroristas, sino evitar que nos ataquen”, afirmó Sessions al participar en un acto oficial en Nueva York para explicar las medidas oficiales contra el terrorismo.

La intervención de Sessions se produjo dos días después de que un inmigrante uzbeko perpetrara un atentado inspirado en el terrorismo islámico que mató a ocho personas, cinco de ellos argentinos, al atropellarlos deliberadamente con una camioneta en Manhattan.

En un mensaje para explicar medidas para garantizar la seguridad interna, Sessions, también titular del Departamento de Justicia, respaldó las medidas migratorias que ha venido impulsando el presidente Donald Trump.

“El presidente está determinado a evitar que los terroristas y sus simpatizantes se infiltren en nuestro país”, agregó Sessions, que recordó que desde los atentados del 11S la mayoría de los condenados por terrorismo han nacido fuera del país.

También señaló que el Departamento de Justicia está investigando por sospechas de terrorismo a “centenares de personas que llegaron aquí como refugiados”, una labor que exige “enormes recursos”.

Sessions defendió la disposición anunciada el martes por Trump para suspender el programa de “lotería de visados para la diversidad”, que por ejemplo permitió que llegara al país el uzbeco que atentó en Nueva York, Sayfullo Saipov.

Trump, según Sessions, busca un sistema migratorio que permita entrar al país a personas por sus méritos, parecido al que tienen Canadá y Australia.

“Esta es la mejor forma de garantizar que el sistema de inmigración en Estados Unidos está beneficiando a Estados Unidos”, afirmó el fiscal general.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tiene planes para aumentar “significativamente” sus operativos e investigaciones contra los indocumentados
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Habrá más redadas en centros de trabajo, cortes y escuelas
Así lo promete el director del ICE, quien anuncia operaciones "en forma distinta".

Thomas Homan, director interino del ICE, informó durante un discurso que su agencia potenciará “su aplicación de la ley en lugares de trabajo”, por medio de arrestos a migrantes y medidas contra los empleadores que los contraten.

Padre e hijo con cáncer piden asilo político
“He revisado recientemente cuánto tiempo dedican los investigadores de seguridad nacional a la aplicación de la ley en lugares de trabajo, y ya he dado instrucciones de que quiero multiplicar ese tiempo por 4 o 5” aseveró Homan.

Indicó que “este año ya hemos incrementado el número de inspecciones y operaciones en lugares de trabajo, pero van a ver cómo eso aumenta significativamente este próximo año fiscal”.

Aseguró que las operaciones se realizarán de “forma distinta”, porque “no solo se procesará a los empleadores que han contratado a sabiendas, también vamos a detener y expulsar a los migrantes ilegales”.

De acuerdo con su sitio web, el protocolo de la agencia para operaciones en lugares de trabajo se concentraba e los procesos contra los empleadores, que se suele iniciar “antes de arrestar a empleados por violaciones civiles relacionadas con la inmigración”.

ICE arresta a uno de los 10 indocumentados más buscados
El titular confirmó que los agentes del ICE seguirán realizando operativos contra indocumentados en las inmediaciones de escuelas o en juzgados, pero no lo harán propiamente en los planteles ni en hospitales o iglesias, a menos que sea un casi excepcional, en los que haya una razón relacionada con la “seguridad nacional”.

Homan advirtió que los migrantes “deberían tener miedo” de ser detenidos y deportados, igual que la gente que va a exceso de velocidad o que “mienten en su declaración de impuestos”.

“Nunca se va a resolver la crisis en la frontera” declaró el funcionario. “Este presidente y esta Administración finalmente han permitido a los funcionarios de ICE hacer lo que se supone que tienen que hacer: aplicar la ley”.

También habló de las llamadas ‘ciudades santuario’, mismas que se niegan a colaborar con las autoridades para deportar a indocumentados. “Es incorrecto, porque lo que hacen es poner en mi radar a mucha gente que no estaba en mi radar. Me están obligando a hacer más operaciones en las comunidades”.

Congresistas boicotearán a Trump si sigue planes migratorios
La administración del presidente Donald Trump ha emprendido una lucha contra las ciudades santuario, a las que señala de complicidad con el crimen y ha intentado privarlas de fondos.

El titular del ICE también aseguró que el personal en la agencia está aumentando en Centroamérica para potenciar sus operaciones contra bandan delincuenciales, como la Mara Salvatrucha (MS13).

“Vamos a detenerlos en El Salvador, en México, porque una vez que estén aquí y se acojan a la cláusula de ‘miedo creíble’ (de amenazas en sus países de origen), se quedan aquí un buen tiempo hasta que podemos expulsarlos” detalló.

Donald Trump envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria: el muro en la frontera, expulsión de menores,contratar a más agentes y limitar las visas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

El plan de Trump, obtenido en exclusiva para un medio en español por Efe, fue enviado a última hora del domingo a los líderes demócratas y republicanos del Congreso como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800.000 jóvenes indocumentados beneficiaros del programa DACA.

Las prioridades fijadas por Trump están en línea con su política migratoria de mano dura y anticipan muchos problemas para llegar a consensos con los demócratas.

Según recoge el borrador al que tuvo acceso Efe, el Gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr “tres objetivos”: garantizar admisiones en EEUU “seguras y legales”, defender “la seguridad” del país y “proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses”.

Trump cree que “es imperativa la completa construcción del muro”, comentó a Efe bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca.

Y así figura en el plan de principios de Trump, donde el primer punto del apartado de seguridad fronteriza es “financiación y construcción completa del muro en la frontera sur”, una idea que rechaza totalmente la oposición demócrata.

En ese mismo capítulo la propuesta del presidente es asegurar el “retorno seguro y ágil” a sus países de los menores, en su mayoría centroamericanos, que entran por la frontera sur ilegalmente y solos.

“Entrar en este país ilegalmente es un crimen”, enfatizó un funcionario durante una conferencia telefónica organizada por la Casa Blanca para comentar el plan del presidente.

En cuanto al fomento de una inmigración basada en el mérito, la propuesta de Trump contempla, sin dar cifras, poner límites a los permisos de residencia o “green cards” para cónyuges e hijos menores de edad de aquellos que ya viven en EEUU, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas.

En agosto pasado, Trump ya respaldó un proyecto de ley de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EEUU a lo largo de la próxima década a través de la reducción en la concesión de permisos de residencia.

Junto con la seguridad fronteriza y el cambio en los parámetros de aceptación de inmigrantes, el plan de Trump enfatiza la necesidad de “hacer cumplir” las leyes migratorias y de reformas para la “rápida salida” del país de los que se quedan más tiempo del permitido por su visa, y poner fin al “abuso” en el sistema de concesión de asilo.

“Ahora simplemente no tenemos las herramientas” para garantizar el cumplimiento de las leyes, según detalló el alto funcionario a Efe.

Por ello, Trump pide la contratación de 10.000 agentes y 1.000 abogados más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de 300 fiscales federales y 370 jueces adicionales.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó esta semana que Trump iba a presentar en breve su plan con “principios específicos” que le “gustaría ver en una reforma migratoria responsable” redactada por el Congreso.

En la propuesta enviada hoy al Congreso no figura específicamente la búsqueda de una solución para los 800.000 jóvenes indocumentados que han evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo gracias a DACA, un programa ejecutivo al que Trump puso fin en septiembre.

No obstante, Trump ha hablado con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para reemplazar DACA, pero hasta ahora no se ha informado de ningún avance.

En un comunicado conjunto enviado tras la divulgación del plan de Trump, Schumer y Pelosi afirman que la lista de principios del mandatario “va mucho más allá de lo que es razonable” y “no representa ningún intento de compromiso”.

Los líderes demócratas aseguran estar abiertos a “medidas de seguridad fronteriza razonables” y subrayan que la construcción del muro con México quedó “explícitamente descartada de las negociaciones”.

El jefe de bancada de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., John Cornyn, de Texas. y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, integran la Comisión Judicial del Senado que realizó una audiencia sobre DACA.

Autoridades estadounidenses dicen que miles de inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños enfrentan un plazo el jueves para renovar su estatus temporal.

Está en juego su capacidad de recibir permisos de trabajo y posible alivio de deportación bajo la Acción Diferida para Llegada en la Infancia, DACA, otorgados por la medida que la administración Trump decidió en septiembre eliminar dentro de seis meses.

Hasta el 4 de octubre, casi tres cuartas partes un 72% o 112.000 de los 154.000 "dreamers" elegibles habían presentado solicitudes de renovación de sus permisos de trabajo. Los restantes 38.000 tienen hasta el jueves 5 de octubre para presentarlos.

El plazo tiene lugar un día después que más de 100 soñadores fueron al Capitolio en Washington para presionar por una legislación bipartidista para proteger a los beneficiarios de DACA.

Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, ha expresado apoyo a una ley bipartidista.

“Nunca me he sentido mejor sobre la ley Dream de lo que me siento ahora. El plazo del 5 de marzo —la fecha en que expira oficialmente el DACA—nos va a hacer actuar, el fracaso no es una opción. Nunca he visto más apoyo bipartidista para la idea que en este momento. El pueblo estadounidense los ha escuchado. Comparte sus sueños y abrumadoramente apoya sus sueños”.

María Praeli, vino a EE.UU. cuando tenía 5 años.

“Yo y la gente detrás de mí, y los casi 800.000 dreamers tenemos un futuro muy incierto. Hemos aprobado un chequeo de antecedentes, nos han tomado nuestras huellas dactilares, hemos dado todo al gobierno en nuestra misión y hemos escuchado declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que los 11 millones son ahora prioridad para deportación. Y todos detrás de mí temen no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para nuestras familias”.

El evento del miércoles en el Capitolio tuvo lugar cuando los senadores se reunieron para la primera audiencia sobre el asunto desde el anuncio del mes pasado del presidente Trump de poner fin a DACA, programa que los republicanos han censurado como una medida inconstitucional aprobada por el entonces presidente Barack Obama.

Trump dio al Congreso seis meses para presentar una solución.

La actriz Zoe Saldaña calificó de “desigual” la relación que el Gobierno de Estados Unidos mantiene con la comunidad hispana de este país es “injusta” la finalización del programa de la Acción Diferida (DACA).

En una entrevista dada a la cadena CNN, la protagonista de la franquicia “Guardians of the Galaxy” y una de las latinas más exitosas de Hollywood, se confesó “muy preocupada” de que la actual Administración en la Casa Blanca haya finalizado el programa federal DACA, que protegía de la deportación a los jóvenes indocumentados llegados a EE.UU. en la infancia.

“Estamos hablando de mandar a gente a sitios en donde en realidad nunca han estado, de casi 800.000 personas que no tienen otro lugar al que llamar hogar salvo Estados Unidos”, señaló la actriz estadounidense, de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

“No me importa lo que diga la gente, si tienen papeles o no, ellos son estadounidenses”, recalcó Saldaña, durante una entrevista en el programa Newsroom de la cadena CNN.

La intérprete, madre de tres hijos, cuestionó que el actual clima social y político en EE.UU. alienta a los hispanos a “creer que no pertenecemos y no somos lo suficientemente estadounidenses” y por ello se siente en el deber de ofrecer un ejemplo y “una suerte de acción que permita a otras voces ser oídas”.

Saldaña dio a conocer este verano que lanzará BeSe, una compañía de contenidos digitales dirigida al público latino, con énfasis en la generación millenial, y que espera cubrir la escasa presencia de los latinos en los medios de comunicación.

Donald Trump comenzó a quitar ciudadanía a personas que la han adquirido mediante el fraude, es decir, con otros nombres y haber suministrado datos falsos, entre otras cosas.

Tales fueron los casos de los naturalizados Parvez Manzoor Khan, Rashid Mahmood y Baljinder Singh, quienes fueron descubiertos a través de la “Operación Janus” y remitidos ante un juez por fraude migratorio.

Los departamentos de Justicia (DOJ) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han descubierto, por medio de revisión de huellas dactilares, más de 350 mil casos.

Se informó que hay varias situaciones que pueden llevar a una persona a perderla, inventando identidades, con documentos falsos, ocultar información, o rindir falso testimonio que descalifique a esa persona para obtener el beneficio; es decir, que haya cometido un delito.

El director de USCIS, James W. McCament, manifestó “enviamos un fuerte mensaje a aquellos individuos que cometen fraude para obtener su ciudadanía, los perseguiremos y se le retirará”.

Brooklyn,Nueva York.-Raúl Morán un ecuatoriano cada domingo desde hace seis años asiste a misa con su familia a la iglesia católica St. Michael, en Sunset Park. Atender el sermón dominical es una tradición que conserva desde la infancia; sin embargo, le preocupa la disminución de feligresía hispana en los últimos meses.

“Mucha gente se desanimó. Ya se adivinaba lo que vendría para los indocumentados desde que Trump salió victorioso. La iglesia ha hecho mucho por mantener a las familias hispanas unidas y en calma. Hay mucho miedo fomentado por la desinformación. Hay quienes piensan que los agentes de inmigración harán operativos cerca de nuestras iglesias, aunque nuestros templos son los lugares más seguros ahora mismo”, dijo el inmigrante de la Provincia de Cañar.

Morán, de 57 años y residente de Rego Park, comentó que ha notado menos parroquianos en las misas dominicales en español desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de noviembre.

El padre y abuelo lamentó que no se llenen las bancas durante las misas del domingo, aunque la iglesia de St. Michael y el Comité de Defensa de Brooklyn han realizado foros con la feligresía acerca de las políticas impulsadas por el presidente Trump.

La esposa de Morán, Lourdes Segundo, cree que la disminución de feligreses está asociada al miedo por los operativos realizados en Nueva York por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la agencia federal ha dejado en claro que se tratan de arrestos planeados y dirigidos, y no al azar.

“Sabemos de muchos inmigrantes que evitan salir. El miedo es tan grande que muchos no se atreven a venir ni siquiera a misa. Pero muchos más estamos convencidos de que las iglesias no serán violadas por los agentes de inmigración. Al menos yo creo que no se atreverán a entrar a la fuerza por los inmigrantes que buscan refugio en las iglesias”, dijo Segundo.

Entre los afiches religiosos en la iglesia de St. Michael sobresalen los textos informativos acerca de las nuevas prioridades de deportación de ICE. La iglesia ofrece a su feligresía un paquete titulado “Plan Familiar en Caso de Emergencia”, que fue publicado por el Centro de Recursos Legales al Inmigrante.

“Entendemos que vivimos una época de tensión extrema. Nuestra oficina cree que lo más importante que usted puede hacer es mantenerse informado y preparado para lo que pueda suceder y conseguir consejería legal competente”, es el mensaje de Catholic Migration Service, una organización que ofrece servicios legales gratuitos en Queens y Brooklyn.

Las directrices presidenciales bajo el mandato de Donald Trump, que buscan deportar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, han generado miedo entre la comunidad hispana de California. Comerciantes y policías también sienten el impacto.

Se espera que el presidente Donald Trump firme una nueva orden ejecutiva el lunes con respecto a la inmigración y los viajes a Estados Unidos, luego que un tribunal federal bloqueara el intento previo del gobierno, informaron medios de comunicación estadounidenses.

Los detalles de la nueva orden no estaban disponibles hasta este pasado sábado. A principios de esta semana, sin embargo, The Associated Press informó que la nueva prohibición de viajar ya no incluirá a Irak en una lista de naciones de mayoría musulmana señaladas en la medida.

El sábado Trump se reunió en su residencia de Florida con miembros de su gabinete como el secretario de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly, su estratega jefe Stephen Bannon y el Fiscal General Jeff Sessions.

Fuentes del Gobierno señalan que Trump ha diseñado y definido mejor la nueva disposición.

Los tribunales federales bloquearon la prohibición del gobierno el pasado 27 de enero, lo que impidió temporalmente a los nativos de siete países Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen entrar a Estados Unidos.

La orden del presidente, aunque muy impopular en el extranjero, fue apoyada por aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses, según las encuestas publicadas poco después de que la medida se puso en marcha.

La orden también detuvo los programas de refugiados de los Estados Unidos. Trump citó las preocupaciones por el terrorismo como la principal razón para firmar la prohibición de viajar.

Demandas presentadas

Más de dos docenas de demandas fueron presentadas ante tribunales estadounidenses contra la prohibición, pero fue el Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, quien suspendió la orden ejecutiva del presidente, basado en un caso presentado por el estado de Washington.

La orden original causó el caos en los aeropuertos, mientras que los viajeros extranjeros, incluyendo residentes legales permanentes tenedores de la tarjeta verde, fueron impedidos temporalmente de entrar en el país.

Se espera que Trump firme el nuevo pedido en el Departamento de Seguridad Nacional. Los empleados del DHS fueron instruidos para trabajar desde su casa el lunes por la mañana.

WASHINGTON.-Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron la semana pasada a más de 680 personas que se encontraban en el país sin documentos, dijo el lunes el jefe de seguridad nacional, en una acción que ha alarmado a grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que la operaciones, realizadas en al menos una docena de estados, fueron procedimientos de rutina y son consistentes con operaciones regulares ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Activistas a favor de los derechos de los inmigrantes dijeron que las operaciones, que describieron como redadas, no son habituales y fueron más extensas que las realizadas durante el gobierno del ex presidente demócrata Barack Obama.

Kelly dijo en un comunicado que un 75 por ciento de los inmigrantes arrestados tienen antecedentes criminales, que varían desde homicidio a manejar bajo la influencia del alcohol.

Agregó que la operación también estuvo dirigida contra personas que violaron las leyes de inmigración.

Algunos habían ignorado las órdenes definitivas de deportación, según ICE, la agencia responsable del arresto y expulsión de inmigración.

Obama fue criticado por deportar a más de 400.000 personas en el 2012, más que cualquier otro presidente en un año.

En el 2014, el jefe de seguridad nacional de Obama emitió un memorando que ordenaba a sus agentes concentrarse en la deportación de inmigrantes indocumentados que hubiesen entrado recientemente al país o que hubiesen cometido delitos graves. Los inmigrantes que fueron arrestados por manejar bajo influencia del alcohol, por ejemplo, no eran una prioridad para las deportaciones.

En una conferencia de prensa con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno ha hecho "realmente un excelente trabajo" con los recientes arrestos de inmigrantes.

"En realidad estamos capturando a personas que son criminales, en algunos casos criminales muy, muy curtidos con extensos antecedentes de abusos y problemas", afirmó Trump.

(Reporte de Julia Edwards Ainsley y Kristina Cooke; Reporte adicional de Emily Stephenson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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El ICE aseguró que las acciones tienen como objetivo individuos concretos y aseguraron que es falso hablar de barridos en busca de indocumentados.

40 inmigrantes fueron detenidos en la ciudad de Nueva York en medio de un aumento de las redadas contra indocumentados en todo Estados Unidos , según dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump manifestó que está implementando mano dura con los indocumentados tal como lo anunció en su campaña presidencial.

La cifra figura en un documento oficial con fecha del sábado 11 de febrero y que fue filtrado a la prensa por activistas, cuya autenticidad confirmó una portavoz del ICE.

Las autoridades defienden a que las operaciones apuntaron directamente a "fugitivos" de los servicios de inmigración, personas que volvieron al país tras ser deportados y "criminales extranjeros en general".

Según el ICE, un 95 % de los detenidos tenían historiales delictivos y las acciones se centraron en personas que suponen una amenaza para la seguridad pública, "como criminales extranjeros con condenas y miembros de pandillas".

Las autoridades, sin embargo, incluyen también en ese grupo de personas peligrosas a "individuos que han violado las leyes de inmigración del país".

Para grupos de defensa de los inmigrantes, ese lenguaje "está claramente diseñado para confundir al público estadounidense y ponerlo en contra de los inmigrantes afectados por estas redadas", señaló en un comunicado la organización Make the Road.

"No se equivoquen: esta definición es lo suficientemente amplia para cubrir casi a cualquiera que vino a este país para sobrevivir, para alimentar a sus hijos o para huir de la violencia y la persecución ", advirtió la codirectora ejecutiva de Make the Road New York, que cuenta con más de 20.000 miembros.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, utilizó esa misma red social para expresar su total apoyo a todos los inmigrantes que viven en la ciudad, "documentados o indocumentados".

“Un ataque a los refugiados es un ataque contra todos nosotros. Nos oponemos a la orden ejecutiva del Presidente Trump”.


El grupo denunció la detención de al menos cinco inmigrantes mexicanos este mes en el distrito neoyorquino de Staten Island.

Otra organización, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), se declaró "horrorizada" por las "redadas y actividades" del ICE en la ciudad y acusó a las autoridades de poner a las comunidades inmigrantes "en estado de pánico".

"Estos arrestos no hace más que desgarrar familias, dañar nuestras economías y corroer los lazos de confianza que unen a nuestras comunidades, todo bajo el falso pretexto de la seguridad pública", señaló su directo ejecutivo, Steve Choi.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también dijo que este lunes en la noche dará mas información sobre ayuda a inmigrantes.

“Estamos luchando para asegurar que todos los neoyorquinos puedan quedarse neoyorquinos. Más en el estado de la ciudad de esta noche en vivo en Facebook.”

ICE

El ICE aseguró dará más detalles sobre las operaciones y los arrestados, algunos de los cuales se enfrentarán a procesos penales, mientras que otros serán deportados.

Las autoridades migratorias insistieron en que todas estas acciones tienen como objetivo individuos concretos y aseguraron que es falso hablar de barridos en busca de indocumentados o puestos de control en las calles.

"La atención de estas operaciones dirigidas es consistente con los arrestos rutinarios y dirigidos llevados a cabo por equipos de operaciones de fugitivos del ICE a diario ", señaló en un comunicado la portavoz de esta agencia Rachael Yong Yow.

La portavoz subrayó que el ICE no confirmará ninguna operación hasta que no esté completada ni especulará en ningún momento sobre futuras acciones.

San francisco,CaliforniaApple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay se han unido a la lucha contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados de siete países

Docenas de empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se han unido a la lucha

Según las empresas la orden del presidente “representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos.

Docenas de empresas tecnológicas, incluyendo a gigantes como Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se han unido a la lucha de los estados de Washington y Minnesota contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados de siete países predominantemente musulmanes impuesta por el presidente Donald Trump.

Las compañías presentaron escritos legales el domingo por la noche ante el tribunal de apelaciones del 9o. Circuito el mismo que está a cargo de la apelación del gobierno al fallo del juez que suspendió la prohibición asegurando que la orden ejecutiva de Trump afecta sus negocios.

Según las empresas 97 en total la orden del presidente “representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos por más de 50 años”.

“La Orden hace más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener algunos de los mejores empleados del mundo. Interrumpe las operaciones de negocios actuales y amenaza la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer grandes talentos, negocios e inversiones a Estados Unidos”, dicen en el escrito.

Aun peor, la prohibición va a obligar a los negocios a crear operaciones afuera de Estados Unidos, argumentan las empresas, entre las que también se incluye a Lyft, Pinterest, Yelp, Square, Reddit, Kickstarter, Github, Mozilla y Dropbox, entre muchas más.

El escrito también subraya que “inmigrantes o sus hijos fundaron más de 200 empresas de la lista Fortune 500, incluyendo Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing y Disney”.

“Los problemas que hacen la Orden Ejecutiva dañina a las empresas y sus empleados, también la hacen ilegal”, apuntan.

Las orden de Trump se aplica a viajeros y refugiados de Irak, Siria, Irán, Sudan, Libia, Somalia y Yemen, países que la administración asegura son un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente Trump ha dicho que trata de proteger a los estadounidenses al tiempo que asegura que él tiene la autoridad para decidir quién puede y quién no puede entrar al país.

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, anunció la deportación a su país natal del dominicano Domingo Ferreiras, residente en Hartford (Connecticut) y quien fue condenado por el robo de un bolso hace 12 años, después de llegar en 1980, siendo menor de edad.

Se le dio un plazo extra de 30 días para que se prepare. El caso de Ferreiras, está llamando la atención de los medios, redes sociales y activistas comunitarios, debido a que la esposa y una hija de Ferreiras, padecen de cáncer en el cerebro y el páncreas.

Él dijo que después de haber cometido el robo del bolso, se ha arrepentido cada día de su vida y que jamás, volvió a cometer ningún otro delito.

La repatriación de Ferreiras, acorde con un comunicado de la ICE, se había pospuesto en dos ocasiones para darle oportunidad a prepararse mentalmente y poner sus cosas en orden.

El dominicano que fue arrestado el miércoles y presentado en la Corte Federal de Connecticut, dijo que no tiene nada que le ate a la República Dominicana, donde no tiene ningún pariente ni conoce el ambiente.

Familiares y amigos, estuvieron fuera del tribunal dándole respaldo. La ICE no dijo cuándo será deportado, pero sería en los próximos días.

El abogado de Ferreiras, Fairlie Chester, dijo que el dominicano llegó a Estados Unidos en 1980, siendo un adolescente y que es un residente permanente desde esa fecha, pero se desconoce por qué nunca aplicó para naturalizarse ciudadano americano lo que hubiera evitado su deportación.

El periódico Journal Inquirer informó que la esposa de Ferreiras, Diane, tiene un tumor cerebral inoperable y su hija Baceida de 23 años, sufre de cáncer en el páncreas, por lo que está sometida a quimioterapia.

La esposa y los tres hijos adultos de Ferreiras nacieron en los Estados Unidos.

Pero él fue investigado a fondo por la ICE hace varios años, cuando alguien robó su identidad y cometió varios crímenes.

La policía determinó que Ferreiras no estuvo involucrado en los delitos, pero sus condenas por el robo en 2005, lo pusieron en manos de la policía migratoria.

Antes de eso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no habían tomado ninguna acción contra Ferreiras, a pesar de su culpabilidad, dijo su abogado.

Ferreiras estuvo por nueve meses en la cárcel

“Este es un resultado muy desafortunado para la familia de Domingo”, dijo el jurista. “Domingo es un gran trabajador y un hombre de familia”, precisó el abogado.

En el comunicado, la ICE alega que Ferreiras “es un peligro para la seguridad pública, debido a que cometió varios robos, que lo situaron en la categoría de criminal agravado, en virtud de las leyes de inmigración”.

El comunicado no detalla el récord de presuntos robos de Ferreiras, aunque él insiste en que el de hace 12 años, fue su único delito durante sus 30 años en Estados Unidos.

La ICE señaló que la orden de expulsión en 2015 para deportar a Ferreiras, se retrasó dos veces, en diciembre y enero, para permitirle poner sus asuntos en orden.

“ICE procederá a llevar a cabo la deportación ordenada legalmente”, dice el comunicado.

La Familia

Ferreiras le dijo al Journal Inquirer, que experimentó un milagro ayer jueves durante lo que él llama uno de los peores momentos de su vida.

Fue informado por las autoridades federales a finales del año pasado que iba a ser repatriado a la República Dominicana, una nación con la que dice, no tiene ninguna conexión.

Ferreiras es elegible para ser deportado porque él fue condenado por robo hace 12 años después de robar un bolso.

Toma analgésicos recetados debido a una lesión en el trabajo. Dijo que “no estaba en su sano juicio”, cuando cometió el robo, pero todavía siente el remordimiento todos los días.

A pesar de que se entregó a la policía poco después de haber cometido el robo y posteriormente mantuvo un registro limpio.

Ferreiras fue capaz de limpiar su nombre en relación con esos delitos, pero su convicción por el robo en 2005, apareció en el Banco de Datos de la ICE que lo arrestó en una redada contra inmigrantes legales e ilegales elegibles para ser deportados.

Originalmente iba a ser deportado a principios de diciembre, pero el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, intervino y a Ferreiras se le concedió una gracia de 30 días para que pudiera pasar las vacaciones con su familia en East Hartford.

Ayer jueves, Ferreiras se enfrentó a la realidad brutal de tener que dejar atrás a su esposa, hijos y nietos, todos nacidos en Estados Unidos.

“Fue lo desconocido y el suspenso, estaba muy confundido acerca de lo que venía. No sabíamos qué esperar porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar”, dijo Ferreiras.

Cuando llegó a la oficina de campo de la ICE en Hartford, recibió una reacción inesperada.

“Una señora se acercó a la mesa, ella estaba sonriendo, en una actitud totalmente diferente a la última vez que estuvimos allí. Le entregó un papel y le dijo que volviera en 30 días porque su caso está aún bajo revisión”, explicó su esposa.

La señora Ferreiras dijo que los funcionarios de la ICE no hicieron preguntas y no dieron ninguna información, pero su marido tenía lágrimas en los ojos.

Los 30 días son cruciales para la familia, porque Domingo está a cargo del cuidado de su esposa e hija. Ambas sufren también del síndrome de dolor miofacial, que debilita los nervios.

Domingo y Diane también tienen la custodia parcial de una nieta, la hija de de Baceida, para que puedan atender al niño cuando su hija ella está en el hospital.

Diane dice que su condición le impide a menudo que ella no pueda cuidar a su hija de 2 años de edad, sin la ayuda del padre.

La esposa dijo que planea someter una apelación antes que su marido se vea obligado a regresar ante las autoridades migratorias el próximo mes.

Ella no tiene el dinero para pagar un abogado privado para ayudarla en ese esfuerzo, y abrió una página GoFundMe para recaudar el dinero.

Se espera que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Connecticut, perdone a su marido, pero ya la junta se ha negado dos veces.

La esposa también quiere enfrentar las reacciones negativas del público a la historia de su familia, que frecuentemente se basan en conceptos erróneos de creer que la familia no es estadounidense o que viven de la ayuda del gobierno.

Dijo que estos conceptos equivocados, han dado lugar a insultos raciales contra su familia.

“Ya pasamos 30 días defendiéndonos nosotros mismos y que causó mucha ansiedad”, dijo.

Independientemente de cómo terminará la situación para los Ferreiras, ella asegura que están contentos porque se ha puesto de relieve una política que puede ser muy perjudicial para las familias estadounidenses promedio, respetuosas de la ley.

“Hay muchas razones por las que esto no debería estar sucediendo”, dijo ella. “Las leyes necesitan ser cambiadas o deben ser revisadas por lo menos”.

Carlos Giménez alcalde de Miami-Dade en Florida eliminó el jueves la posición del condado como "santuario" para inmigrantes

El presidente Donald Trump felicitó en Twitter la decisión del alcalde republicano Carlos Giménez

El alcalde de Miami-Dade en Florida, Carlos Giménez, eliminó el jueves la posición del condado como "santuario" para inmigrantes, ordenando a las cárceles cumplir con las solicitudes federales de detención de inmigrantes, informó el diario Miami Herald.

Giménez tomó la decisión por temor a que su condado deje de recibir millones de dólares por desafiar a las autoridades de inmigración, dice el diario.

El presidente Donald Trump, que el miércoles firmó una orden ejecutiva en la que amenazó con recortar los subsidios federales a los condados y ciudades que no cooperen plenamente con la Policía de Inmigración y Aduanas, elogió la decisión del alcalde Giménez en su cuenta de Twitter, horas más tarde.

"Alcalde Miami-Dade anula política de santuario. Decisión correcta. Fuerte!", tuiteó Trump, vinculando el mensaje con el link de la noticia.

Según el Miami Herald, desde el 2013, el condado se ha negado a detener indefinidamente a presos que están en el país ilegalmente y que son buscados por ICE, porque el gobierno federal no reembolsa completamente al condado por el gasto.

El diario aclara que Miami-Dade nunca se declaró “ciudad santuario”, y se ha resistido a que lo designen de esa manera desde el Departamento de Justicia incluyó al condado como un lugar santuario en un reporte en mayo de 2016.

Añade que, anticipando que Trump iba a tomar medidas severas contra lugares santuarios, el condado le pidió a las autoridades federales que reconsideran esa designación, pero todavía no se ha emitido una decisión al respecto.

“El Condado Miami-Dade cumple con las leyes federales e intenta cooperar completamente con el gobierno federal”, escribió Giménez, un republicano que asistió a la toma de posesión de Trump la semana pasada pero que votó por Hillary Clinton para la presidencia.

El alcalde prometió asociarse con la Junta de los Comisionados del Condado "para abordar cualquier tema necesario para cumplir esta orden”. Pero resulta que la comisionada del condado Sally Heyman es una demócrata, quien patrocinó la medida en 2013 que ordenó a Miami no llevar a cabo detenciones de inmigrantes cuyos gastos el gobierno federal no pagara, relata el artículo del Herald.

Según el diario, Heyman dijo que ya está trabajando en una propuesta para cambiar la posición del condado para que Miami-Dade no sea objeto de recortes de fondos federales.

“Es una situación terrible”, dijo Heyman, quien se reunió con las autoridades federales en Washington en diciembre, y a principios de este mes en Miami, para tratar a aclarar la postura de Miami-Dade.

Según cita el Herald, las autoridades de inmigración federales dijeron que ahora tienen suficientes instalaciones para albergar a los detenidos, de manera que podrían recogerlos de las cárceles locales en 48 horas, en vez de obligar al condado a cubrir los gastos de una detención prolongada.

NUEVA YORK,N.Y.-El decreto de Trump ordena al nuevo secretario de seguridad nacional, John Kelly, identificar maneras para detener el financiamiento de fondos federales a este tipo de ciudades. Trump firmó la orden junto a otro decreto para construir un muro a lo largo de la frontera con México, generando duras críticas por parte de demócratas y aplausos por parte de republicanos.

Además de prometer la construcción del muro, Trump tildó durante su campaña electoral de "criminales" y "violadores" a los inmigrantes mexicanos, e insistió en la necesidad de renegociar el tratado comercial que su país suscribió con México y Canadá.

Bill de Blasio,El alcalde de Nueva York dijo el miércoles que su ciudad seguirá protegiendo a inmigrantes sin autorización en clara respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump horas antes y que iniciaban el proceso para bloquear ayuda federal a ciudades que protegen a extranjeros que viven ilegalmente en el país.

"Esta orden no puede cambiar lo que somos. Somos una ciudad de inmigrantes", dijo de Blasio en español durante una rueda de prensa desde el ayuntamiento. "Protegeremos a todo el mundo independientemente de donde venga e independientemente de su estatus migratorio".

Nueva York es una de las consideradas "ciudades santuario" en el país, lo que significa que rehúsan a cooperar con autoridades migratorias para identificar y detener a inmigrantes no autorizados.

De Blasio fue uno de los que expresó decepción el miércoles, al decir que los fondos federales que dejaría de recibir Nueva York son dirigidos en su mayoría a la policía de la ciudad y por lo tanto, la municipalidad sería ahora menos segura. También destacó que la orden ejecutiva tira por los suelos años de grandes avances en la relación entre los inmigrantes y la policía, ya que los primeros confían más en las autoridades debido a la política de santuario.

"Cualquier medida que reduzca esa confianza nos hace un flaco servicio", dijo el comisionado de policía de la ciudad James O'Neill en la misma rueda de prensa.

De Blasio habló rodeado de activistas latinos y el congresista Joseph Crowley.

Las autoridades municipales dijeron que los fondos federales que podrían quedar bloqueados serían entre 150 y 160 millones que en su mayoría irían dirigidos al departamento de policía. También destacaron que la Corte Suprema dictaminó hace años que el gobierno federal no podía retener dólares que debería enviar a ciudades o estados simplemente por discrepancias en políticas migratorias.

Las medidas ejecutivas que Trump firmó el miércoles ordenan reactivar Comunidades Seguras, un programa federal descontinuado por el gobierno de Barack Obama que permitía al servicio de inmigración y aduanas retener a cualquier extranjero susceptible de deportación cuando el FBI verifica los antecedentes.

Nueva York se negó hace años a cumplir con ese programa a menos que el inmigrante haya cometido un crimen violento. Varias cortes federales han dictaminado que jurisdicciones locales no pueden retener a inmigrantes pasado su plazo en la cárcel solo porque autoridades federales lo han pedido.

De Blasio destacó el miércoles que es posible que la ciudad demande al gobierno federal si éste niega fondos a la municipalidad.

Nueva York.-Una gran cantidad de dominicanos residentes en Estados Unidos se verán afectados con el aumento de tarifas de trámites migratorios, anunciado el pasado mes por el gobierno norteamericano.

Dicho aumento entrará en efecto a partir del próximo 23 de diciembre, según lo presenta en su página web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Dicho aumento es el primero en seis años y representa un promedio de 21% para la mayoría de solicitudes. Entre los incrementos más destacados está la solicitud de ciudadanía que de $595 dólares pasará a $640 dólares, para un aumento de $45.

El formulario para solicitar el ajuste de estatus o residencia permanente aumentará de $985 a $1.140 dólares, $155 más. De igual manera, el permiso de trabajo subirá de $380 a $410 dólares, para un aumento de $30.

Cabe mencionar que el USCIS ha establecido el perdón del pago o un pago reducido para los solicitantes que califiquen, según sus ingresos. Cualquier llamada relacionada, contactar el Centro Nacional de Servicio al Cliente: 800-375-5283.

Por Ramón Mercedes