El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la "crisis humanitaria" de los miles de menores no acompañados que tratan de alcanzar territorio estadounidense e hizo un llamamiento a los padres centroamericanos para que no envíen a sus hijos a la frontera."Nuestro mensaje claramente es: no envíen a sus niños no acompañados en trenes o a través de una banda de coyotes", afirmó Obama en declaraciones a la cadena ABC. "Ni siquiera sabemos cuántos niños no lo consiguen y pueden haber acabado siendo víctimas de tráfico sexual o muertos porque se cayeron de un tren".

"No envíen a sus niños a las fronteras", insistió. "Si lo consiguen (llegar), serán deportados. Y lo que es más importante, puede que no lo consigan".

Según el departamento del Interior, más de 52.000 menores no acompañados cruzaron la frontera entre EE.UU. y México este año. La mayoría de ellos provienen de países centroamericanos.

Este mes, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas para hacer frente a la incesante llegada de menores indocumentados provenientes de Centroamérica y que ha desatado la crisis migratoria más grave de los últimos años.

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) -- El gobierno dominicano puso en vigencia el sábado, a pesar de los reclamos de diversos grupos de derechos humanos, un plan para regularizar a las miles de personas que perderán la nacionalidad debido a un fallo del tribunal constitucional.

El proyecto "tiene una importancia fundamental", ya que permitirá determinar "el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas" de los extranjeros, detalló la presidencia en el comunicado en el que informó que el presidente Danilo Medina firmó la noche del viernes el decreto para oficializar el plan.

El decreto establece un plazo de 18 meses para que los extranjeros que radican en República Dominicana sin permiso migratorio, incluidos los descendientes de inmigrantes a quienes les será anulada la nacionalidad, se regularicen.

Durante los primeros meses, el gobierno creará la infraestructura para comenzar a recibir las solicitudes y procesarlas a partir de junio próximo.

Miles de personas perderán la nacionalidad dominicana luego de que el Tribunal Constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de una mujer de ascendencia haitiana, que desde 1929 la constitución vigente en ese momento establecía que los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia son "extranjeros en tránsito" y sus hijos nacidos en el país no son dominicanos.

El Tribunal ordenó en su sentencia inapelable que el registro civil realice en un plazo máximo de dos años un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anule mediante procesos judiciales la nacionalidad a aquellos cuyos padres carecían de residencia legal, como los miles de haitianos que durante el siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde se establecieron por el resto de sus vidas.

Diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, estiman con base en una reciente encuesta auspiciada por Naciones Unidas que la medida afectará a unas 250.000 personas, en su mayoría descendientes de inmigrantes del vecino Haití.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró la semana anterior que según un muestreo de 1966 a la fecha, en ese periodo sólo unas 24.000 personas serán afectadas.

El plan adelantó de que habrá un "proceso especial para la naturalización" de los descendientes de extranjeros, pero no establece aún ni los requisitos ni las condiciones.

El documento sólo precisa los procedimientos para regularizar a partir del 1 de junio del 2014 y hasta mayo del 2015 a los inmigrantes que no cuentan con permiso para residir en territorio dominicano, en su gran mayoría inmigrantes haitianos que trabajan como albañiles, empleadas domésticas y jornaleros agrícolas.

El plan "es contradictorio", dijo a The Associated Press Joseph Cherubin, dirigente de la organización no gubernamental Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha).

Cherubin, quien representa a la mujer cuyo caso fue usado por el Tribunal Constitucional para emitir su fallo, insistió que "para que alguien pueda ser naturalizado necesita un pasaporte extranjero", según la ley de naturalización. Pero los afectados por la desnacionalización ordenada por el tribunal carecen de pasaporte y acta de nacimiento de otro país. "Por eso no caben, no se puede naturalizar a un dominicano".

Mosctha y otras organizaciones de derechos humanos habían solicitado al gobierno no incluir en el plan de regularización de extranjeros a quienes pierdan la nacionalidad.

El tema de la personas desnacionalizadas "debe abordarse a partir de una medida y un escenario distintos", consideró la organización católica Red Jesuita en un documento que entregó al viernes al Consejo Nacional de Migración, encargado de la elaboración del plan.

El Consejo Nacional de Migración había dado a conocer su propuesta de plan el 22 de noviembre y el 27 abrió un plazo de tres días para que los interesados enviaran sus propuestas.

El gobierno también tenía previsto dialogar con las autoridades haitianas sobre el plan de regularización, pero canceló la cita, prevista para el sábado, luego de que el presidente de Haití, Michel Martelly, participó en la reunión en la que la comunidad del Caribe condenó la desnacionalización.

El presidente Medina firmó el decreto que formaliza el plan en el último día del plazo para recibir propuestas y poco antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comience el lunes una visita de cinco días para recibir denuncias y escuchar testimonios de los afectados por el proceso de desnacionalización.

María Isabel Rivera, vocera de la CIDH, adelantó que al término de la visita, el organismos multilateral podría emitir medidas cautelares en casos individuales que considere urgentes.

© 2013, La Prensa Asociada.

PUERTO PRÍNCIPE,HAITI Noviembre 25 2013.--República Dominicana deportó al menos a 244 haitianos después de que desconocidos asesinaron a una pareja de ancianos dominicanos cerca de la frontera con Haití, durante un posible robo, y una multitud enfurecida se vengó matando a un haitiano, dijeron el domingo dos defensores de los migrantes.

El padre Antoine Lissaint de la Organización Jesuita para los Refugiados y los Migrantes de Haití dijo a The Associated Press que una turba dominicana mató al hombre después de que la multitud culpó del apuñalamiento mortal de la pareja a personas de ascendencia haitiana.

José Méndez Díaz y Luja Encarnación Díaz, ambos de 70 años, fueron asesinados durante un aparente robo en su casa, en el que los presuntos asesinos se llevaron dos sacos de café, informó la policía dominicana en un comunicado. Los detectives hallaron un cuchillo y un palo en el lugar.

No hubo declaraciones por parte del gobierno dominicano.

Varios haitianos que han estado viviendo en la ciudad suroccidental dominicana de Neiba en los últimos años se refugiaron en una estación de policía por temor a represalias, dijo Lissaint. La policía entregó al grupo a los soldados dominicanos, quienes los llevaron a la frontera y allí los expulsaron a Haití el sábado.

Defensores de los migrantes dijeron que algunas de las personas expulsadas de República Dominicana estaban ansiosas de salir porque temían que hubiese más violencia de parte de turbas.

Haití y República Dominicana han tenido una relación históricamente conflictiva como vecinos de la isla caribeña de La Española, pero las relaciones entre los dos se volvieron especialmente tensas desde que un fallo judicial dominicano en septiembre amenazó con revocar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana.

Jean-Baptiste Azolin, subcoordinador del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, dijo que no todas las personas que fueron repatriadas fueron detenidos en la comisaría.

"Algunos de ellos fueron capturados en las calles, con sus hijos, y fueron enviados a Haití: así, sin nada", dijo Azolin.

Trabajadores de la Dirección Nacional de Migración de Haití recibieron a los haitianos expulsados ??y otros de origen haitiano, muchos de ellos madres con sus hijos, entre ellos un niño de tres días de edad. Fueron llevados a un refugio al norte de la capital, Puerto Príncipe, donde recibieron alimentos.

También recibieron el equivalente de 22 dólares cada uno para ayudarles a volver a sus antiguos lugares de residencia en Haití.

"Algunas personas (aquí) tienen hijos en República Dominicana y no saben dónde están", afirmó en español Fritz Jimani, una de las personas deportadas.

Entrevistado en el refugio, Azolin dijo que el número real de personas deportadas y que deseaban salir de República Dominicana por temor de más violencia colectiva podría ser mayor que los 244 informados inicialmente. Dijo que 252 personas llegaron al refugio diciendo que eran parte de los expulsados, pero hubo un informe de que un autobús dominicano llevaba 75 deportados más hacia la frontera.

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) -- El presidente dominicano Danilo Medina y el Consejo Nacional de Migración analizarán el viernes diferentes propuestas para regularizar a los miles de descendientes de extranjeros que perderán la nacionalidad dominicana debido a una reciente disposición judicial.

"Estamos tratando de hacer un plan consensuado entre los diferentes sectores", dijo el jueves el ministro del Interior José Ramón Fadul, quien preside el Consejo Nacional de Migración. El funcionario se abstuvo de adelantar detalles sobre las diferentes propuestas.

Miles de descendientes de extranjeros nacidos en República Dominicana, en su mayoría de origen haitiano, perderán la nacionalidad dominicana luego de que el tribunal constitucional determinó en septiembre pasado, mediante un fallo inapelable, que los hijos de inmigrantes sin residencia legal nacidos en el país después de 1929 no son dominicanos.

El tribunal ordenó realizar un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana desde 1929 y emprender acciones ante tribunales para anular la nacionalidad de aquellos cuyos padres no tenían residencia legal, como los miles de haitianos que en el Siglo XX fueron llevados a trabajar en los cañaverales dominicanos, donde se establecieron y formaron a sus familias.

Diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales estiman, con base en una reciente encuesta de Naciones Unidas, que la medida afectará a unas 250.000 personas, entre ellas 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró esta semana que, según un muestreo realizado de 1966 a 2013, en ese periodo sólo 24.000 personas serán afectadas.

Ante la presión internacional, la presidencia dominicana anunció el viernes que esta semana llegó a un acuerdo con la cancillería del vecino Haití a fin de priorizar el diálogo en la "resolución de cualquier situación relacionada con las personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana" afectadas por la sentencia del tribunal constitucional.

El acuerdo de tres puntos fue firmado en Caracas el 19 de noviembre a través de la mediación del gobierno venezolano.

Ambos gobiernos coincidieron en volverse a reunir a fin de llegar a acuerdo sobre "una serie de decisiones" sobre la aplicación del plan de regularización.

Para que el gobierno dominicano pueda regularizar como extranjeros migrantes a los descendientes de inmigrantes haitianos, el gobierno de Haití deberá reconocerles la nacionalidad de ese país y emitirles documentos de identidad.

© 2013, La Prensa Asociada.

WELLTON, Nuevo México, EE.UU.Nov,19 -- La Patrulla Fronteriza informó que sus agentes arrestaron a 18 personas que trataban de entrar con fardos de marihuana a Arizona desde México en días recientes. Un grupo de unos 12 traficantes fueron avistados en el Refugio Nacional Cabeza Prieta entre Yuma y Tucson el viernes. Los agentes arrestaron a 10 mexicanos y dos hondureños y confiscaron 224 kilos (469 libras) de marihuana.

El día siguiente los agentes capturaron a seis traficantes más en el mismo refugio y confiscaron 108 kilos de marihuana.

Los traficantes con frecuencia usan a grupos de inmigrantes para llevar fardos llenos de marihuana por los desiertos del sur de Arizona.

© 2013, La Prensa Asociada.

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) -- Funcionarios del gobierno anunciaron el jueves que más de 24.000 personas nacidas en la República Dominicana hijos de extranjeros no fueron inscritos correctamente, por lo cual podrían perder la ciudadanía, según establece una reciente decisión del Tribunal Constitucional.

El Consejo Electoral anunció los resultados después de revisar minuciosamente durante ocho días 60.000 registros de nacimientos, alegando que los grupos de derechos humanos cometieron un error al calcular que la decisión judicial afectaría a unos 200.000 residentes, cuyas familias han vivido en muchos casos durante décadas en el país.

"Considero que estas estadísticas despejan muchos mitos y mucha información que no es consistente con la verdad", destacó el presidente del Consejo Electoral Roberto Rosario.

Los grupos de derechos humanos criticaron la cifra del Consejo, destacando que subestima profundamente el posible impacto de la medida.

Entre las 24.392 personas que el gobierno identificó sólo se incluye a los inscritos en el registro civil, indicó Santiago Canton, director del grupo Partners for Human Rights del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Indicó que no aparecen en esos registros las personas que nunca fueron inscritas o a quienes no se les permitió hacerlo, señaló.

"Es sabido que a otros miles se les negó acceso al registro civil en primer término", afirmó Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Canton dijo que el gobierno debería admitir públicamente que la decisión del tribunal es racista y que viola los acuerdos internacionales.

Los defensores señalan que muchos de los afectados por el fallo del tribunal son descendientes de inmigrantes pobres que llegaron a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar procedentes del vecino Haití, una nación que comparte la isla La Española con la República Dominicana.

Rosario dijo que más de la mitad de los 24.392 residentes no inscritos debidamente son descendientes de haitianos.

El Consejo Electoral dispuso en el 2007 que se negara la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que residen ilegalmente en la República Dominicana y las autoridades han confiscado documentos a las personas que ya tenían certificados.

Los redactores de la AP Dionisio Soldevila en Santo Domingo y Danica Coto en San Juan, Puerto Rico, informaron para este despacho.

© 2013, La Prensa Asociada.

Santo Domingo,Republica Dominicana.- 25 oct (EFE).-El presidente dominicano Danilo Medina niega nacionalidad a personas nacidas en el país de padres que no tengan documentos, El presidente dominicano, Danilo Medina, explicó hoy a embajadores latinoamericanos acreditados en Santo Domingo la posición del Gobierno ante una sentencia que niega la nacionalidad a personas nacidas en el país caribeños de padres sin documentos, que afecta especialmente a las de origen haitiano.

Así lo informó la Presidencia en un comunicado emitido tras una reunión de Medina con embajadores y jefes de misiones de 16 países de América Latina acreditados ante el Gobierno dominicano.

El jefe de Estado compartió con los diplomáticos las decisiones tomadas el miércoles por el Consejo Nacional de Migración, que decidió de que en un plazo no mayor de 60 días deberá presentarse un plan para regular a los extranjeros en el país.

El anuncio de dicho plan se da en medio de la polémica por el fallo emitido a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC) que resolvió que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

En un comunicado leído por el portavoz presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, tras la reunión del miércoles, el Consejo Nacional de Migración señaló que el Ejecutivo acata dicha sentencia, al tiempo que reiteró su compromiso "con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales".

En el documento, el Consejo reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria "clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales".

Paralelamente, agregó, el Estado "es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia".

Asimismo, reiteró la posición del presidente Medina de que "aquí hay un problema humano que tenemos que resolver".

En la cita se acordó la conformación del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo.

También de decidió que en un plazo de 30 días la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, rendirá un informe que recoja el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en su registro, tanto en su condición de regulares como irregulares.

La sentencia puede afectar a unas 250.000 personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de origen haitiano, además de alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.

LOS ANGELES.-17 de Sept.-- Dos de las cuatro organizaciones de dreamers más grandes del país dejaron de trabajar por una reforma migratoria integral y otra todavía apoya la campaña pero también comenzó a exigir otros tipos de beneficios para quienes ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.

California,Los Angeles. 11 Sep.- El senado de California aprobó la noche del lunes por mayoría una iniciativa para que las deportaciones se limiten a indocumentados peligrosos.

El senado asumió una votación claramente partidista de 24 votos a favor y 10 en contra de la iniciativa AB4, conocida como el Acta de la Confianza.

La propuesta fue aprobada en la cámara baja o asamblea y ahora será entregada al gobernador Jerry Brown.

El acta exenta a los departamentos de policía y de alguaciles en el estado a proporcionar automáticamente información de detenidos y fichados a autoridades de migración. Las autoridades policiales proporcionan esa información a la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE), mediante el programa llamado de Comunidades Seguras.

La legislatura de California también aprobó una versión del Acta de la Confianza el año pasado, pero el gobernador Jerry Brown la vetó con el argumento de que beneficiaría a indocumentados delincuentes.

El programa Comunidades Seguras dice además que aquellos que estén sin permiso legal en el país deben ser retenidos para las autoridades de inmigración.

"Personas inocentes han sido deportadas", dijo el senador demócrata Kevin de León, que presentó la ley en el Senado.

Siete de cada 10 inmigrantes deportados bajo el programa no habían cometido ningún delito mayor, dijo. Citó ejemplos de individuos que quedaron atrapados en procesos de deportación porque reportaron violencia doméstica o actividades pandilleras, o por violaciones menores de tránsito como luces traseras rotas en sus autos.

Como resultado, dijo, los inmigrantes "están perdiendo la fe en las agencias del orden". La ley mejoraría la seguridad pública, al alentar a los inmigrantes a cooperar con la policía, dijeron partidarios.

Inmigrantes sospechosos de delitos mayores aún podrían ser detenidos para deportación, dijo de León, mientras que aquellos convictos de delitos mayores serían deportados tras cumplir sus sentencias. Las autoridades locales podrían además detener a aquellos convictos previamente de delitos graves o violentos.

El gobernador Jerry Brown vetó una propuesta similar el año pasado porque no permitía que las autoridades locales detuviesen para deportación a aquellos convictos de crímenes como abuso de menores y narcotráfico. Esos delitos quedaron exentos en la versión de este año.

El senador republicano Jim Nielsen dijo que la capacidad de detener a algunos sospechosos para deportación es invaluable porque da a las autoridades tiempo para investigar el delito. "Eso es clave para las autoridades", dijo.

Los que se oponen a la medida argumentan que ésta pudiera poner en peligro fondos federales si el estado difiere de la política nacional de inmigración.

El tema de Siria y otros considerados urgentes en el Congreso de Estados Unidos podrían postergar la reforma migratoria un par de años, considera el congresista republicano Raúl Labrador.

"Tenemos la situación en Siria, tenemos la situación monetaria, la situación de lo que se llama el tope de la deuda, que es el límite de la deuda que tenemos en Estados Unidos", dijo el legislador en entrevista con Jorge Ramos para el programa Al Punto de Univisión.

"Todas estas cosas están avanzando; son las cosas que tenemos que hacer ahora inmediatamente", mencionó Labrador.

"Desafortunadamente, yo pienso que eso va a retrasar un poco el debate acerca de inmigración", advirtió.

Labrador fue entrevistado en la víspera del regreso del Congreso a sesiones este lunes, luego del periodo vacacional de legisladores en el verano.

Ramos dijo al congresista que si la reforma migratoria deja de proceder en 2013, para el siguiente año sería más difícil que avance, pues es año electoral.

"Estoy totalmente de acuerdo con usted", respondió el legislador. "Creo que si no lo hacemos ahora en 2013, no va a suceder en 2014; y eso significa que vamos a tener que esperar hasta 2015", comentó.

Dijo que pensaban debatir la reforma migratoria en octubre. "Pero ahora con los problemas internacionales que tenemos y también en la nación, no creo que vamos a poder tener este debate hasta noviembre. Y realmente no sé si en noviembre se va a poder hacer", anotó.

Labrador es uno de los pocos miembros de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes que podría influir para aprobar una reforma migratoria.

El director general de Facebook Mark Zuckerberg se pronunció el lunes públicamente en favor de una reforma migratoria en Estados Unidos, un tema en el que ha estado trabajando tras bambalinas durante meses.

El multimillonario de 29 años habló durante el estreno en San Francisco de "Documented" (Documentado), un documental autobiográfico del activista y periodista José Antonio Vargas.

Vestido como de costumbre con sudadera de capucha y zapatos deportivos, Zuckerberg rebatió la noción de que él y otros líderes del Valle del Silicio sólo tratan de asegurarse más visas H1B para trabajadores del sector tecnológico.

"Esto es algo que creemos es en verdad importante para el futuro de nuestro país, y para que nosotros hagamos lo que es correcto", dijo Zuckerberg ante cientos de personas que acudieron a la proyección en el Centro para las Artes Yerba Buena, entre los que se encontraban la líder de la minoría en la cámara baja Nancy Pelosi y el alcalde de San Francisco Ed Lee.

Zuckerberg y su excompañero de habitación en la Universidad de Harvard Joe Green recientemente fundaron la organización Fwd.us para abogar por un mecanismo para naturalizar a casi 11 millones de inmigrantes que viven de manera ilegal en Estados Unidos.

Pero el lunes fue la primera vez que Zuckerberg abordó el tema públicamente.

El creador de Facebook Inc. dijo que la primera vez que se dio cuenta de que se necesitaba un cambio en el sistema migratorio fue cuando fue maestro voluntario de la materia de iniciativa empresarial en la escuela Menlo Park, donde muchos de los estudiantes fueron traídos a Estados Unidos por sus padres sin el debido proceso migratorio.

"No importa dónde nacieron, (estos estudiantes) van a ser los emprendedores de mañana y la gente que creará los empleos en este país", dijo a la audiencia el creador de Facebook. "Estos son los temas que no sólo atañen a nuestra parte de la industria, sino que atañen a todo un país".

Tras ser despedido sin justificación, Heriberto Zamora, que trabajó en un restaurante de Beverly Hills por seis años sin recibir paga por todas las horas trabajadas, decidió demandar al dueño. El caso concluyó con una victoria legal para el joven mexicano.

La victoria que Heriberto Zamora obtuvo la semana pasada, luego de un año de haber puesto una demanda en contra de su patrón ante la Oficina del Comisionado Laboral de California, le sabe al más exquisito rollo de sushi que preparan en el restaurante Urasawa de Beverly Hills.

Ese restaurante es el segundo más caro del país y donde Zamora trabajó durante casi seis años sin recibir el pago correspondiente de horas extra.

El famoso chef Hiroyuki Urasawa, dueño del restaurante, lo despidió el 21 de junio de 2012 luego de que Zamora le pidiera retirarse a casa porque estaba enfermo.

El joven de 24 años, inmigrante de Oaxaca, México, que trabajaba como ayudante de cocinero en el restaurante, acudió a la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de Koreatown (KIWA) al considerar que se trataba de un despido injustificado y donde le recomendaron poner una demanda ante la Oficina del Comisionado Laboral, también conocida como Division of Labor Standards Enforcement (DLSE).

Los investigadores del DLSE abrieron un caso por separado en nombre de tres trabajadores, al descubrir que el personal de la cocina trabajaba 10.5 horas diarias sin que les pagaran las horas extra, sin descansos ni periodos para la comida.

Urasawa fue multado $27,200 y obligado a pagar $38,585 para los tres trabajadores por concepto de horas extra.

Sin embargo, la demanda de Zamora siguió su curso y el jueves pasado Urasawa acordó pagar una cantidad no revelada por los últimos tres años que no pagó las horas extra.

“No es mucho, pero sí me alcanza como para ir a comer a su restaurante”, comentó Zamora.

Urasawa es el restaurante más caro de Los Ángeles, donde el costo mínimo de una cena para dos personas es de $1,111.

“Más que nada es una victoria para todos los trabajadores que pasan por lo mismo”, dijo el joven oaxaqueño. “Es un ejemplo de que sí se puede, de que las leyes son las leyes y de que aún así sea el restaurante más famoso, contra la ley no va a poder”.

Un estudio realizado en 2009 por el UCLA Labor Center, estimó que cada semana unos 13 mil trabajadores de Los Ángeles son víctimas de “robo de salario”, es decir, que no les pagan horas extra, no les dan descansos o no les dan tiempo para comer, lo cual significa que los patrones están dejando de pagar alrededor de $26 millones de dólares semanales.

Kathrin Buschmann, representante de KIWA, dijo que tuvieron que llegar a un acuerdo firmado con Urasawa para que pague lo que debe, ya que en el 80% de los casos en que el DLSE les ordena pagar, los patrones logran evadir esa responsabilidad.

Eso, explicó, es debido a que la DLSE no cuenta con un mecanismo para obligar a los patrones a cumplir con los pagos.

Por ello están buscando que el nuevo fiscal de la ciudad, Mike Feuer, promueva una ordenanza municipal que imponga multas y se establezca una oficina que ayude en este tipo de casos.

Además, indicó la vocera de KIWA, junto con otras organizaciones están impulsando a nivel estatal la iniciativa AB1164 (Fair Paycheck Act) para que se pueda aplicar un gravamen a las propiedades del patrón como garantía de pago.

“Esta victoria legal es un paso importante para educar a los trabajadores de sus derechos, porque hay muchos dueños que están explotando a los trabajadores y aprovechándose de que son inmigrantes”, mencionó Buschmann.

El joven oaxaqueño ya prepara un festejo con amigos y con las organizaciones que lo apoyaron, una celebración entre tlayudas y sushi, y para que sepa mejor la victoria, con mezcal y sake.

El Congreso enfrenta hoy un día decisivo en el futuro de la reforma migratoria. Los congresistas republicanos evaluarán el camino a seguir para debatir el proyecto, en medio de una intensa presión mediática y de grupos proinmigrantes.

La frase ya se está haciendo recurrente en el Capitolio: "No me gustaría estar en los zapatos del presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (R-OH)". En un lado tiene al extremo de su partido que no acepta nada que se acerque a la legalización. En el otro, enfrenta las amenazas que auguran un futuro político fatídico si no permite un voto con esta opción.

Boehner liderará hoy una reunión especial en la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes para discutir este tema a las 3 p.m. Ayer reiteró que su asamblea "no votará el proyecto de ley del Senado" y aseguró que la manera adecuada de abordar la discusión migratoria era "paso a paso".

"Habrá una conversación con nuestros miembros el miércoles sobre cómo avanzaremos. Tenemos un sistema roto, trabajadores indocumentados en números récord. No podemos hacer la vista gorda a este problema", dijo.

El encuentro republicano no se dará en calma. Desde temprano, grupos proinmigrantes liderarán movilizaciones a favor de una reforma. Cerca de 500 Dreamers y sus padres comenzarán el día con una ceremonia aspiracional de ciudadanía.

Al mediodía, un grupo de voluntarios llevará paquetes de ayuda a todos los congresistas republicanos, recordándoles cómo su postura puede hacer la diferencia en el futuro de su partido.

Finalmente, se espera que cientos de personas participen en una manifestación organizada por Casa de Maryland, para demostrar el amplio apoyo al proyecto de ley del Senado.

Grupos como Americas Voice ya han iniciado la presión política. Ayer, presentaron una encuesta en conjunto con Latino Decisions, donde identificaron 44 escaños pertenecientes a republicanos, en que la influencia del voto latino podría impactar el resultado de las elecciones en 2014.

Grupos como CHIRLA ya han presionado a nivel local con este argumento. Su directora ejecutiva, Angélica Salas, enfatizó que el "futuro político de los 15 republicanos que representan a California dependerá de cómo actúen en este debate. Deben romper con la línea de su partido y luchar por su sobrevivencia", aseguró.

Los senadores demócratas que escribieron el proyecto de ley y los miembros de su partido en la Cámara Baja, se reunieron ayer para debatir estrategias sobre inmigración.

El senador Charles Schumer (D-NY) delineó cinco posibles estrategias que Boehner puede tomar, para llevar la reforma migratoria a un voto y dejó claro que un proyecto de ley "sin un camino a la ciudadanía es inaceptable".

El histórico proyecto de ley aprobado por el Senado reconfiguraría la fuerza laboral de Estados Unidos en todos sus niveles al aportar más inmigrantes a numerosos sectores de la economía, desde compañías tecnológicas de punta hasta restaurantes y empresas agrícolas.

En lugar de los trabajadores no autorizados que se encuentran ahora comúnmente en empleos que no requieren especialización en la agricultura o el sector de los servicios, muchos de estos trabajadores estarían en el país de manera legal, algunos de ellos con residencia permanente y aún la ciudadanía.

La inmigración no autorizada a través de la frontera con México disminuiría, a la vez que aumentaría fuertemente la inmigración legal.

Este es el panorama que surge de análisis recientes sobre el proyecto inmigratorio de gran alcance aprobado el mes pasado por el Senado con el respaldo de la Casa Blanca.

Aunque el proyecto se propone asegurar las fronteras, rastrear a quienes excedan el período de tiempo autorizado por sus visas y negar a los empleadores la capacidad de contratar a trabajadores sin documentación legal, de ningún modo se propone cortar la inmigración. Por el contrario, en las próximas dos décadas aumentaría la población nacional en 15 millones de personas en comparación con la ley vigente, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Aun después de décadas de crecimiento en la población de nacidos en el exterior, el aumento podría sentirse de muchas maneras a lo largo y lo ancho del país, desde las grandes ciudades que absorberían aún más diversidad, hasta los pueblos pequeños que todavía podrían estar adaptándose a la llegada de inmigrantes.

"Eso está respaldado en la premisa básica del proyecto", observó Doris Meissner, miembro del Instituto de Política Migratoria, "que es que es necesario suministrar vías legales para que la gente venga al país, tanto en las categorías de visas temporales de largo plazo o permanentes para satisfacer las necesidades del futuro y evitar los incentivos a la inmigración ilegal".

El nivel de inmigración dispuesto por el proyecto ha tenido una repercusión política en el debate y probablemente seguirá siendo un tema discutido y disputado en las próximas semanas, cuando la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se esfuerce en determinar cómo responder al proyecto de la cámara alta.

Es una cuestión compleja porque el proyecto expande varias categorías de visas temporales y permanentes, cancela otras y crea nuevas. Algunos programas de visas tienen topes y otros no, y algunos se expandirían o contraerían en respuesta a la demanda.

Los oponentes, encabezados por el senador republicano Jeff Sessions, han pronosticado notables aumentos en la inmigración bajo el amparo del proyecto. Sesions advirtió que 57 millones de residentes permanentes y temporales e inmigrantes recién legalizados inundarían el país dentro de una década y privarían de empleos a los estadounidenses.

Por otra parte los partidarios, incluido el senador republicano Marco Rubio, han desestimado el impacto del proyecto. En respuesta a Sessions, la oficina de Rubio argumenta que dicho plan del Senado "no aumenta significativamente la inmigración anual de largo plazo a Estados Unidos".

Según la ley actual, aproximadamente un millón de personas reciben la tarjeta de residencia permanente cada año. Esa cifra probablemente aumentaría de 1,5 a 1,7 millón anual, según el proyecto de la cámara alta, en el término de un lustro a partir de su implementación, calcula el Instituto de Política Migratoria.

Pero esas cifras no incluyen a quienes lleguen con visas temporales de trabajo, que podrían aumentar en cientos de miles por año bajo el proyecto del Senado, según el mismo instituto. Esta cifra incluye más del doble de visas para trabajadores sumamente especializados, una nueva visa para trabajadores no especializados que podría subir hasta 220,000 por año, y más visas para trabajadores agrícolas.

Hay también decenas de nuevas visas de trabajo para personas procedentes de Irlanda, Corea del Sur y países africanos y caribeños, y en otros sitios que reciben trato especial en el proyecto. Algunos de estos trabajadores podrían acceder a la residencia permanente y a la larga a la ciudadanía.

Por otra parte, el flujo de la inmigración no autorizada decrecería en una tercera parte o incluso a la mitad en comparación con la ley actual, dijo la Oficina Presupuestaria del Congreso. La inmigración no permitida ya ha disminuido desde el 2000 debido a varios factores, incluidas la depresión económica y las medidas de seguridad más estrictas después de los ataques terroristas del 2001.

El proyecto ofrece una vía de 13 años hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que están ahora en situación ilegal, el elemento más controversial del proyecto, ya que muchos conservadores en la Cámara baja no quieren concederles la ciudadanía.

El representante federal Luis Gutiérrez dijo que los partidarios de una reforma migratoria integral deben hacerse escuchar, en momentos en que el debate pasa a la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría y las perspectivas de la propuesta son inciertas.

Gutiérrez, demócrata por Illinois, se unió al senador federal Dick Durbin, demócrata por Illinois, en una reunión de la Asociación Nacional de Funcionarios Hispanos Electos y Nombrados (NALEO) en Chicago.

Gutiérrez dijo que ha trabajado estrechamente con algunos legisladores republicanos sobre el proyecto de inmigración y continuará haciéndolo, con la esperanza de lograr un mayor apoyo de ese partido a la iniciativa.

"Creo que en la Cámara de Representantes la mayoría republicana y el presidente del foro no han captado la gran importancia de esta petición. No lo han hecho", afirmó Gutiérrez

"No comprenden la amplitud ni la profundidad del deseo de la gente que quiere que esto se concrete, ni del poder detrás de este movimiento a favor de una reforma integral", agregó.

Durbin formó parte del grupo bipartidista de ocho legisladores que elaboró la iniciativa aprobada el viernes por el Senado, de mayoría demócrata. La iniciativa prevé reforzar la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y ofrece un camino a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos.

La propuesta de reforma también incluye la iniciativa DREAM, que hace asequible la educación superior a personas que ingresaron sin permiso en el país. Durbin ha presionado a favor de esta propuesta durante más de una década.

Ayer Gutiérrez hizo un reconocimiento a los jóvenes que se presentaron y compartieron sus historias a favor de la aprobación de la medida.

Sin embargo, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que ese foro no considerará la iniciativa del Senado y en su lugar examinará su propia iniciativa.

Uno de los verdaderos escollos será la opción para la ciudadanía, un componente crucial en el plan del Senado.

Los partidarios dijeron que cualquier propuesta integral debe incluir un proceso mediante el cual los inmigrantes puedan naturalizarse, aunque hayan entrado sin permiso al país.

Sin embargo, muchos conservadores se oponen a esta medida porque consideran que equivaldría a una amnistía a delincuentes. También aseguran que es injusta para los inmigrantes que entraron legalmente al país.

Gutiérrez, de Chicago, dijo ayer que la iniciativa de la Cámara de Representantes en la que él está trabajando también incluirá una opción para la ciudadanía.

Dijo que cree que tiene sentido que la Cámara Baja tenga su propio proceso que refleje la mayoría republicana. Sin embargo, agregó que la propuesta "debe ser una en al que se nos permita el voto".

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes votará este martes por su primera iniciativa migratoria de este año, una estricta medida que da a las autoridades locales y estatales nuevas facultades para actuar contra la gente que vive de manera ilegal en Estados Unidos. Grupos de inmigrantes y demócratas están protestando por la medida, porque consideran que representa una mala política por parte de los representantes republicanos en momentos en que el Senado está sopesando una reforma migratoria integral que incluye un mecanismo para que 11 millones de inmigrantes puedan obtener la ciudadanía. Pero el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el republicano Bob Goodlatte, dijo que cualquier reforma migratoria real debe asegurar que se cumplan las leyes en la materia. Agregó que la iniciativa del Senado carece de una cláusula al respecto. El panel de Goodlatte votará este martes por la Ley de Refuerzo y Fortalecimiento de la Ley. La iniciativa faculta a las autoridades de seguridad local a aplicar las leyes migratorias.

WASHINGTON, D.C.— El proceso de debate donde se pondrá a prueba la frágil coalición que sostiene el proyecto de ley para una reforma migratoria en el Senado está a punto de comenzar. Mientras tanto el Presidente Obama ha estado tratando de lograr consenso entre los legisladores en torno a la reforma migratoria.

El Senado en pleno comenzará a debatir el tema el próximo martes y se espera emitan su voto final antes del 4 de julio. Para abrir el debate y comenzar con las enmiendas a partir de ese día se requiere una votación con un mínimo de 60 senadores a favor.

El líder de la mayoría, Harry Reid (D-NV) considera que no habrá problema en conseguir ese número.

"El Presidente ha estado hablando con los senadores. Lo más importante es aprobar una legislación lo más fuerte posible. Nuestro enfoque es ese y sería grandioso si lo conseguimos con 75 votos", dijo la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Múñoz.

El senador John Cornyn (R-TX), ya ha dicho que presentará una enmienda al proyecto de ley aprobado por el Comité Judicial que básicamente supeditaría el proceso de legalización de unos 11 millones de indocumentados en el país, al control operacional de la seguridad fronteriza.

Grupos proinmigrantes ven la enmienda de Cornyn como un peligro serio para la sobrevivencia del proyecto de ley.

"Cualquier enmienda que en nombre del control de seguridad, minimice o elimine esto, ataca el corazón del proyecto de ley en el Senado y a los principios del Presidente", indicó Múñoz.

"Es razonable continuar la conversación sobre control de seguridad (fronteriza), pero es muy importante que cualquier producto que salga de esto, sea consistente con los principios básicos de una reforma migratoria, como el camino a la ciudadanía", dijo.

Cámara de Representantes negocia sobre la cobertura de salud de inmigrantes

En la Cámara de Representantes, un grupo bipartidista de legisladores se encuentra enfrascado en las negociaciones sobre inmigración y ayer el congresista Raúl Labrador (R-ID) se retiró de las discusiones, debilitando enormemente la fuerza y viabilidad del grupo.

Aunque lamentó la salida de Labrador, el congresista Luis Gutiérrez (D-IL) dijo que todavía existe un compromiso por parte de los otros miembros para presentar un proyecto de ley.

"Las discusiones siguen incluyendo el debate sobre si los inmigrantes podrán recibir cuidado médico durante el largo periodo en que esperen su ciudadanía", declaró.

"La visión del Presidente es que la gente debe tener la posibilidad de comprar cobertura en las nuevas bolsas de seguro médico creadas por el gobierno con su propio dinero. Eso es consistente con el proyecto de ley del Senado. En la Cámara de Representantes hay una discusión diferente, pero no hemos visto lenguaje legislativo sobre eso, por lo que no sé qué proceso delineará", explicó Cecilia Muñoz.

"Mi entendimiento es que una de las propuestas que estaban considerando era exigirle a la gente que no acceda a servicios pagados de cualquier manera con fondos federales. Esa es una posición más extrema que la nuestra".

"Las tarifas son más bajas de lo que anticipamos. Ya hemos visto el caso de California […] El punto de la reforma sanitaria era hacer del cuidado de salud algo accesible. La legalización es para proteger a la personas de deportaciones, integrarlos a la fuerza de trabajo", agregó.

En paralelo en la Cámara de Representantes, el Comité Judicial está considerando diversos proyectos de ley migratorios. Hoy se presentó uno nuevo destinado a fortalecer el control de la inmigración al interior del país. Entre otros puntos, reforzaría el sistema de monitoreo de visas y la política de deportaciones.

Múnoz indico que la Casa Blanca espera que el Congreso considere un proyecto de reforma migratoria antes del receso de agosto.

Cámara baja rechazó detener deportaciones de DREAMers

El ambiente para debatir una reforma migratoria con acceso a la legalización no parece propicio entre los congresistas.

En el debate por el presupuesto 2013 para el Departamento de Seguridad Interna (DHS) la asamblea aprobó ayer jueves una enmienda propuesta por el republicano Steve King (R-TX), la cual le niega fondos al gobierno para implementar la política de discreción en las deportaciones, y si bien el voto fue más simbólico que práctico, obligó a los congresistas a estampar su opinión en el récord legislativo.

Con ello quedó claro que será difícil encontrar el apoyo en el Congreso para un proceso de legalización: 224 legisladores votaron a favor y 201 en contra mientras, 13 no registraron su voto. Respaldaron la propuesta 221 republicanos y 3 demócratas.

El Senado estadounidense aprobará por mayoría abrumadora el proyecto de reforma migratoria para el 4 de julio, pronosticó el domingo el demócrata Chuck Schumer, un legislador que ayudó a negociar la iniciativa de ley bipartidista, mientras los republicanos advirtieron que redactarán su propia versión, una parte a la vez.

Schumer prevé un máximo de 70 votos a favor en la cámara alta, que tiene 100 senadores. El proyecto de ley será enviado al pleno del Senado el 10 de junio.

Sin embargo, incluso si el Senado la aprueba, la propuesta enfrenta pocas perspectivas en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Los representantes están redactando su propio proyecto, enfoque poco sistemático, que podría bloquear el camino hacia la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes que residen en el país sin autorización legal.

"Estamos avanzando porque creemos, de una forma bipartidista, que esto es vital para Estados Unidos, y vamos a tener un buen proyecto de ley", dijo Schumer, comprometiéndose a permitir que sus colegas modifiquen el proyecto de legislación.

No tan rápido, advirtieron los representantes.

"Ese proyecto de ley del Senado no se va a mover en la Cámara (de Representantes)", dijo la republicana Ileana Ros-Lehtinen, representante por Florida.

Durante meses, cuatro senadores demócratas se reunieron con cuatro colegas republicanos a puertas cerradas y desarrollaron una propuesta que busca que se promulguen nuevos controles fronterizos y mecanismos de aplicación de las leyes en los lugares de trabajo.

El proyecto también contempla permitir que decenas de miles de trabajadores ingresen legalmente al país para ocupar trabajos tanto de baja como de alta cualificación y crear un camino de 13 años hacia la ciudadanía para quienes ya viven en Estados Unidos sin autorización legal. El proyecto fue aprobado el mes pasado por la Comisión Judicial del Senado por 13 votos a favor y cinco en contra. Tres republicanos se unieron a la mayoría demócrata.

Sin embargo, los legisladores de la cámara baja han advertido que elaborarán su propia iniciativa, que probablemente incluya partes del plan del Senado, pero de una a una, mientras añaden sus propias prioridades.

"Creemos que es mejor hacerlo con un enfoque paso a paso", dijo el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, republicano por Virginia.

"Vamos a continuar por ese camino, pero aún no se conoce el resultado en términos de la forma final de la legislación", agregó.

Schumer insistió en que la coalición bipartidista de legisladores que analiza la iniciativa sigue avanzando pese a las objeciones presentadas por los representantes republicanos.

Si los republicanos se oponen a una reforma amplia de las leyes migratorias, señaló, será en su propio perjuicio, pues verán a su partido relegarse y volverse minoría durante una generación.

Pronosticó que los votantes castigarán a los legisladores que se interpongan en el camino de una reforma, y consideró que el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, se encuentra en una situación difícil con los sectores conservadores del país.

Schumer habló en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC.

PHOENIX, Arizona.—A Joe Arpaio Una corte federal en Arizona ordenó al controversial sheriff del Condado de Maricopa a suspender sus operativos migratorios al dictaminar que son anticonstitucionales.

El dictamen, emitido el viernes por el juez federal G. Murray Snow, precisa que las disposiciones de Arpaio a sus agentes, en la Oficina del Sheriff sobre asuntos migratorios, violan la cuarta y catorceava enmienda constitucional.

El dictamen se da luego de que cinco residentes hispanos del Condado de Maricopa interpusieran en 2008 una demanda colectiva por violación de derechos civiles, al acusar a los agentes del sheriff de aplicar perfil racial para detener a hispanos e inmigrantes.

El fallo ordena a Arpaio suspender dichos operativos y le prohíbe "detener, retener y arrestar a los ocupantes latinos de un vehículo en el condado de Maricopa con base sólo en la sospecha razonable de que esas personas se encuentran en forma indocumentada en el país".

Inmigrantes y activistas en decenas de ciudades de Estados Unidos saldrán a las calles durante la jornada de protestas del 1 de mayo para exigir la aprobación de una reforma migratoria que priorice la unidad de las familias inmigrantes y una vía rápida a la naturalización.

Los organizadores de las marchas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Phoenix (Arizona) o Birmingham (Alabama) esperan que las concentraciones agrupen a más manifestantes que el año pasado debido al protagonismo del proyecto de ley de reforma migratoria que ha sido presentado en el Congreso. No especificaron cifras claras de cuánta gente esperan, declarando sólo que serían "decenas de miles", con quizás la mayor multitud concentrada en Los Ángeles.

La coalición FIRM (Fair Immigration Reform Movement), con representación en 30 estados, es una de las principales organizadoras de las protestas, foros públicos y concentraciones, junto al sindicato SEIU o el grupo sin ánimo de lucro Mi Familia Vota. Más marchas están planeadas en estados como Florida, Idaho, Nevada, Washington, Texas o Colorado.