El secuestrador abatido en Brasil dijo que quería "entrar a la historia"

William Augusto da Silva tenía 20 años y antecedentes criminales. Esta madrugada capturó un colectivo con 37 pasajeros durante casi 4 horas bajo amenaza de hacer explotar el vehículo.

El secuestrador de un autobús con 37 personas abordo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro que fue abatido este martes por un francotirador de la Policía de élite dijo antes de morir que cometía el acto para "entrar a la historia".

William Augusto da Silva, de 20 años y con antecedentes criminales, secuestró a las 5:26 hora local (8:26 GMT) un autobús que transportaba pasajeros entre el municipio de Sao Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro, y el centro de la capital fluminense.

Durante tres horas y 36 minutos, el joven retuvo a los 36 pasajeros y al conductor del vehículo, aunque en el transcurso de las negociaciones con la Policía liberó de manera individual y con intervalo de tiempo a cuatro mujeres, una de ellas embarazada y que se desmayó, y a dos hombres.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, quien concedió una rueda de prensa después de la acción que terminó con la vida del secuestrador y liberó a los 31 rehenes que estaban todavía dentro del autobús, señaló que da Silva estaba "perturbado mentalmente" y eso no dio tregua para prolongar la negociación de su rendición.

Witzel habló con la madre del secuestrador después del fatal desenlace y, según el gobernador, ella se lamentó por algún "error" cometido en la educación del joven y pidió disculpas a las autoridades y a los rehenes por el incidente provocado por su hijo.

"La asistencia psicológica será no solo para los rehenes, sino también para la familia del joven secuestrador", afirmó Witzel.

De acuerdo con la Policía de Carreteras Federal (PRF, por su sigla en portugués), primera autoridad en acudir al emblemático puente Río-Niteroi, donde el autobús fue atravesado por orden del secuestrado para impedir el tráfico, Da Silva tiene cuatro registros en su ficha de antecedentes judiciales.

BRASILIA,BRASIL.-La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó en vísperas de una decisión del Senado que puede iniciar un juicio con miras a su destitución y separarla del cargo, que está "cansada de los desleales y los traidores, pero no de luchar".

En el que pudo haber sido el último acto público de su mandato, Rousseff animó a las miles de asistentes a una conferencia sobre políticas para las mujeres a "luchar", porque Brasil "también está cansado de los desleales, los traidores y los golpistas".

La respuesta del auditorio fue inmediata, con un coro que gritó "no habrá golpe, habrá lucha", una frase que se ha convertido en un himno en todas las manifestaciones de apoyo a la mandataria.

Rousseff volvió a negar que las maniobras fiscales irregulares que se le atribuyen constituyan un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas para la destitución de un mandatario, y reiteró su tesis de que la democracia brasileña está en riesgo.

"Es un momento muy importante y decisivo para la democracia brasileña" y también para "la historia de este país, que dirá cuánto de violencia contra la mujer y de prejuicio ha habido en todo este proceso ilegal", afirmó.

Según Rousseff, "uno de los componentes de este proceso ha tenido siempre base en el hecho de que sea la primera presidenta electa por el voto popular" en el país, pero "sepan que una parte de mi capacidad de resistir viene del hecho de ser mujer", añadió.

La mandataria, que si se aprueba la instauración del juicio en su contra sería suspendida del ejercicio del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso, reiteró que una renuncia no está en sus planes, porque mientras se mantenga "de pie, con la cabeza erguida, quedará claro que han cometido una enorme injusticia".

Rousseff también volvió a tildar de "conspirador" y "golpista" al vicepresidente, Michel Temer, que la deberá sustituir mientras dure el eventual juicio político y completaría su mandato en caso de que se consume la destitución.

En las que pueden haber sido sus últimas palabras públicas en su mandato, Rousseff reiteró: "Me siendo víctima de una injusticia, pero soy el tipo de víctima luchadora, que no desiste, víctima con conciencia, con capacidad de lucha".

Gobierno hace su útlimo intento por detener el impeachment

La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió este martes a la Corte Suprema la "nulidad" del proceso que mañana puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución.

La demanda, presentada en vísperas de que el Senado defina el futuro de Rousseff, fue dirigida al Supremo por el abogado general José Eduardo Cardozo y reitera los argumentos que la defensa ha esgrimido sin ningún éxito durante los últimos meses.

Uno de los principales apunta a un presunto "desvío de finalidad" cometido en diciembre pasado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la mandataria.

Según la Abogacía General, Cunha actuó por "venganza" debido a que el oficialismo le negó los votos necesarios para impedir que avanzara un proceso interno de la Cámara de Diputados que pudiera costarle el mandato por alegada corrupción.

El documento entregado a la Corte Suprema denuncia esa "inmoral conducta" y sostiene que ese hecho le confiere a todo el proceso una "nulidad de inicio" que pide que sea reconocida por el tribunal.

Entre otros vicios, la demanda cita que muchos de los diputados que aceptaron las denuncias contra Rousseff habían manifestado su posición antes de la votación, lo que no podrían haber hecho pues actuaban como jueces y no como parlamentarios.

También protesta por el hecho de que, una vez que el trámite llegó al Senado y fue analizado por una comisión especial, no se le permitió a la defensa exponer su posición después de que fuera presentado el informe final, que recomendó procesar a Rousseff.

Esa alegación ya había sido formulada por Cardozo y desconocida por el Senado, el cual indicó que la defensa de la mandataria fue escuchada cuatro veces en esta etapa, que sólo se refería a decidir sobre la admisión de las demandas.

Según el Senado y la Cámara de Diputados, Rousseff tendrá todo el derecho a las más amplia defensa en la fase procesal, que comenzará si mañana la Cámara alta se inclina por instaurar el juicio político y, con ello, suspende a la mandataria de su cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.

De acuerdo a fuentes judiciales, la demanda intentada por Cardozo tiene muy pocas probabilidades de ser admitida.

De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, declaró este lunes que, hasta el momento, todo el proceso ha sido realizado dentro del más estricto marco legal, con una supervisión constante de ese tribunal constitucional.